Tras un segundo día de maratónicas negociaciones en la Justicia por el paro del subte, entró en juego el factor imprevisible. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que decidió no hacer paro –a diferencia de los metrodelegados– con el argumento de que así ayudaba al diálogo, pateó el tablero cuando todos estaban cerca de un acuerdo. Los dirigentes del sindicato se negaron a dar el aval a una propuesta de la jueza Patricia López Vergara para usar los subsidios enviados por el gobierno nacional para el pago de los salarios, habilitando de esta manera las paritarias. Con este rechazo, las negociaciones volvieron a cero. La situación es paradójica, porque la UTA, sin hacer paro, terminó definiendo la continuación del conflicto: al no haber una solución, los metrodelegados decidieron extender su medida de fuerza por 24 horas más. Así, por quinto día consecutivo, la Ciudad hoy no tendrá subtes.

Para dar una idea de lo enredada que es la situación, se podría empezar por decir que en el juzgado hubo otra vez siete horas de negociaciones. En el arranque, algunas señales alentaron expectativas de un acuerdo. Metrovías, por ejemplo, mandó a la audiencia a cuatro de sus principales directivos, lo que dio la idea de que la concesionaria tenía voluntad de encontrar una salida. Además, el macrismo mandó a la audiencia al presidente de la Sbase (la empresa estatal de subterráneos porteña), Juan Pablo Piccardo, que el lunes ni se había acercado al tribunal.

Y de hecho, las partes lograron avanzar en un posible esquema de solución al conflicto, hasta que la UTA dio el portazo. A las 21, la propia jueza López Vergara confirmó que el acuerdo había quedado en la nada.

–¿Qué sucedió? –le preguntó Página/12

–La UTA no se avino a lo que más o menos habíamos consensuado.

–¿Con qué argumento?

–No hubo argumentos –dijo la jueza.

“He tenido que habilitar empleados para que trabajaran todas las horas que se necesitó estos dos días. Bienvenido si con eso solucionábamos el problema de la gente, pero el sindicato tomó esta postura. Incluso tenían que volver tras un cuarto intermedio y llamaron para avisar que no iban a venir. De mínima, es una falta de respeto al tribunal”, agregó la jueza, tratando de contenerse.

Según relataron otros participantes de las audiencias, la propuesta que se analizó en el juzgado fue la de que se habilitara el uso del dinero enviado por la Nación para los subtes –que está depositado en un fondo fiduciario, que Macri no quiere usar para no dar por aceptada la red– y ponerle a ese dinero un administrador judicial para destinarlo exclusivamente al pago de salarios.

Los subsidios se van a terminar en diciembre, pero el planteo permitía una salida para habilitar la paritaria de este año. Ni Metrovías ni el gobierno porteño podían oponerse a la medida. Sin embargo, el acuerdo de la UTA era imprescindible, porque es el sindicato con personería gremial en el subte, es decir el único habilitado para discutir salarios. Su aval era necesario para poder ir a la paritaria.

En la audiencia participaron, además de los ya mencionados, la legisladora porteña María José Lubertino –que presentó el pedido de amparo por el cual fue abierta esta instancia judicial–, el titular de la AGTSyP Roberto Pianelli, el delegado de la UTA Cristian Gerónimo y el procurador porteño Julio Conte Grand.

Los metrodelegados reclaman un aumento salarial del 28 por ciento, mientras que la empresa argumenta que no puede iniciar una negociación de este tipo sin contar con un respaldo del Estado. Por el contrato de concesión, cualquier suba en sus costos por encima del 6 por ciento la habilita a pedir una compensación económica a través de subsidios o de un aumento en la tarifa. En las audiencias, Metrovías argumentó que tiene un déficit de 230 millones, que se agravó –aseguró la empresa– cuando el macrismo aumentó el precio del boleto, ya que en lugar de recaudar más la empresa resultó perjudicada por una drástica caída en la cantidad de usuarios que viajan en subterráneo.

Desde la AGTSyP, Pianelli responsabilizó a Metrovías y al gobierno porteño por la extensión del conflicto. “Existen varias llaves para solucionar el tema, aunque nadie las pone sobre la mesa –se quejó–. El gobierno porteño afirma que tomó cartas en el asunto, pero debería intimar a Metrovías para que realice mantenimiento.” A su vez, el secretario adjunto del gremio, Néstor Segovia, cuestionó al jefe de Gobierno porteño por haber aumentado el boleto del subterráneo a 2,50 pesos y “no hacerse cargo” de ese servicio de transporte. “Así como benefició a Metrovías con ese incremento, debería hacerlo con los trabajadores discutiendo paritarias.”

El macrismo, a su vez, dejó en claro que sólo reconocerá a la UTA como el sindicato con el que negociar. El jefe de Gobierno porteño acusó a los metrodelegados de actuar amparados por el gobierno nacional y en la misma línea, el titular de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Juan Pablo Piccardo, aseguró que en el conflicto “Metrovías es la responsable porque es la empleadora” y aclaró que “no hay posibilidad de una conciliación obligatoria porque los delegados no tienen representación gremial”.