El fiscal que investiga la tragedia de Beara –el boliche de Palermo donde murieron dos chicas al derrumbarse un entrepiso, hace un año– amplió ayer el pedido de declaración indagatoria para los socios del local y para cuatro funcionarios, por el delito de pago de coimas para facilitar su habilitación comercial. Entre los imputados está el ex director de Habilitaciones Martín Farrell, quien trabaja en la Procuración General porteña y es aspirante a juez de la Ciudad. Al pedido, el fiscal agregó los nombres del gestor Leandro Camani y del abogado Matías Pantarotto, ambos involucrados en la habilitacion irregular de Beara, e investigados en otra causa por tráfico de influencias y extorsión a comerciantes.

La tragedia se produjo en la madrugada del 10 de septiembre de 2010, cuando el entrepiso del local de avenida Scalabrini Ortiz 1638 cedió provocando la muerte de Ariana Lizarraga y Leticia Provedo. Unas treinta personas resultaron con heridas. Desde entonces, la causa judicial tramita en el juzgado a cargo de Alicia Iermini, pero ahora puede cambiar de manos: ayer, su colega Juan Ramos Padilla se lo reclamó a través de un oficio, con el fin de determinar si es conexo con la causa que él instruye por presunta extorsión.

El fiscal de la causa, Andrés Madrea, ya había pedido la declaración indagatoria de los socios de Beara y de los funcionarios, el 23 de septiembre de 2010, días después del derrumbe fatal. Los acusaba por “estrago doloso por derrumbe de edificio, agravado por haber causado la muerte de dos personas”. Pero la jueza Iermini convocó solo a los empresarios, en mayo último. Por una apelación de la fiscalía, la causa estuvo hasta ahora en la Cámara de Apelaciones.

Después de una serie de allanamientos y de analizar el material almacenado en computadoras secuestradas en Beara y en el local Caramel (Complejo Mole) –ubicado justo al lado del anterior– y que pertenece a la misma sociedad, el fiscal decidió incorporar la figura de cohecho. Es que en el domicilio de uno de los socios, Madrea encontró pistas de lo que sería el pago de coimas a los funcionarios: un “presupuesto financiero” que, en el ítem “permisos”, destina 114.600 pesos como gasto en “papeles habilitación + abono”, según consta en la solicitud de indagatorias, a la que accedió Página/12. Los cálculos del fiscal, con el tipo de cambio de enero de 2010 a 3,82 pesos por dólar, arroja la suma exacta de 30 mil dólares.

Ese dato se suma a lo encontrado en un disco rígido secuestrado en Beara luego del derrumbe, en el documento “Presupuesto económico financiero scalabrini” donde se registra el aporte de esa misma suma por parte de Iván Fliess. En el mismo disco otro archivo titulado “Habilitación al 14 de enero” se detecta en una lista detallada del derrotero del negocio la frase “todas las cometas que haya que pagar, si llega a haber un adicional” (sic). En un tercer archivo creado después de la tragedia, aparecen los mismos imputados “proyectando otro negocio del mismo ramo y rubro, donde presupuestan “habilitación 20.000 dólares”.

Para imputar a los funcionarios, el fiscal llegó a la conclusión de que permitieron la habilitación de Beara como “casa de fiestas privadas” a sabiendas de que esa figura encubría su actividad como “local bailable clase C” o lugar para “shows musicales en vivo”. Los funcionarios habían sido advertidos por la directora de Verificaciones, Vanesa Berkowski, de que no debían otorgar la habilitación.

Los funcionarios imputados, además de Farrell, son el entonces director de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas; el ex jefe del Departamento Esparcimiento, Norberto Cassano, el ex inspector Carlos Mustapich y el arquitecto Isaac Rasdolsky, el profesional a cargo de la verificación para la habilitación (PVH).

Los socios de Beara involucrados son Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Robeto Kattan Coria, Iván Fliess, Ronaldo Fliess. A esa nómina, el fiscal agregó los nombres de Matías Pantarotto, abogado de Beara y de Caramel, encargado de tramitar las habilitaciones, y del gestor Leandro Camani, pareja de la ex mediática Samantha Farjat. Ambos aparecen en las escuchas telefónicas ordenadas por el juez Ramos Padilla en la causa por presunta extorsión como vinculados a la habilitación de Beara.

El fiscal, en su pedido de indagatoria, llega a la conclusión de que existió cohecho a partir del siguiente razonamiento: si los empresarios se beneficiaron con la habilitación, ¿cuál fue el beneficio de los funcionarios? A partir de esa pregunta, encontró las sospechosas anotaciones de cifras en dólares.

Al margen de estos pedidos, la causa avanzó muy poco en un año. Ahora, el juez Ramos Padilla pidió el expediente para saber si hay conexidad con su investigación. “En principio parecería que existe conexidad objetiva, ya que ambos magistrados en definitiva investigamos el funcionamiento de la Agencia Gubernamental de Control en hechos de similares características”, argumentó Ramos Padilla al pedir la causa.