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El Gobierno dio a conocer lo que piensa hacer el 7 de diciembre, si el multimedios Clarín no adecua su patrimonio a lo que dispone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA). Lo divulgó mediante un spot publicitario. Martín Sabbatella guarda prudente silencio hasta que venza el período de impugnaciones a la propuesta de designarlo al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

Clarín replicó mediante otro spot y una menuda claque de políticos y periodistas le hizo eco. Las acusaciones de “dictadura” estuvieron en el orden del día.

Contra lo que reza el discurso hegemónico, la conducta del oficialismo nada tiene de antidemocrática. Coloca en la vidriera al aspirante al cargo, como no lo hizo ninguna administración anterior desde 1983. Y anticipa cuál será su accionar, lo que incluye una interpretación del fallo de la Corte Suprema que puso fecha límite a la medida cautelar interpuesta por Clarín. Exponer ante la opinión pública sus criterios y fundamentos puede ser discutible (todo lo es) pero tiene el valor de la visibilidad y la argumentación.

Por añadidura, la interpretación sobre el fallo de la Corte es razonable, a ojos del cronista la correcta. El texto de la sentencia deja pocos márgenes para una lectura diferente. El blog Saber Derecho del joven jurista Gustavo Arballo desmenuza el texto de la sentencia y llega a la misma conclusión. Arballo remarca un párrafo fundamental de la decisión de la Corte, el que establece: “En consecuencia, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26.522 y se aplica a la actora. De ahí que, estando su plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley, vencido el 28 de diciembre de 2011, sea plenamente aplicable a la actora con todos sus efectos a partir de la fecha indicada”. Remarcamos con el blogger: el plazo para adecuarse venció hace cerca de un año. La ley es “plenamente aplicable” a Clarín. No se podría afirmar eso si el Multimedios estuviera dispensado de la cláusula antimonopólica.

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La medida cautelar que tocará a su fin fue interpuesta en paralelo con un juicio por inconstitucionalidad de la LdSCA. Se pidió “no innovar” para que se pudiera llegar a una sentencia, en un plazo razonable. El pleito principal no avanzó tanto, según explicitó la Corte, en buena medida por la mala praxis de los abogados de Clarín. Nadie puede alegar su propia torpeza en el Foro, menos beneficiarse por ella.

Las cautelares se pueden dictar (éste fue el caso) sin notificación a la otra parte y sin producir prueba. Son, por ésa y otras causas, de interpretación restrictiva: en caso de duda sobre sus efectos, debe elegirse el criterio que los aminore. Lo que pretende Clarín, justo al revés de lo que proclama su discurso, es que esa cautelar lo coloque en situación de privilegio con relación a otros grupos mediáticos que también deberán adecuar su patrimonio a la normativa vigente. Esa ventaja es exorbitante, no tiene nada que ver con lo que se pidió.

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Aceptemos, al solo efecto de discurrir, que la cuestión del plazo sea polémica. Aún en esa hipótesis (insostenible) el Estado obra adecuadamente al anticipar su punto de vista y lo que serán sus próximos pasos.

“Todos los constitucionalistas” acuerdan con el criterio de Clarín, según se lee en las páginas de su principal diario. Este cronista asume sus limitaciones: no lleva la cuenta de la cantidad de constitucionalistas que se formaron y enseñan en las universidades argentinas. Sí puede asegurar que son más que los siete que opinan en Clarín y medios aliados, por los que rotan en un verdadero road show. Tres de ellos son abogados de la Corporación mediática, lo que no los priva de derecho a pronunciarse, pero sí debería inducirlos a dejar constancia de ese detalle, que lastima su pretendida imparcialidad.

La falta de referentes culturales, sociales y del mundo mediáticos que acompañen la furia del Multimedios es notoria. Se grita mucho, pero pocas voces claman. La asimetría se intenta compensar con el esfuerzo del ex secretario de Cultura menemista Julio Bárbaro, quien corre de un canal de cable a otro, como el “cinco” de un equipo cuyo mediocampo no marca a nadie. Las credenciales de Bárbaro son relativas, su narrativa minimiza la existencia de la ley o la niega. Es lícito criticar una norma dictada por el Congreso, no lo es hacer caso omiso de su vigencia.

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Se desconoce cuál será la táctica judicial del Multimedios. Su respuesta política es crispar su mensaje a niveles jamás conocidos. En ese devenir, se tergiversan noticias o se inventan, llanamente. Aislar frases de contexto deviene una costumbre cotidiana. El sonido se eleva, la furia es el tono cotidiano.

Frente a ese desafío, el cronista entiende que el mejor camino para el Gobierno es perseverar en la legalidad, que lo ampara, sin renegar de la firmeza. La provocación del antagonista busca llevarlo a su propio terreno, el de la agresión y la prepotencia. El territorio más fértil para el Gobierno lo integran la ley, la sentencia de la Corte, su decisionismo. Sabbatella, un dirigente de sobradas credenciales democráticas, capacita para moverse en ese marco y también para implicarse en el debate público.

La gran pelea que disputó el boxeador Maravilla Martínez hace pocas semanas propicia una imagen. El Gobierno domina el ring, gana sobradamente por puntos, el final se acerca. No debe bajar la guardia ni subestimar a su adversario, ni menos dejar de seguir peleando. Pero debe precaverse de caer en la tentación que casi le cuesta horrores a Maravilla: entrar en el desesperado juego del rival, entreverarse en un intercambio desesperado de golpes que es querido por el “otro”.