Oficialistas y opositores comenzaron a delinear las propuestas legislativas que impulsarán este año en ambas Cámaras del Congreso. Para el kirchnerismo, la prioridad será la agenda que provenga del Ejecutivo y ya avanza con la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, así como la Declaración de Ushuaia sobre Malvinas que sellaron todos los bloques parlamentarios en Tierra del Fuego, mientras espera que el Gobierno gire una batería de temas sociales y económicos, que incluiría a YPF. En tanto, la oposición comparte algunas iniciativas, como la universalización por ley de la Asignación por Hijo y la suba del mínimo del Impuesto a las Ganancias, pero también impulsan proyectos diferentes. La UCR quiere la creación de una bicameral para monitorear la “crisis energética”; el FAP propone una reforma impositiva integral y promueve la reactivación de la producción militar para “disuadir” la postura colonialista británica en Malvinas. El peronismo disidente se prepara para resistir una reforma constitucional, mientras el PRO insistirá con las leyes que consoliden la autonomía porteña, la CC con el 82 por ciento móvil para jubilados y Proyecto Sur con la creación de una empresa ferroviaria estatal.

“Nuestra agenda es la del Gobierno, para eso somos el oficialismo”, suelen repetir desde la bancada K de diputados y senadores. Con la confianza de ser la mayoría parlamentaria en ambas Cámaras, el Frente para la Victoria se alista para impulsar los proyectos del Ejecutivo, aunque tampoco dejará de dar batalla a las iniciativas que promoverán desde la oposición. El titular de Diputados, Julián Domínguez, quiere imprimirle un funcionamiento dinámico a la Cámara, propone un fluido trabajo de comisiones y sesionar al menos dos veces al mes.

Esta semana convocará a un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas para comenzar a tratar la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que anunció la Presidenta en la apertura de las sesiones ordinarias e ingresó a la Cámara baja por la noche del mismo 1º de marzo. El oficialismo se propone llevarlo al recinto en la primera quincena de este mes.

La Comisión de Presupuesto está presidida por el ex viceministro de Economía Roberto Feletti y la de Finanzas por el aliado Carlos Heller (Nuevo Encuentro), que vio en la Asamblea Legislativa cómo CFK le bajó el pulgar a su proyecto de sancionar una nueva ley de entidades financieras. Aunque el banquero cooperativista no se mostró molesto: “La propuesta de la Presidenta de modificar la Carta Orgánica del BCRA va en el mismo sentido de lo que nosotros proponíamos”, afirmó.

El oficialismo acelerará la sanción en ambas Cámaras de la llamada Declaración de Ushuaia, donde se ratifica la soberanía sobre Malvinas y se reclama al Reino Unido que cumpla las resoluciones de las Naciones Unidas, que fue rubricada por todos los bloques parlamentarios en Tierra del Fuego.

También espera que el Gobierno envíe una batería de temas sociales y económicos, en donde no se descarta que se incluya alguna propuesta sobre el futuro de YPF, cuyo paquete accionario está en manos de la petrolera española Repsol y del grupo argentino Eskenazi. Las expectativas de un anuncio presidencial sobre este tema no se concretaron ante la Asamblea Legislativa, aunque CFK no dejó pasar la oportunidad para criticar duramente la caída de la producción de hidrocarburos.

Tras el recambio legislativo y las sesiones extraordinarias de diciembre, el Gobierno logró sancionar casi todos los proyectos que tenía pendientes, entre los que se incluían el Presupuesto 2012, la prórroga de leyes de emergencia económica y de algunos impuestos, así como la ley que pone límites a la extranjerización de la tierra. Sólo quedaron en carpeta la ley de fertilización asistida y sobre trata de personas, pero en el oficialismo consideran que estos temas estarán incluidos en el nuevo Código Civil y Comercial que la Presidenta prometió enviar este año al Congreso.

Agenda opositora

La oposición comparte algunas iniciativas comunes, como ratificar por ley la Asignación por Hijo, extender su universalidad y garantizar la movilidad de su remuneración económica. Así como la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que reclaman desde todas las centrales sindicales. Todos admiten que la posibilidad de que estos proyectos prosperen dependerá de algún tipo de acuerdo con el oficialismo. Las distintas bancadas opositoras establecieron distintas prioridades. La UCR propondrá una nueva ley de hidrocarburos y está dispuesta a “evaluar la nacionalización de YPF o la creación de una nueva empresa”. Aunque primero insistirá con la “creación de una Agencia Federal Energética (AFE) que atienda las políticas de petróleo, gas y biocombustibles nacionales”, con control parlamentario. Mientras elabora algo parecido para “monitorear” la actividad minera, también insistirá con las leyes de fertilización asistida y de adopción, sin esperar a ver si estarán comprendidas en el nuevo Código Civil que el Gobierno enviará al Congreso.

En el Frente Amplio Progresista buscan amalgamar iniciativas. Desde el PS y el GEN insisten en una “profunda reforma tributaria” de la que participen académicos y referentes sociales para “sentar las bases de un sistema impositivo más justo”. “No se puede analizar la minería sólo desde la perspectiva ambiental, si no también desde los recursos que genera la extracción minera”, argumentan. “Establecer cómo se generan los recursos –explican– sería el paso previo a la creación de un nuevo equilibrio federal que no dependa solamente de la coparticipación.”

Desde la Unidad Popular y Libres del Sur también impulsan el acuerdo sellado por los candidatos porteños del FAP. Allí hay propuestas más puntuales, como una ley que establezca y garantice la libertad sindical, restituir las contribuciones patronales para las grandes empresas a los mismos niveles del ’93 y las creaciones de bicamerales para analizar la deuda pública y las exenciones impositivas. Aunque la más audaz propone incrementar la producción del complejo civil y militar para “aumentar la capacidad disuasiva en el frente militar” de la Argentina frente al esquema colonialista británico en Malvinas (ver aparte).

Desde el interbloque de los peronistas federales que comanda el mendocino Enrique Thomas aparece la reforma constitucional, para adelantarse a una hipotética propuesta que lance el Gobierno. Los otros ejes son medio ambiente y minería, producción agropecuaria e industrial, donde ya elaboran un proyecto “para terminar con la crisis de la ganadería”; Malvinas y medios de comunicación, aunque sobre este último punto no adelantaron propuestas.

El macrismo hará centro en proyectos vinculados con la autonomía porteña, como el traspaso “con recursos económicos” de todos los fueros judiciales. Además de la creación de una “oficina de presupuesto” nacional que permita el control parlamentario de su ejecución; el acceso a la información pública, la implementación de la boleta única en las elecciones nacionales y una ley nacional de arbitraje sobre temas judiciales.

La Coalición Cívica trabaja sobre una base de 14 propuestas que tendrán como bandera la aplicación del 82 por ciento móvil para jubilados y pensionados, una reforma previsional e impositiva integral, igualdad de género y transparencia pública. Además de una veintena de proyectos personales que la propia Elisa Carrió presentará esta semana.

La reducida bancada de Proyecto Sur enarbolará las propuestas de Pino Solanas sobre la investigación de la deuda externa y la sanción económica a las empresas que colaboren con la explotación ictícola y de hidrocarburos que el Reino Unido desarrolla en Malvinas. Pero tendrá como prioridades la rescisión de las concesiones ferroviarias y la creación de una empresa estatal que retome el control de los ferrocarriles.