A partir de esta semana Martín Sabbatella pasará a ser el nuevo presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). El viernes concluyó el período de impugnaciones, en el que se sólo se presentaron tres cuestionamientos de las diputadas opositoras Laura Alonso, Elisa Carrió y Patricia Bullrich. En cambio la propuesta del Ejecutivo recibió un extenso número de apoyos, entre ellos organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el CELS; de dirigentes políticos como el jefe del bloque del FpV, Agustín Rossi, el senador Daniel Filmus, el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; además de académicos como Damián Loreti, periodistas y organizaciones vinculadas a la comunicación audiovisual. Con el 7 de diciembre como fecha clave en la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín, Sabbatella buscará avanzar mientras tanto con la adecuación de todos los restantes grupos de medios.

La presidenta Cristina Fernández firmará mañana el decreto designando en el directorio de la Afsca a Sabbatella, quien asumirá el martes en el cargo, con la publicación formal en el Boletín Oficial. A partir de ese día entrará en funciones, aunque lo hará “ad referéndum” de la aprobación en el Congreso de su licencia como diputado nacional. En el kirchnerismo estiman que se aprobará en la próxima sesión, prevista en principio para el 10 de octubre. No faltarán cuestionamientos de la oposición, que exige la renuncia a la banca para que asuma Jorge Ceballos, hoy enrolado en el Movimiento Libres del Sur y el Frente Amplio Progresista.

En el marco de la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín para que el multimedio acate el fallo de la Corte Suprema y se adecue a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), Sabbatella asumirá la gestión con un objetivo: lograr que para esa fecha los grupos de medios hayan terminado o al menos estén avanzados en el proceso de adecuación a la ley, que hasta ahora se había postergado para evitar beneficiar indirectamente al mayor actor del mercado. Además de cumplir con el texto de la ley, esa definición funcionará como forma de presión para el holding que encabeza Héctor Magnetto, que quedará en evidencia como el único que se resiste a cumplir con lo que establecen los artículos 45 y 161 de la ley, mal llamados de “desinversión”. “El 7 de diciembre todos los grupos van a estar adecuados o en proceso de adecuación, menos Clarín”, concluyen en el oficialismo.

En el kirchnerismo no quieren anticipar demasiado sus iniciativas, más allá del último spot que se conoció en las últimas semanas, para no mostrar sus cartas en el marco de la disputa judicial y política con Clarín. El Grupo insiste en su interpretación sobre el fallo de la Corte, según la cual el 7 de diciembre de 2012 recién empezaría a correr el plazo de un año para presentar un plan de adecuación a la norma.

Luego de la designación, Sabbatella prepara una reestructuración de las áreas del organismo y el desembarco de su grupo de gente de confianza, la mayoría de ellos sin un perfil político. A diferencia de la gestión anterior de Santiago Aragón, el líder de Nuevo Encuentro tendrá una exposición y un perfil público más alto. En su entorno evaluaban el fin de semana si realizarán un acto de asunción al frente del organismo.

Las tres diputadas que impugnaron a Sabbatella no presentaron argumentos de peso que hicieran revisar la propuesta del Ejecutivo. Las tres denunciaron que no cumple “con los requisitos de idoneidad e independencia política”, señalados en el artículo 14 de la LSCA. Sin embargo, su redacción establece que los directores “deben ser personas de alta calificación profesional en materia de comunicación social y poseer una reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al intercambio de ideas diferentes”. Si bien Sabbatella no tiene títulos académicos en materia de comunicación, en su entorno señalaron la ley no precisa a qué se refiere con “alta calificación” y, en cambio, remarcaron su rol de vicepresidente en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, además de su probada transparencia y pluralidad en la gestión como intendente de Morón.