Representantes de organismos de derechos humanos le solicitaron al Estado nacional que tome medidas para evitar fugas entre los represores sospechados de cometer delitos de lesa humanidad. En un documento conjunto, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), H.I.J.O.S. y de la agrupación Kaos le pidieron a la Comisión Interpoderes –integrada por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de la Procuración General– “la adopción de las medidas pertinentes, en el ámbito de su competencia, para reducir las posibilidades de que estas situaciones se repitan”.

En el informe que presentaron, los organismos consideraron la existencia de algunos inconvenientes en los procesos de juzgamiento de miembros retirados y ex miembros de las Fuerzas Armadas sospechados de haber participado en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura que se tradujeron en “repetidas evasiones de la Justicia”. Según la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de la Causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, son 71 los represores que se encuentran prófugos. Las exigencias que conlleva el documento tienen que ver con “decisiones que involucran a dos de los tres poderes: el Ejecutivo y Judicial”, dijo a este diario el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud: aplicación de justicia y decisión política.

Los casos del represor Eduardo Alfonso, acusado de participar en el asesinato de Antonio García y en el secuestro de su mujer embarazada, en 1977, y que salió del país dos días antes de que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anulara su sobreseimiento; o del ex policía Juan Miguel Wolk, quien se fugó mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, fueron algunos de los que los organismos consideraron útiles para ejemplificar, ante la Comisión Interpoderes, su aseveración de que “ciertos aspectos relevantes que entrañan el juzgamiento de estos crímenes fueron desatendidos, o bien con el propio avance de los procesos se fueron detectando nuevos problemas”.

Son dos, básicamente, las “graves deficiencias” que exigen atender: los regímenes de arresto domiciliario con que la Justicia benefició a algunos imputados por delitos de lesa humanidad, y las decisiones judiciales que revierten la libertad de otros. En cuanto al primero, los organismos reclamaron “la adopción de las medidas pertinentes para establecer mecanismos de control regulares” sobre tal herramienta de la Justicia y destacaron como “experiencias positivas” la verificación del cumplimiento del arresto domiciliario por medio de “visitas sorpresivas” y periódicas de secretarios y personal de los tribunales o por el Patronato de Liberados “hasta tanto se adopten mecanismos estables y consistentes de control”.

El segundo inconveniente apunta a “la revocación de decisiones jurisdiccionales sobre el fondo de los hechos sometidos a proceso, como la falta de mérito, el sobreseimiento o la absolución, o bien la revocación de decisiones que versan específicamente sobre medidas cautelares, como la revisión de excarcelaciones o arresto domiciliario”. Según apuntaron los organismos, “las reglas procesales (...) otorgan certeza a los imputados acerca de en qué momento puede dictarse una medida restrictiva de su libertad personal, restándole la cuota de ‘sorpresa’ necesaria que toda medida de ese tipo requiere para no perder eficacia”.

Además de incentivar a los miembros de la comisión creada por la Corte Suprema a posar su atención en aquellos dos puntos, los representantes de los organismos que firmaron el documento (la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto; Marta Vázquez, de Madres Línea Fundadora; el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier; Enrique Pastor, en representación de H.I.J.O.S.; y Rodolfo Yanzón, de Kaos) propusieron algunas posibles soluciones, como la comunicación de las decisiones revocatorias de la libertad, sobreseimientos o absoluciones al juzgado de instrucción o tribunal oral a cargo del imputado “antes de que las partes sepan de qué se va a tratar, como para que la Justicia tenga más tiempo de actuar”, mencionó Iud. También deslizaron, como otra de las posibilidades, la prohibición de la salida del país a los imputados mientras las causas a decisión desvinculatoria no se encuentren firmes.

Por su parte, la Procuración General elaboró un instructivo para que los fiscales profundicen su comunicación con autoridades migratorias con el objetivo de reducir las posibilidades de que los imputados bajo detención domiciliaria –no sólo aquellos condenados por delitos de lesa humanidad– se fuguen del país. El documento se basó en el informe de la Unidad Fiscal sobre la cantidad de condenados por violar los derechos humanos que están prófugos, el mismo que utilizaron los organismos de derechos humanos en el documento que enviaron a la Comisión Interpoderes.