La designación de Daniel Reposo como nuevo procurador general, en lugar de Esteban Righi, se convirtió en uno de los desafíos más difíciles para el kirchnerismo en la Cámara alta. A diferencia de otros nombramientos, el oficialismo necesita el voto de dos tercios de los senadores presentes para aprobarlo. Si hay asistencia perfecta (algo poco frecuente), se requerirían 48 votos sobre 72. Pero desde la oposición, la UCR, la Coalición Cívica y el FAP ya anticiparon su rechazo, por lo que el jefe de la bancada, Miguel Pichetto, necesitará otros aliados además de sus socios habituales. De todas maneras, el mecanismo de designación del procurador, decretado por el ex presidente Néstor Kirchner, establece un trámite largo antes de que llegue el pliego al Senado, por lo que fuentes parlamentarias estimaban que se trataría en el recinto recién a mediados de mayo.

El secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, le avisó ayer a Pichetto que hoy se accionará el mecanismo formal para la designación de Reposo. El trámite será como lo marca el decreto 588, firmado por Kirchner en 2003, que establece el mismo procedimiento que el utilizado para designar a un miembro de la Corte Suprema. Luego de la publicación en el Boletín Oficial y en dos diarios nacionales, se abrirá un plazo de 15 días hábiles para que particulares, colegios profesionales y otras asociaciones vinculadas con la Justicia hagan sus observaciones sobre el candidato propuesto. El Ministerio de Justicia podrá realizar en ese plazo audiencias públicas y Reposo tendrá que presentar una declaración jurada, además se informará de su situación ante la AFIP.

Una vez cumplida esa etapa, el Ejecutivo tiene 30 días para elevar el pliego al Senado, que en la sesión inmediata posterior le dará ingreso y giro a la Comisión de Acuerdos. A los siete días de aprobado el dictamen en esa comisión, pasará finalmente al pleno de la Cámara.

“Esto recién empieza”, señalaron en el bloque oficialista, no sólo por el tema de los plazos, sino por la expectativa respecto de los dos tercios. En este contexto, el Frente para la Victoria tuvo ayer una reunión de bloque de la que participó el vicepresidente Amado Boudou. Sin entrar en detalles, Boudou ratificó que no hizo gestiones para favorecer a Ciccone y recibió el respaldo unánime de la bancada, que emitió un categórico documento: “Es vergonzoso el ataque mediático, político y judicial al que está siendo sometido Boudou” (ver página 10).

Es con ese piso con el que cuenta Pichetto, al que buscará sumarle los cinco aliados regulares del kirchnerismo: la peronista Roxana Latorre, los dos fueguinos de Nuevo Encuentro, el neuquino Horacio Lores y el ex presidente Carlos Menem. Otros legisladores con los que intentará conversar el kirchnerismo son los peronistas pampeanos Carlos Verna y María Higonet; el porteño Samuel Cabanchik y los correntinos José Roldán (radical disidente) y la liberal Josefina Meabe. “Vamos a hablar con todos los que tengamos que hablar. La oposición tiene que permitirle al Ejecutivo designar un procurador, no es un órgano de control”, señalaron fuentes del bloque K, que dejaban entrever cierta preocupación por la misión.

Con la adhesión de todos ellos alcanzarían 43 votos, cinco debajo de los necesarios con la asistencia perfecta. La variable de algunos senadores ausentes es otra de las herramientas que baraja el oficialismo. En ese contexto, será decisiva la postura de los nueve integrantes del PJ disidente, encabezado por los ex gobernadores Adolfo Rodríguez Saá y Juan Carlos Romero, que se reunirán hoy para analizar la situación.

Los que ya adelantaron su negativa son los 14 senadores radicales, los cuatro del FAP y María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica. “Con la designación de Reposo, queda en evidencia la voluntad del Gobierno de sostener a cualquier costo a Boudou y garantizar su impunidad”, dijo Jaime Linares del FAP. “Esta propuesta apunta a nombrar a un funcionario que discipline a jueces y fiscales en la Argentina”, sentenció Luis Naidenoff, jefe del bloque radical. La UCR sostuvo que Reposo tiene tres causas penales y por otro lado insistió con la idea de crear una comisión investigadora del caso Ciccone, que ya fue rechazada por el kirchnerismo.

La última vez que el FpV logró los dos tercios para nombrar un funcionario fue en 2004. Los necesitó en 2009, para reemplazar a Eduardo Mondino en la Defensoría del Pueblo, pero el cargo sigue aún vacante. Habrá que esperar para saber si el lugar de Righi, ocupado temporalmente por el procurador fiscal Luis González Warcalde, seguirá así por unas semanas o se extenderá indefinidamente.