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Para comenzar por los apasionantes detalles secundarios: mientras el gobierno nacional y los principales medios estimaron la concurrencia entre 25 y 50 mil personas, los organizadores no bajaron de 100 mil. Hugo Moyano aduce que si la jornada fue normal en casi todos los lugares de trabajo es porque sólo se trató de un paro de Camioneros. Desde el gobierno se señala que tanto el cartel que ostentaba el palco al comenzar la concentración como los textos leídos por el locutor identificaban como organizadora a la Confederación General de Trabajo. En estos términos estrechos, lo más significativo es que con el máximo empeño, en el momento de mayor tensión con el gobierno y en vísperas del Congreso Confederal que decidirá su destino, Moyano pudo garantizar un paro de Camioneros, llenar media plaza histórica y derramar manifestantes por las diagonales y la Avenida de Mayo en aval de consignas contra el gobierno más popular en seis décadas. Ni más, ni menos.

Río revuelto

Si sólo su gremio paró es porque Moyano no pudo atraer a nadie más a esa confrontación con la presidente cuyo segundo mandato fue plebiscitado con el 55,4 por ciento de los votos (no el 54 por ciento como en forma unánime recorta la prensa de oposición). La asistencia fue entre cinco y veinte veces menor que la que el propio Moyano atrajo hace quince meses para reclamar la reelección de Cristina. A medida que fue acelerando el curso de colisión, se fueron bajando del camión quienes no compartían el propósito de estrellarlo contra las rejas de la Casa de Gobierno, incluyendo a sus compañeros en el ex MTA, a los de la Federación del Transporte e incluso a varios de sus íntimos de entonces y de ahora, hasta llegar a disidencias con algunos hombres que forman parte de la propia identidad de Moyano, como su abogado laboralista Héctor Recalde y sus asociados en la CGT, Juan Carlos Schmid y Omar Plaini, quienes sin abdicar de los reclamos sindicales han mantenido contacto fluido y permanente con distintos sectores del gobierno en busca de un avenimiento. Hace diez días Schmid escribió: “Cristina Kirchner y Hugo Moyano son dos líderes fuertes. Juntos suman; divididos, no se sabe. Una fractura entre el gobierno y los trabajadores es un contrasentido”. El y Plaini inspiraron el comunicado previo al paro, en el que la CGT analizó la posibilidad de levantarlo (¿cómo podría haberlo hecho si la medida hubiera sido sólo de Camioneros?) y se declaró parte del proyecto nacional que conduce Cristina, una ratificación incompatible con la insultante logorrea televisiva de Moyano y su primogénito Pablo. Otro hijo del camionero, el diputado del Frente para la Victoria Facundo Moyano, solicitó que se retirara de la plaza un grupo de caceroleros de pro, el sector de la sociedad al que su padre viene cortejando en el circuito de conferencias de las universidades privadas más prósperas. Otra contradicción irresuelta impidió que participaran junto a Moyano la fracción de la CTA que inspira el diputado del FAP Víctor De Gennaro y el sector de la Federación Agraria que responde a su directivo Eduardo Buzzi. Moyano admitió en el discurso que las perspectivas para su reelección son parvas. Lo dijo con una frase (“preferimos perder con dignidad que ganar con vergüenza”) reminiscente de la que un antecesor en su cargo, Raimundo Ongaro, pronunció en 1968, cuando la dictadura del general Juan Onganía desconoció a la conducción elegida por la central obrera: “Más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra”. Basta recordar que la otra consigna de esa CGT de los Argentinos fue “Unirse desde abajo, organizarse combatiendo”, para advertir el laberinto en que se atascó Moyano. Tal vez no termine de darse cuenta; al fin y al cabo uno de sus conceptos más reiterados es que el Poder Ejecutivo se comporta como una dictadura. A modo de síntesis: en términos cuantitativos Moyano no es menos que colectivos tan diversos como la paleoizquierda, la Mesa de Enlace de las Cámaras Patronales Agropecuarias o el movimiento en defensa de los derechos humanos, que en distintos momentos también han colmado esa u otras plazas. Además, es tan nítido el carácter obrero de sus seguidores incondicionales como el objetivo de Moyano de incidir en el Congreso de la CGT que sesionará en once días más.

