A pesar del rechazo de organismos de derechos humanos, asociaciones civiles y figuras del derecho como el juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, a la madrugada de ayer el Senado incorporó dos modificaciones al Código Penal argentino para cumplir con exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), controlado por Estados Unidos. El Frente para la Victoria, con el apoyo de algunos aliados, alcanzó los 39 votos a favor y la oposición en su conjunto sumó 22 en contra de la denominada ley antiterrorista. Las modificaciones para impedir el lavado de dinero, en cambio, contaron con mayor respaldo: 47 votos a favor y 15 en contra.

La modificación del artículo 41 del Código Penal fue el punto central de un encendido debate en el Senado, a pesar de las más de diez horas que había insumido el tratamiento del Presupuesto nacional y el Estatuto del Peón Rural. El senador radical Ernesto Sanz y la peronista disidente Sonia Escudero hicieron las críticas más profundas de este artículo, en el que se establece el siguiente agravante: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.

En Diputados, ante los cuestionamientos realizados a este artículo, la semana pasada se incorporó otro párrafo, con el cual se trató de reparar la ambigüedad del texto. Se estableció que las agravantes “no se aplicarán cuando él o los derechos que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Ese agregado fue calificado como “superficial” por organismos de derechos humanos como el CELS, mientras que el juez Zaffaroni aseguró que “la Argentina está extorsionada por este organismo (el GAFI) que se ocupa de garantizar que el lavado de dinero se haga solamente en el Hemisferio Norte”.

En el recinto, el senador radical reconoció que en estos años el kirchnerismo nunca “criminalizó la protesta social”, pero consideró que la redacción del texto puede prestarse en el futuro para una interpretación criminalizante, ya que la deja librada al “arbitrio de la autoridad” de turno. “Se pretende disimular un problema de gestión con esta suerte de sobreactuación legislativa, que genera problemas de tipicidad penal y del principio de legalidad”, sentenció Sanz, muy crítico con el accionar de los jueces.

El peronismo disidente apuntó además de las cuestiones técnicas, consideraciones de fuerte impacto político: “Me preocupa la banalización del terrorismo, o sea que cualquier cosa sea terrorista. Por ejemplo, un violador o un asesino serial, como aterroriza a la población, ¿entonces es terrorista y le duplico la pena? ¿Es eso lo que nos pide el GAFI? Ya lo dijo el señor Sbatella: si las corridas bancarias son hechas para aterrorizar a la población son terroristas. Las consultoras que miden la inflación y aterrorizan a la población, ¿son terroristas? ¿La tapa de un diario será terrorista?”, disparó la salteña Escudero.

Rubén Giustiniani, del Frente Amplio Progresista, calificó de “paradójico” que la Argentina, un país a la cabeza en materia de derechos humanos, apruebe una ley que significa “un grave retroceso”. Recordó, además, que en Chile se utilizó recientemente la legislación antiterrorista promovida por el GAFI “para criminalizar las protestas de la comunidad mapuche”. “Esta ley significa un grave riesgo y habilita una persecución penal contra las personas y organizaciones que luchan por la reivindicación de derechos”, concluyó el socialista.

Desde el oficialismo defendieron la medida el titular de la Comisión de Justicia, Pedro Guastavino, y de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes. Ambos remarcaron la necesidad de cumplir con las exigencias del GAFI, hicieron hincapié en el agregado incorporado en Diputados y recordaron tres actos terroristas sufridos en el país: el bombardeo a la Plaza de Mayo y los atentados en la Embajada de Israel y la AMIA. En un encendido discurso, Fuentes planteó “el dilema del legislador”, que pretende ser miembro pleno del GAFI pero no estar condicionado cultural o geopolíticamente en la tipificación del delito de terrorismo. “Hay suficientes garantías en nuestra estructura jurídica, en nuestro orden constitucional y en lo que conforma el cuadro de jurisprudencia para interpretar la norma en el alcance real que tiene”, concluyó Fuentes.