Hace unos meses, tres mujeres se reunieron en el patio de una casa de Ledesma. De pronto, una se puso a hablar sobre la noche que caminó hasta el puesto de Gendarmería para preguntarles por su hermano. En ese momento la encerraron. Estuvo ahí hasta el otro día. Todavía se acuerda de los trailers que a la madrugada estacionaron en la puerta del puesto para cargar a los que estaban adentro. Alguien le preguntó a qué trailers se refería, ella dijo “de los mismos que vimos pasar hace un rato”: los trailers del Ingenio Ledesma.

El empresario Pedro Blaquier no escuchará hoy este relato porque aquella mujer todavía sigue en silencio por el miedo. A las 8.30 de la mañana, cuando empiece su dificultoso trámite de indagatoria en el Consejo de la Magistratura, la Justicia federal de Jujuy le preguntará en cambio por dos expedientes: los secuestros del 24 de marzo de 1976, que tiene al ex intendente Luis Arédez entre las víctimas, y treinta víctimas de los secuestros masivos de la Noche del Apagón, de julio de ese mismo año, entre los que hay seis desaparecidos. El presidente del Ingenio Ledesma será indagado en los dos casos por la hipótesis de su intervención en la violación de domicilios, secuestros y tormentos. En la causa de la Noche del Apagón, sin embargo, será interrogado, además por el presunto delito de homicidio.

Blaquier va a declarar vía Internet, conectado con el juzgado de Jujuy. El juez federal Fernando Poviña aceptó un pedido de ampliación de indagatoria por cada uno de esos cargos que presentó el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, quien consideró que Blaquier “debería quedar detenido hoy mismo”, tras su indagatoria.

Aunque las condiciones de su declaración cambiaron y el presidente del poderoso Ingenio Ledesma consiguió declarar en Buenos Aires, las voces de los organismos de derechos humanos que esperaron estas indagatorias en Jujuy durante años volverán a escucharse en Buenos Aires. Varias organizaciones mantendrán una vigilia durante toda la mañana en la plaza de los Tribunales de Talcahuano, frente al edificio del Consejo, donde se llevará a cabo la indagatoria.

“Durante los operativos se secuestró a gran cantidad de habitantes del departamento Ledesma –dice la presentación del fiscal–, habiéndose usado para ello vehículos de la Empresa Ledesma SAAI.” Los operativos –agregó– lo hicieron “de manera conjunta personal de la policía de la provincia, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y personal de la ya mencionada empresa Ledesma”.

Según los datos que figuran en el requerimiento, a la mayoría de las víctimas las trasladaron desde sus casas hasta puestos transitorios de la policía de Calilegua y de Libertador San Martín y a la sede de la Gendarmería, ubicados estos últimos en territorio de Ledesma. Los “vehículos” de la compañía volvieron a aparecer más tarde en los traslados de los prisioneros al centro clandestino de Guerrero y en desplazamientos posteriores a unidades penitenciarias de Jujuy.

La defensa de Blaquier discute en este punto el eje del transporte. Sostiene que no hay datos sobre la participación de los vehículos y que sólo se trata de pocos testimonios, con información etérea de alguna de las víctimas. Algo de esa misma lógica de la negación volvieron a usar sus abogados en estos últimos días, cuando el viernes pasado en una entrevista en la Radio Universidad de Jujuy respondieron que los informes de inteligencia que elaboró Ledesma en 2005 en torno de la marcha del apagón eran solamente “crónicas elaboradas con recortes periodísticos”.

Para la fiscalía, las pruebas están indicando a esta altura de la investigación y de modo provisorio que Blaquier tuvo una participación en la trama penal de los crímenes de la dictadura. La acusación, sin embargo, no significa que se le impute una ejecución directa, por ejemplo, en el caso de los homicidios. Y nadie piensa que haya matado de mano propia a las víctimas. Como dice una fuente de la Unidad de Coordinación de las causas de lesa humanidad de la Procuración, “se lo supone como parte de un sistema en el que cada pieza es necesaria para que se lleve a cabo el delito”. Como en el caso de una banda que secuestra a una persona y la persona termina asesinada: cada persona cumple una función; uno secuestra, otro retiene y finalmente otro lo ejecuta, pero todas son piezas necesarias para el crimen.

La llamada “causa Arédez” tiene cinco víctimas, secuestradas de sus casas la madrugada del 24 de marzo de 1976 por personal del ejército y de la policía. Eran Luis Arédez, Ramón Luis Bueno, Antonio Fillio y Omar Claudio Gainza. La quinta fue Carlos Alberto Melían, que no estaba en su casa, pero lo secuestraron finalmente el 9 de abril. En los operativos se usaron “vehículos de la empresa Ledesma SAAI, en los que también se trasladó a los nombrados”, dice la presentación de la fiscalía. Las víctimas estuvieron en el penal de Villa Gorriti, que desde el golpe funcionó con lógica de centro clandestino. Recibieron torturas, les derramaron agua caliente sobre el cuerpo y latigazos en las zonas íntimas en el trayecto a los baños. El 7 de octubre de 1976 los llevaron a la Unidad 9 de La Plata.

Todos fueron liberados en distintos momentos, pero a Arédez lo volvieron a secuestrar. Lo soltaron el 5 de marzo de 1977 y lo secuestraron de nuevo el 13 de mayo de ese año, en la Ruta 34, cuando volvía del Hospital Escolástico Zegada de Fraile Pintado. Según la causa, Arédez fue interceptado por otro vehículo y desde entonces permanece desaparecido.

Por esta causa, Blaquier será indagado por secuestros y tormentos. La Unidad Fiscal, a cargo de Jorge Auat, sugirió que podía ser indagado además por el homicidio de Arédez. Para la Unidad existe “una línea de continuidad” entre el primero y el segundo secuestro, porque los entiende como parte del mismo hecho. Aunque en el segundo secuestro no aparezcan datos de la intervención de Ledesma como los hay en el primero, esa lectura permitiría construir la relación. Un sobreviviente ya declaró que cuando Arédez estuvo secuestrado con él en el primer período, el ex intendente le dijo que quien lo levantó fue una persona ligada a la empresa: Juan de la Cruz Kairuz, policía y técnico del Club Atlético Ledesma, un equipo de la compañía. Ese nombre volvió a aparecer en la causa unos treinta días después del segundo escenario del secuestro: esta vez, “el 11 de junio de 1977, (cuando) la vivienda de la familia Arédez fue invadida por personal del ejército a cuyo mando se encontraba Kairuz, vestido de civil e impartiendo órdenes, llevándose documentos y libros”, recuerda la Unidad. De momento, el juzgado no lo indagará por homicidio.

La otra causa son treinta víctimas de la Noche del Apagón. Los secuestros se produjeron entre el 20 y el 23 de julio de 1976 en Ledesma, y seis personas permanecen desaparecidas. Son Tomás Córdoba, los hermanos Miguel Angel y Horacio Garnica, Jhonny Vargas Orozco, Salvador Cruz y Román Patricio Rivero. Blaquier será indagado en esos casos por violación de domicilio, privación ilegal de la libertad y tormentos, pero además por los homicidios.