En la provincia de Buenos Aires no hay políticas públicas articuladas para asistir a víctimas de violencia de género y las medidas implementadas tienen “partida presupuestaria, recursos profesionales y materiales insuficientes”. Esta es la primera conclusión de un crítico informe de la Defensoría del Pueblo de la provincia sobre el tema, que se presentó ayer en el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El diagnóstico fue elaborado por el Observatorio de Violencia de Género del organismo y señala, entre otros cuestionamientos, que las acciones se centran básicamente en la recepción de denuncias –a través del 911 o de las comisarías de la Mujer y la Familia– y en la atención de la “urgencia”, pero no hay asistencia y seguimiento a las mujeres que piden ayuda. La intervención judicial, además, es muy deficiente. No existen estadísticas judiciales que permitan tener una magnitud de la violencia de género: ni siquiera se puede determinar del total de homicidios, violaciones y lesiones cuántas víctimas han sido mujeres.

“Los centros de recepción de denuncias especializados (en el ámbito judicial) no han sido creados. Se observa la inexistencia de estrategias de intervención para casos de violencia que tengan en cuenta la especificidad en la recopilación y valoración de la prueba. No existen criterios comunes entre los fiscales respecto del modo de instruir causas de violencia intrafamiliar u otros tipos de violencia en los que resultaren víctimas una mujer o una niña. Existen importantes falencias en el modo en el que se tramitan las denuncias por hechos de violencia. Se observa una gran cantidad de causas archivadas por hechos de violencia que este defensor entiende que correspondería ser analizado. Asimismo, son significativas las falencias en el control del dictado de medidas preventivas por parte de los operadores judiciales y funcionarios públicos”, enumera el informe, firmado por el defensor Carlos Eduardo Bonicatto.

“Es una visión crítica, pero con un sentido constructivo”, sintetizó ayer Bonicatto. Entre el público estuvo la directora de Políticas de Género del Ministerio de Desarrollo Social provincial, Liliana Tedesco.

El informe comprende un relevamiento de las medidas implementadas por el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo respecto de la violencia de género. Incluye además una serie de conclusiones y lineamientos generales hacia donde deberían dirigirse las políticas en esta materia. 

“A partir de este diagnóstico se ha definido una serie de instancias de intervención por parte del Observatorio y recomendaciones a cada uno de los ministerios que realizará, a partir de una resolución, el defensor del Pueblo, Carlos Bonicatto”, adelantó a Página/12 Laurana Malacalza, una de las autoras del relevamiento, y coordinadora del Observatorio. Malacalza advirtió, por otra parte, que “la información producida por el Ejecutivo y la Justicia es muy poca, con graves deficiencias de registro y sistematización, así que hemos hecho un enorme esfuerzo para realizar este primer diagnóstico general”.

Hay dos ejes de la política pública provincial que la Defensoría destaca como auspiciosos: por un lado, “una mayor visibilidad de la temática, especialmente en la creación de organismos especializados” y, por el otro, “una mayor transversalidad en las políticas públicas”, y un incremento de “la participación de la sociedad civil en el tratamiento de la problemática”. Aunque “las políticas públicas provinciales se caracterizan por derivar a los ámbitos locales la atención de las víctimas de violencia”, pero “sin su fortalecimiento”, advirtió Malacalza.

Puntualmente, 24 distritos del conurbano tienen “mesas locales” en las que articulan organismos públicos, instituciones y ONG, con el objetivo de dar respuesta a situaciones de violencia de género. Supuestamente esas “mesas locales” deben recibir fondos provinciales para casos de emergencia –es un fondo de 1000 pesos que se va renovando–, pero según precisó ayer a Página/12 Marisú Devoto, directora de la Fundación Propuesta, a cargo de la gestión de los fondos de la “mesa local” de Lomas de Zamora, desde diciembre el gobierno de Daniel Scioli no les gira el dinero. Y hace casi tres años, precisó Devoto, no se renuevan subsidios a una serie de ONG que, como Fundación Propuesta, atienden a las mujeres víctimas de violencia que deriva el propio gobierno provincial a través del 911. Una crítica que hizo la Defensoría es que no se han sumado a las “mesas locales” los jueces de paz, que son los que tienen que dictar medidas de exclusión del hogar o protección, en casos de violencia doméstica, a pesar de que su incorporación se viene reclamado a la Suprema Corte de Justicia provincial hace tiempo.