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Los niveles de pobreza siguen siendo significativos, la informalidad laboral alcanza a un tercio de la población y aún persisten importantes bolsones de desigualdad. El déficit habitacional es agudo, un porcentaje de la población no accede a infraestructura básica de servicios esenciales y todavía existen sustanciales brechas educativas según estratos socioeconómicos. El desempleo y el subempleo involucran al 14,5 por ciento de la población económicamente activa, el regresivo Impuesto al Valor Agregado se ubica en un elevado 21 por ciento y las jubilaciones mínimas son insuficientes. Este marco general convive con años donde han avanzando indicadores sociales, económicos y laborales, mejoraron las condiciones materiales de los trabajadores y a la vez se revirtió la tendencia negativa en la distribución del ingreso, ganando posiciones los sectores postergados por décadas. Esto significa que pese a la recomposición de la situación sociolaboral aún se mantienen rasgos estructurales de profunda desigualdad.

En el espacio de disputa política, algunos enfatizan la primera parte de ese cuadro, que la oposición con legitimidad señala, y otros destacan la segunda parte, que lo hace el Gobierno también con legitimidad para mostrar logros de su gestión. El escenario socioeconómico tiene la suficiente complejidad como para no poder reducirlo a esquemas analíticos binarios. Esas posiciones enfrentadas generan acalorados debates. Unos pueden estar más o menos de acuerdo con una u otra perspectiva. Pero la discusión sobre el impuesto a los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia, conocido como Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría, ha alterado ese choque de ideas. La ha conmovido porque quienes critican el deterioro del panorama social y empleo y reclaman iniciativas transformadoras para repartir mejor la riqueza se movilizaron y protestaron para eliminar ese tributo, o subir el mínimo no imponible, que hoy alcanza a apenas el 8 por ciento del total de los ocupados, y al 19 por ciento de los trabajadores registrados.

La renta financiera está exenta del Impuesto a las Ganancias. Los ingresos de los jueces no están gravados. La ganancia de capital tampoco está alcanzada por el impuesto. Las mineras preservan un esquema tributario privilegiado. La alícuota del IVA es muy alta y todavía no se dispuso su exención para, al menos, el consumo con la tarjeta de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos. El aspecto más desconcertante de la protesta es que la existencia de todas esas inequidades tributarias, que el Gobierno mantiene, ha sido el principal argumento para proponer una medida que tornaría más regresivo el sistema impositivo. O sea, si el régimen es injusto, habría que eliminar entonces sus contornos progresivos para equilibrarlo hacia lo malo del sistema. Todo dicho levantando la bandera de pelea por una mejor distribución del ingreso.

Un documento de estudio que está en preparación por un grupo de investigadores del Conicet, liderado por el economista Demian Panigo, evalúa en términos de reparto de riqueza la propuesta gremial de eliminación del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia y también del tope de 5200 pesos para asignaciones familiares. Las conclusiones preliminares de esa investigación brindan resultados sustanciales para medir con rigurosidad el impacto sobre la distribución del ingreso del reclamo sindical, que ha estado acompañado por la denominada centroizquierda y una fracción de la izquierda.

El avance de la investigación arroja los siguientes resultados:

Si se eliminara el Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría, el Estado dejaría de recaudar unos 21.000 millones de pesos en el año. Monto calculado según la Encuesta Permanente de Hogares, sin incluir a la población rural. Por lo tanto, esa suma sería un piso.

Estos 21.000 millones de pesos quedarían casi en su totalidad en manos de la población que ocupa el primer decil de ingresos. O sea, el grupo que integra el 10 por ciento que más gana en la estructura de ingresos totales.

El 98 por ciento de esos recursos pasaría a bolsillos del primer decil de ingresos.

Ese reparto de dinero tendría como saldo que aumentaría un 11 por ciento la desigualdad medida por brecha de ingresos, y casi 2 puntos porcentuales más en el Coeficiente de Gini.

En otras palabras, para los tres deciles de ingresos más bajos, es decir, los más pobres, esa reforma no los beneficiaría en nada. No recibirían ni un peso adicional a sus magros ingresos.

Gustavo Arballo desarrolló en su blog “Saber leyes no es saber derecho” varios ejemplos para mostrar cómo impactaría la suba del mínimo no imponible entre los trabajadores alcanzados por el tributo según la escala de ingresos. El resultado es que favorecería proporcionalmente más a los trabajadores de más altos ingresos. “El impacto es regresivo –el impuesto en su todo sigue siendo progresivo–, pero el beneficio resultante del aumento favorece a los que más ganan”, asegura. Dice que no representaría una ventaja perceptible para los que ganen de 6000 a 10.000 pesos, en el caso soltero sin hijos que tiene menos deducciones para hacer y, por lo tanto, es el más exigente. Para casados con dos hijos, el beneficio sería mínimo.

Respecto de las asignaciones familiares que perciben los asalariados registrados, un reciente informe de Cifra-CTA destaca que entre 2008 y 2011, los salarios registrados crecieron por encima del nivel de aumento de precios (Cifra no toma en cuenta el IPC Indec, sino el IPC-7 provincias) pero, al mismo tiempo, no se actualizaron en la misma magnitud los montos salariales que marcan los límites para cobrar asignaciones familiares. La mejora del salario real junto a esa desactualización ha llevado a que haya disminuido el porcentaje de asalariados que percibe la asignación familiar por hijo del régimen contributivo. El informe no menciona que una parte de esos trabajadores pasaron a deducir de la base imponible del impuesto a las ganancias la carga por hijos, lo que implica indirectamente la cobertura de la asignación familiar. Los trabajadores que quedaron sin asignación familiar por hijo son los que cobran 5201 pesos hasta el monto del mínimo no imponible, de soltero o casado. Ese espacio nebuloso debe ser abordado por el Gobierno, además del aumento del monto de las asignaciones, tanto del régimen general como de la AUH.

El estudio de esos investigadores del Conicet incluyó también la evaluación de la propuesta gremial de eliminar el tope de 5200 pesos de salario para asignaciones familiares. El resultado de esa medida sería que la Anses tendría un costo de 2500 millones de pesos, y más del 50 por ciento de eso monto sería redistribuido en los primeros tres deciles (30 por ciento) de la estructura de ingresos.

La eliminación del Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría y del tope de 5200 pesos para asignaciones familiares implicaría una merma de recursos del Estado de por lo menos 24.000 millones de pesos. El 90 por ciento de esos fondos se destinaría a los estratos de altos ingresos. “Equivalen a dos presupuestos anuales de Asignación Universal por Hijos”, calculó el equipo de Panigo. Dividiendo los ingresos por mes y por persona en cada familia del país, la propuesta gremial significaría un aumento promedio de 21 centavos para cada trabajador de bajos ingresos y más de 155 pesos para cada uno de altos ingresos. En el debate sobre progresividad del sistema tributario y distribución de la riqueza, ese proyecto se considera regresivo.

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