El nudo conceptual

Pero todo lo anterior es una mera aproximación. El martes, Cristina explicó el rol que cumple el Estado en la regulación de la economía y la distribución del ingreso y la necesidad de financiarlo con la recaudación. También suministró datos precisos de la AFIP acerca del porcentaje de los trabajadores que son alcanzados por el objetado impuesto a las ganancias: 19 por ciento de los que tienen empleo formal (o el 11,5 por ciento de todos los trabajadores). Dicho de un modo más directo, sólo pagan ese impuesto uno de cada diez trabajadores. Al día siguiente, este razonado argumento obtuvo una respuesta impresionista de Moyano. Se refirió al camionero Humberto Aníbal Chazarreta, quien en camino a la concentración le había mostrado su recibo de sueldo a Pablo Moyano. Entrevistado por Clarín, Chazarreta explicó que era una persona normal a la que le descontaban fortunas. “La AFIP me come el ojo. Yo no tengo nada que ver con Moyano, ni con el Gobierno, ni con nada. Yo quiero la que es mía. La que trabajé. Eso quiero.” Ese es también el razonamiento implícito en las posiciones de Moyano, quien dijo en la plaza que el crecimiento económico de los últimos años se debió a “la tendencia favorable que tuvimos en la economía global”. Esta afirmación, vecina a las de la Sociedad Rural durante otra sublevación anti-fiscal en 2008, que atribuía toda mejora a la producción agrícola, no se sostiene en los datos reales y desconoce las decisiones de política económica que hicieron del consumo interno y de la inversión pública los motores del crecimiento, con los subsidios que recordó la presidente el martes (al transporte, la luz, el gas, el agua, el combustible); con el incremento bianual de las jubilaciones y pensiones y la duplicación del número de personas que las perciben; con los salarios que, según el informe del departamento de estadísticas laborales de Estados Unidos de diciembre pasado, fueron en la Argentina los que más aumentaron en el mundo en el bienio 2009-2010, lo cual quiere decir que le ganaron a la inflación; con los créditos a tasa negativa para jubilados que CFK anunció ese mismo día; con la ayuda de la Nación a provincias que no administran bien sus propios recursos, como Buenos Aires bajo el gobierno de Daniel Scioli. Antes de encargarle al ministro de Economía Hernán Lorenzino que auditara las cuentas bonaerenses, Cristina le había indicado al gobernador que debía procurarse los fondos necesarios allí donde están. Ese fue el debate de mayo, cuando Scioli se resistió todo lo que pudo a mejorar el aporte del impuesto inmobiliario rural a los ingresos provinciales, que no pasaba del 2 por ciento del total. Es mucho más fácil pedir auxilio a la Nación, un juego que esta semana se clausuró sin apelación, aunque será sustituido por un subproducto: echarle la culpa al gobierno nacional por las falencias propias, en forma más sutil que antes porque no habrá tanto presupuesto para pagar operaciones. Entre una dictadura afortunada y un gobierno democrático que ha gestionado a favor de los trabajadores, con políticas activas a contramano de las que rigen en la mayor parte del mundo, media un abismo conceptual. No hay forma de que Moyano y Cristina se entiendan y eso no depende de sus respectivas personalidades. Recalde, Plaini y Facundo Moyano creen que pese a sus errores el camionero es el sindicalista que mejor defiende los intereses de los trabajadores pero que, al mismo tiempo, no hay opción más conveniente y viable que este gobierno. En un intento de conciliación, estos tres diputados sindicales del Frente para la Victoria presentaron el jueves dos proyectos de ley: uno modifica la ley del impuesto a las ganancias, que pasaría a llamarse a los ingresos personales; el otro crea un Fondo Empresario Solidario para ayudar a los trabajadores de micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES), que padezcan suspensiones o reducciones de jornada. El primer proyecto eleva el mínimo no imponible de la cuarta categoría, es decir los trabajadores asalariados, compensa la recaudación que se perdería con una escala más progresiva (menor presión para los ingresos medios y mayor para los altos), y crea nuevos gravámenes a los dividendos distribuidos por las empresas (lo cual debería fomentar su reinversión), a la remisión de utilidades al exterior y a los activos financieros y aumenta las alícuotas a la minería y a los juegos de azar. Ningún funcionario público quedaría exento, dice el proyecto, que de este modo extiende la imposición a los jueces. El Fondo Empresario Solidario, financiado con un impuesto a las Ganancias de todas las empresas que superen el 12 por ciento de sus ingresos, sería administrado por una comisión tripartita, estatal, empresarial y sindical.

Intereses extrasindicales

La idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo sólo es aplicable en los dilemas de vida o muerte. Y por más cultores conscientes o no que tenga la teología política de Carl Schmitt, su validez en la Argentina de hoy no pasa de una expresión de deseos de algunos. Por ejemplo, pese a los coqueteos de la UCR con Moyano, nadie ha hecho más por desnudar sus intereses extrasindicales que el presidente radical de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy. La calidad y orientación de su trabajo en la AGN no han oscilado según los vaivenes de la relación entre el kirchnerismo y el Secretario General de la CGT. Por lo menos desde 2006 ha producido informes críticos para el líder de los choferes pesados. Por ejemplo:

- El subsidio al gasoil. La Resolución 82, de 2006, cuestionó la falta de controles en el otorgamiento de subsidios por 1600 millones de pesos a empresas y sindicatos de transportes en el período 2002/2004, que la Secretaría de Transporte otorgó con recursos del fondo fiduciario del gasoil. Según la Auditoría, la obra social de Camioneros recibió un anticipo de 17 millones de pesos para realizar exámenes psicofísicos a los conductores, pero rindió cuentas por la mitad.

