Antes de comenzar su segundo mandato, Mauricio Macri decidió sacarse de encima un tema que molesta a la industria de la construcción. En apenas diez días, el bloque del PRO en la Legislatura porteña tomó dos iniciativas particularmente agresivas contra la legislación que protege el patrimonio edificado de Buenos Aires y frena las demoliciones. Débil y contradictoria como es, esta legislación ya está afectando la plena libertad con que se demolía en la ciudad. Este viernes, los diputados oficialistas que revistan en la Comisión de Planeamiento legislativa montaron una suerte de comedia de errores para evitar que se renueve la ley 3056. Lo hicieron hasta trampeando en los horarios para evitar que la oposición estuviera siquiera presente en la reunión de comisión.

La ley que irrita al macrismo nació hace cuatro años como una salida de compromiso a la naciente crisis por el patrimonio edificado porteño. Recién asumido, el macrismo se encontró en diciembre de 2007 con una movilización cada vez más evidente sobre el tema. La solución, propuesta por la entonces diputada Teresa de Anchorena, fue crear un régimen especial, por un año y en una zona parcial de la ciudad, que obligaba a un trámite especial a la hora de demoler cualquier cosa anterior a 1941.

Al año siguiente hubo que renovar la ley, que fue extendida a toda la Ciudad, acto que se repitió sin sobresaltos cada año. Hasta comenzó a considerarse tradicional que la renovación de la ley, cada año con un número diferente, quedara siempre para la maratónica sesión final del período ordinario. En lo que va del mes, Página/12 había recibido varias seguridades de que el trámite nuevamente sería rutinario.

Resulta difícil exagerar la importancia de la ley 3056, que funciona en definitiva como el único freno posible a la destrucción “por ventanilla” del patrimonio porteño. Bajo su amparo, todo pedido de demolición de edificios construidos hasta 1940 inclusive tiene que ser girado al Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, una entidad que –como indica su nombre– tenía ante la plácida tarea de asesorar el ministro de Planificación Urbana en esos temas. Pero el Consejo recibió el poder de vetar las demoliciones, caso en el que el expediente debe ir a la Legislatura para que se vote su catalogación o se lo descarte y pueda ser demolido.

El Consejo nunca se destacó por su rigor, sigue funcionando dentro de un ministerio porteño muy afín a la industria de la construcción y está lleno de funcionarios que obedecen al macrismo. Pero su mera existencia frenó la demolición de cientos de edificios y creó dudas donde antes se sabía que cualquier pieza del patrimonio porteño podía ser destruida sin más. Si la ley no se renueva, el Consejo pierde sus poderes y la situación revierte a 2007, cuando se demolía libremente.

Para que los diputados traten con su voto un proyecto de ley, éste tiene que pasar por un trámite previo. En este caso, debe ser tratado en dos comisiones, la de Planeamiento y la de Cultura. Este viernes tocaba a Planeamiento verlo en su temario del día, y ahí comenzaron las cosas raras. La primera fue un cambio de horario que hizo que la reunión coincidiera con otras ya programadas. Los miembros de la oposición avisaron que llegarían tarde porque los esperaban en la reunión de Presupuesto. Puntualmente, llegaron los miembros por el PRO, con Christian Ritondo a la cabeza y, por fuerza de número, con quórum propio. En la reunión había representantes de Basta de Demoler, Proteger Barracas, Protocomuna Caballito y otros grupos barriales y hasta estaba Anchorena. Los macristas firmaron varios proyectos a tratar, incluyendo el que crea una zona de amortiguación en San Telmo para que no tengan que coexistir torres y casas coloniales. Y súbitamente, en un movimiento coordinado, se levantaron y se fueron, dejando sin firmar el crucial proyecto de renovación de la ley. Sólo el saliente Patricio Di Stefano, que preside la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, se animó a firmarla.

Los vecinos no salían de su asombro y los diputados opositores, cuando llegaron finalmente, no podían contener su furia. Sergio Abrevaya, Eduardo Epzsteyn y Juan Cabandié reclamaron a la presidenta de la comisión, Silvina Pedreira, por la evidente trampa. Pedreira se negó a reabrir el debate, mientras la directora de la comisión, Bárbara Rossen, comentaba abiertamente su acuerdo con “tumbar” una ley “que no me gusta”.

La salida de Ritondo y los suyos no fue discreta, por los vecinos que lo rodeaban. Uno de ellos, con cierta relación con uno de los macristas, le preguntó por qué hacían algo así en lugar de debatir y buscar los votos. “Porque lo ordena Macri –fue la dura respuesta–, se quiere sacar el tema de encima.”

Quienes presenciaron la chicana macrista no pudieron evitar relacionarla con la presentación, el jueves 17, de un proyecto de ley que descabeza de hecho otra comisión dedicada al patrimonio. En este caso fue el turno de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural, un ente mixto del Ejecutivo y el Legislativo que tiene asiento en el CAAP y que en los dos últimos años se transformó en una molestia por sus reclamos ante las irregularidades con que se permiten demoliciones. Una tradición es que, ya que el Ejecutivo nombra a miembros obviamente oficialistas para esta comisión, su secretaría general queda para la oposición, ejercida hasta fin de año por la kirchnerista Mónica Capano.

Hace diez días, el macrista Di Stefano presentó un proyecto para nombrar a su propio jefe de asesores como nuevo secretario general y a otros tres macristas como vocales y suplentes. El proyecto iba a ser votado este jueves, pero tuvo que ser pospuesto por la oposición de las asociaciones patrimonialistas y la mala recepción que tuvo la idea hasta en el mismo PRO.