El gobierno porteño encontró la manera de vaciar las flamantes Comunas de la Ciudad en el tema que más le importa, el de los presupuestos para obras públicas. Donde la Ley de Comunas disuelve los actuales Centros de Gestión y Participación Comunitaria, y deja sin mayores funciones a su órgano responsable, la Subsecretaría de Atención Ciudadana, un decreto de Mauricio Macri crea las Unidades de Atención Ciudadana. La lectura atenta del decreto indica que las Unidades son simplemente los CGPC con el nombre cambiado. De esta manera, la subsecretaría y su jefe directo, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, pueden seguir manejando fondos de un modo discrecional y aplicarlos a tareas que “piden los vecinos”.

El sistema de comunas nació por decreto en 1998, cuando se ordenó la “progresiva descentralización” de las funciones del gobierno porteño. Esto se tradujo en la creación de dieciséis Centros de Gestión y Participación, que luego fueron reducidos a 15 y renombrados con el agregado de “Comunitaria”. Se suponía que el sistema de CGP sería reemplazado por el de Comunas con autoridades electas democráticamente a partir de 2007, pero fue recién en octubre de 2009 que la Legislatura sancionó la Ley 3233, creando el sistema y poniendo fecha para sus elecciones. El 9 de noviembre de ese mismo año, la ley fue promulgada por el Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial. Este año se votó a comuneros por primera vez.

Pero aunque preveía excelentes resultados en las elecciones de este año, el macrismo decidió vaciar el nuevo sistema antes de que naciera. Lo hizo el 8 de julio, el viernes anterior a que se votara, con el decreto 376, que supuestamente regula la transición entre el sistema actual, centralizado y con CGPC, y el que arranca el 10 de diciembre, con Comunas electas. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el 8 de agosto, cuando ya se conocían los resultados electorales. Curiosamente, su texto no menciona ni a las Comunas ni a los Centros hoy en funcionamiento, sino que simplemente crea una nueva estructura con 18 Unidades de Atención Ciudadana. Las atribuciones de estas Unidades son indistinguibles de las de los Centros, se superponen a las de las Comunas y hasta crean tres nuevas divisiones territoriales, algo explícitamente vedado por la Ley de Comunas.

Este invento político hasta mereció un amparo presentado ante la Justicia porteña por 35 legisladores y comuneros electos del Frente para la Victoria. El pedido afirma que, si bien “es indudable que el jefe de Gobierno tiene atribuciones para establecer la estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia”, no puede hacerlo “soslayando” el rango cons-

titucional de las Comunas. “Las Unidades no tienen sentido, son inconstitucionales y vacían de funciones a los CGPC y las Comunas”, explicó Juan Cabandié, presidente del bloque kirchnerista de la Legislatura y el diputado porteño que presentó el amparo. “Esto también significa duplicar estructuras y duplicar los gastos de gestión.”

Lo que dice la ley

La ley de 2009 que crea el sistema de Comunas para Buenos Aires indica claramente lo que el Ejecutivo porteño no puede hacer, en términos casi redactados para rechazar las flamantes Unidades. Así, el jefe de Gobierno tiene que “abstenerse de emitir o producir actos que signifiquen intromisión o menoscabo de las funciones de competencia exclusiva de las Comunas”. Hasta hay un inciso que ordena “adecuar la presentación de proyectos de ley, de concesiones y de uso o transferencia de servicios” al nuevo sistema.

Las Comunas fueron creadas para descentralizar los servicios de la Ciudad y recibir las “competencias centralizadas” del gobierno porteño, a modo de un federalismo urbano. El cambio hasta ordena adaptar los padrones electorales y los límites formales –o, en otros términos, las competencias– en que se divide la ciudad. Las Comunas hasta tienen la capacidad, una vez terminada “la transición”, de compartir con el Ejecutivo “la prestación de servicios públicos y el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna”. Esto incluye “la evaluación de demandas y necesidades sociales” y “la participación en la planificación y el control de servicios”.

Lo que dice el decreto

De hecho, la Jefatura de Gabinete y su Subsecretaría de Atención Ciudadana, que se encarga de los CGPC, está perfectamente al tanto de estos poderes. Tanto, que hace dos años creó una interpretación de la Ley de Comunas que le permitiría hacer obras públicas “por pedido de los vecinos”, como se detalla en nota aparte. Esta interpretación fue presentada por escrito ante la Defensoría del Pueblo porteño en 2009, cuando el defensor adjunto Gerardo Gómez Coronado le preguntó a la entonces subsecretaria Gladys Esther González con qué poderes hacía licitaciones y contratos para remodelar plazoletas y repavimentar veredas, y por qué sus obras resultaban tan caras. Según González, los CGP podían atender pedidos ciudadanos y hacer obras, como lo iban a hacer las Comunas a partir de 2011.

Tal vez porque le tomaron el gusto al manejo de estos fondos desde las oficinas de Rodríguez Larreta, se decidió este año crear un sistema paralelo a las Comunas. Hizo falta crear otro nombre, Unidades, ya que queda en claro por ley que los CGPC no pueden seguir existiendo como tales. El decreto 376 arranca con intenciones realmente loables como “mejorar la calidad de la atención brindada al vecino” y “optimizar la gestión de servicios a cargo del Poder Ejecutivo”. El problema comienza al decirse que “es necesario generar las estructuras que permitan perfeccionar la concreción de los compromisos asumidos con los vecinos de la Ciudad, a través de órganos cuya responsabilidad primaria consista en coordinar la prestación de servicios cuya competencia exclusiva se encuentra a cargo de otros ministerios y organismos”.

Como destacaron los amparistas del FpV, estos órganos ya existen, se llaman Comunas y tienen rango constitucional porteño. Aquí es donde resulta notable que el decreto no mencione a estas entidades electas, lo que deja en claro que la intención no es crear una entidad provisoria de interface con estas autoridades descentralizadas, sino vaciarlas de poderes concretos. De hecho, el segundo anexo del decreto detalla los poderes de las Unidades de Atención Ciudadana en términos casi idénticos a los que ya tienen los CGPC. Como explica Gabriela Castillo, comunera electa por Recoleta, “no podemos permitir que nos recorten las competencias que nos corresponden como representantes electos por el voto popular”.

Reemplazar el sistema actual, centralizado, por uno con quince administraciones barriales electas es una construcción política que puede ser complicada. Por eso se prevé en la ley la creación del Consejo de Coordinación Intercomunal, para “entender sobre la planificación de las competencias”. Muy concreta, la ley ordena al Consejo “acordar el contenido de las jurisdicciones comunales dentro del proyecto de Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Ciudad, a partir de los anteproyectos presupuestarios comunales participativamente elaborados”. Esta descentralización del poder de decidir nada menos que dónde gastar los fondos públicos es justamente lo que el Ejecutivo está resistiendo al crear las Unidades.