- La Administración de Programas Especiales. La Resolución 30 aprobada por la AGN en marzo de este año señala graves debilidades, desvíos, deficiencias, incumplimientos e irregularidades en el otorgamiento de subsidios a las obras sociales sindicales durante la gestión de dos funcionarios designados por indicación de Moyano en la Administración de Programas Especiales: el yerno de su esposa, Cristian Asorey, quien era coordinador del sistema informático, y su ex asesor legal Daniel Colombo Russell, quien fue la máxima autoridad de la APE hasta abril del año pasado. Durante la sesión de la Auditoría en la que se aprobó el informe, Despouy dijo que fue necesaria la intervención de la Justicia para que pudieran acceder a la documentación requerida a la APE y denunció penalmente al yerno Asorey porque “exhibió ostentosamente material confidencial de la Auditoría no tramitado oficialmente”. El auditado había conseguido infiltrar al auditor y se jactaba de ello. Según el informe de la AGN, está pendiente de rendición o recupero el 57 por ciento de los subsidios otorgados entre 1999 y 2010, por un importe de 690 millones de pesos. El 65 por ciento de estos fondos sin respaldo se concentra entre diez obras sociales. Las principales son las de Gastronómicos, Camioneros, Comercio, Personal Civil de la Nación y Bancarios, es decir todas las líneas internas sindicales. Como hay más de 25.000 expedientes atrasados resulta imposible detectar extravíos. En el 73 por ciento de los que analizó la Auditoría, la APE aconsejó aprobar la rendición de cuentas aunque faltaba la documentación que mostrara cómo se usaron los fondos. Los laboratorios no certificaron la legitimidad de una cuarta parte de los troqueles auditados, y en un 4 por ciento tampoco eran auténticas las facturas que acompañaban los troqueles. También se verificaron más de un centenar de beneficiarios que cobraron aunque habían fallecido antes de presentar la solicitud. En 2009 la APE ordenó pagar más de 10.000 expedientes en trámite cuando faltaban instancias de análisis para determinar sumas ciertas o “peor aún, que finalmente no se les reconoció monto alguno y se archivaron”. Estas irregularidades no sólo afectan la transparencia y eficiencia de la gestión, lo cual compromete el manejo de fondos públicos, sino también “el derecho a la salud de los beneficiarios de las obras sociales”, lo cual es mucho más grave. Despouy informó al cuerpo de auditores de pagos realizados a prestadores no inscriptos o con habilitación vencida, lo cual pone en duda “la autenticidad de los medicamentos entregados”. Agregó que se hallaron certificados médicos emitidos por “presuntos profesionales a los que no se pudo verificar la matrícula y firma”. En el caso de Camioneros, la Fundación de Hemofilia certificó que se usaron 71 envases de un medicamento, pero fueron pagados 86 troqueles. La proveedora de los medicamentos, Droguería Urbana, “no está inscripta en el Registro Nacional de Prestadores a cargo de la Superintendencia ni en el registro a cargo de la ANMAT”. Sus directivos fueron detenidos por la Justicia.

- A buen puerto vas por agua. La Resolución 45, de abril de este año, cuestiona el uso que se da a 15 hectáreas entregadas a la Federación de Camioneros y las empresas BACTSA y TRP en terrenos fiscales del puerto. El permiso de uso por diez años se otorgó para la construcción de un Centro de Transporte Multimodal sobre un área de relleno a ganar al río, operación que Camioneros comisionó al denominado Instituto Verificador de Transporte (IVETRA), con la misión de manejar la logística del predio, recibir los camiones, incorporarlos a una base de datos, controlar la calidad del transporte y ordenar el tránsito para que sea fluido, sin colas ni demoras. La AGN destaca que “la Federación de Camioneros comienza a pagar el canon a la Administración General de Puertos una vez finalizadas las inversiones en obras o a los tres años de iniciado el contrato; no obstante, el cobro del Certificado (17 dólares por camión) se efectiviza desde el inicio del contrato”. En la creación de IVETRA, en 2007, participó el ingeniero Oscar Vecslir, quien luego fue designado al frente de la Administración General de Puertos que debe controlarla. En IVETRA cuyos ingresos llegan a unos 12 millones de dólares al año, aparecen dos hombres de extrema confianza de Moyano: su abogado penalista, el ex juez Daniel Llermanos y el director suplente por Camioneros en el ferrocarril Belgrano Cargas, Gustavo “El Turco” Elías. La Auditoría afirma que (al margen del gran negocio que constituye) el proyecto contradice los lineamientos del Plan Maestro del Puerto: lejos de disminuir la congestión de tránsito, la incrementaría, porque su ubicación en el Relleno Norte genera viajes adicionales de camiones, alarga sus recorridos y mezcla diversos usos del suelo. Además, un tercio de la superficie concedida no se destina a las actividades específicas del puerto. Despouy dijo al presentar este informe que esperaba que la Justicia investigara, el Congreso (del que depende la AGN) discutiera el tema y el Poder Ejecutivo adoptara medidas. Por lo pronto, esta última rama del poder está escarbando en las cuentas bancarias de la familia Moyano y de empresas vinculadas.