El abogado y diputado del MSTProyecto Sur, Marcelo Parrilli, hizo llegar al despacho de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, la copia de un expediente judicial donde consta que varios efectivos de la Policía Federal fueron damnificados en una causa por estafas. El acusado de cometerlas es un ciudadano chileno, José Eduardo Belmar Barrera, investigado por el Juzgado Criminal Nº 16 de Laura Bruniard, desde febrero pasado. Se trata de un delito que, según el legislador porteño, es conocido como “estafa piramidal en perjuicio de un número indeterminado, pero que puede alcanzar a miles, de cuadros inferiores y medios”, además de parientes y allegados a aquéllos. Así lo expresa en una carta que le envió a Garré y donde concluye que “el personal aludido realizó las supuestas inversiones con Belmar Barrera a partir de ser conducidos al mismo por los altos mandos de la fuerza...”

Desde su casa de Villa Pueyrredón, el imputado les prometía a sus víctimas seductores dividendos cuando recibía sus ahorros. Decía que los invertiría en la Bolsa de Nueva York, les firmaba pagarés como garantía de devolución, pero se quedaba con el dinero o devolvía migajas. Según Parrilli, los sábados, el día en que por lo general recibía a los incautos de uniforme con su dinero, dos patrulleros de la comisaría 47ª cortaban la calle Pareja donde está su residencia. Sostiene además el diputado que allí fueron vistos comisarios generales que, según los estafados, percibían su presencia en el lugar como una garantía para sus operaciones. Del expediente se desprende que Belmar Barrera tiene 54 años y acredita su identidad con un pasaporte chileno, número 6.372.502. También que empezó su actividad como presunto agente financiero en 2005 a través de una compañía denominada International Group, con sede en las Islas Vírgenes. El primero de los policías federales que cayó en sus manos, según consta en la causa 5420/2011, es el cabo de la seccional 47ª Víctor Miguel Sosa. El 16 de febrero de 2007 le entregó 1639 dólares. El suboficial declaró que el negocio pactado “consistía en que el imputado utilizaría el dinero en la Bolsa y a los seis meses aproximadamente, el día 16 de agosto de 2007 (...) podría retirar la suma de U$S 3414...” Además dijo que el chileno le entregó una nota firmada en la cual se indicaban los detalles de la operación con el propósito de “acreditar los ingresos si la División Asuntos Internos de la Policía Federal consultaba sobre ello al dicente”. Un dato más que sugestivo.

Sosa le empezó a reclamar a Belmar Barrera unos 60 mil dólares a partir de 2010 porque las operaciones que le había confiado (hubo una segunda por 9000 pesos) habían arrojado formidables dividendos. Pero sólo consiguió que le devolviera en cuotas de a 500 y 300 dólares una parte infinitamente menor. Por lo que restaba pagarle, escuchó –entre otras– la inverosímil excusa de que “la inundación en Brasil afectaba los negocios” (sic). Fue así que decidió consultar a un abogado y otro damnificado, el cabo 1º Alejandro Sagripanti, lo condujo a Margarita García, la primera persona que contactó a Parrilli para denunciar al chileno. La mujer le había exigido por carta documento la devolución de dos importes por pagarés vencidos el 22 de noviembre de 2010 y el 17 de enero de 2011: 70.578 y 21.784 dólares, respectivamente.

En la causa, García describe que en la calle Pareja 2431 hay “una casa chalet de dos o tres plantas” donde Belmar Barrera vive “con su familia, varias empleadas domésticas y siempre había dos policías en la cuadra. García no es la única mujer que sufrió una estafa. María Visitación Blanco, una española de 68 años, le confió al imputado 15 mil dólares en diciembre de 2009 y recibió a cambio un pagaré de 22.957 dólares que vencía el 10 de julio de 2010. Lo renovó, pero cuando quiso retirar el dinero en febrero de este año, el acusado se excusó de pagarle los 40.608 dólares pactados porque no tenía cómo hacerlo. Durante el mismo mes y en sucesivas oportunidades volvió a la casa de Pareja 2431 y siempre se topó con idéntica respuesta.

De la investigación que instruye la fiscal Ana Cristina Yacobucci surge que el cabo 1º Nazareno Martín Speranza también cayó en la trampa. Con el agregado de que involuntariamente arrastró hacia ella a su madre, Aída Norma Benítez. El su-boficial acudió a Belmar Barrera porque quería comprar una vivienda. Incluso, para invertir en las vagas alternativas bursátiles que le proponía el chileno sacó un crédito en la Mutual de Presidencia de la Nación por intermedio del Banco Ciudad de Buenos Aires. Su ganancia al 17 de marzo pasado debía ascender a 169.479 dólares tras sucesivos pagarés renovados a mano por el imputado. Cuando le reclamó el dinero, recibió como respuesta que Loreto Belmar, otra de las hijas del chileno, poseía un emprendimiento inmobiliario y le dio su tarjeta, que está fotocopiada en el expediente: dice Unidea Desarrollos Inmobiliarios y tiene una dirección, Demaría 4721, piso 11. En Internet difunde emprendimientos en Nordelta. Por esas peculiaridades que arrastran ciertos apellidos, cuando el cabo 1º perdió la esperanza acudió a Parrilli para sumarse a la nómina de los estafados litigantes.

La investigación avanzó en la medida en que empezaron a agruparse los damnificados. El 5 de abril, la fiscal pidió el allanamiento del domicilio de Belmar Barrera. Dos días después, la jueza Bruniard delegó el operativo en la comisaría 47ª, la misma desde la cual, según Parrilli, se enviaban los patrulleros a custodiar las operaciones que hacía el chileno. Cuando se allanó el chalet de la calle Pareja se secuestraron ocho computadoras, entre PC y notebooks. La esposa y los hijos del denunciado reclaman hasta hoy que la Justicia les devuelva cinco de ellas porque, aducen, no son las que se utilizaban para las presuntas estafas. Por orden de Bruniard también se secuestraron varios pagarés: uno firmado en 2007, catorce en 2008, trece en 2009 y doce en 2010.

En la carta que Parrilli le entregó a Garré dice que la comisaría 47ª “tiene prácticamente afectado por estafa a todo su personal” y que “el largo listado de los pagarés secuestrados judicialmente en el domicilio de Belmar Barrera (fojas 129 de la causa aludida) pertenecen casi con exclusividad a personal de la Policía Federal Argentina”. Desde que se difundió boca a boca el caso entre los uniformados, son más los que se animan a denunciar. Los damnificados “se endeudaron a través de préstamos personales contraídos en muchos casos en el Banco Patagonia, la Mutual de Presidencia de la Nación por intermedio del Banco Ciudad de Buenos Aires o la Sociedad Militar Seguro de Vida, consiguiendo así el dinero que entregaron a Belmar Barrera para realizar las supuestas inversiones. Obviamente, lo perdieron todo”, escribió el abogado.

Parrilli sostiene que aportará a la Justicia dos videos filmados en la comisaría 47ª y en la casa del acusado. Las imágenes, según él, corroboran un modus operandi que estaba en pleno conocimiento de las autoridades policiales. Lapidario, el abogado señala en la carta que recibió el Ministerio de Seguridad: “El dominio de esta estafa piramidal que se desarrolla desde el año 2005 y ha perjudicado y perjudica, dado que Belmar Barrera continúa actuando, a miles de integrantes de la Policía Federal Argentina (...) lo ha tenido la jefatura removida de dicha fuerza y continúa teniéndolo la actual, dado que de otra manera no se explica, como dije, que Belmar Barrera siga recaudando dinero”.