La jueza María Romilda Servini de Cubría abrió una nueva investigación que involucra al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y a su asesor estrella Jaime Durán Barba. Es por un trabajo que la empresa Tag –vinculada con Durán Barba y a sus dos socios– hizo para el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. A partir de una encuesta, la compañía almacenó datos sobre qué pensaban los vecinos de la comuna 12 sobre la Policía Metropolitana. El problema es que los guardó con fichas personales, con nombre y apellido de cada uno, lo que podría constituir “quebrantamiento de secretos sobre la identidad de las personas y su uso para posibles tareas de inteligencia por parte de la Metropolitana”, según señaló la jueza, que ordenó abrir una investigación.

La causa es una escisión de la referida a las llamadas durante la campaña que daban información falsa sobre el senador Daniel Filmus y su padre, por la que Durán Barba está procesado. Ese caso pasó al fuero contravencional y penal de la Ciudad, mucho más amigable al macrismo. En este caso, no se investiga el uso del marketing para hacerles creer a los votantes datos falsos sobre Filmus, sino el uso de encuestas y “microtargeting” para reunir una base de datos sobre las opiniones de los vecinos de los barrios de Villa Pueyrredón, Coghlan, Villa Urquiza y Saavedra. Se trata de la comuna 12, el primer distrito en el que desembarcó la Metropolitana.

Los datos sobre los que se basa Servini de Cubría surgen del allanamiento de la sede de Durán Barba y Asociados. Allí encontraron, además de las grabaciones que agraviaban a la familia de Filmus, un convenio entre la empresa Tag Continental y el Ministerio de Justicia porteño. Allí la compañía vinculada con Durán Barba ofrecía determinar “con precisión quirúrgica” la opinión de los vecinos de la comuna 12 sobre el accionar de la Metropolitana. A partir de ese convenio, la empresa hizo encuestas y armó una ficha de cada vecino, con su nombre y número de teléfono, una serie de datos personales y una clasificación de su opinión sobre la Metropolitana. Los dividieron en “de alto riesgo” cuando eran críticos de la Metropolitana, le seguían los “de mediano riesgo” y los de “bajo riesgo”. Sobre un plano de los barrios, distribuyeron con colores la ubicación de cada uno según su grado de desacuerdo.

“Para el Ministerio de Justicia y Seguridad es vital tener información sobre lo que pasa en cada uno de los 53 mil hogares de la comuna 12”, decía el contrato, que hacía un trabajo de “microtargeting” para identificar el pensamiento de cada vecino. La empresa vinculada con Durán Barba indicaba que agruparía “a los vecinos individualizados en distintos grupos, según sus necesidades estratégicas de comunicación”. El contrato empezó a regir en 2010 y establecía que la información de cada vecino sería actualizada cada tres meses.

Servini de Cubría dispuso “la separación de las causas en pos de una mejor y más pronta administración de justicia, en tanto los hechos puestos en conocimiento del tribunal en autos difieren sensiblemente de los hechos oportunamente denunciados”. Además de Durán Barba, estarían imputados Rodrigo Lugones y Guillermo Garat. “Me parece importante que se abra otra causa que claramente muestra cuál es el modus operandi de este tipo de investigaciones que fueron pagadas por todos los vecinos. En este caso, violentan la intimidad de las personas”, sostuvo Filmus ante Página/12.

El senador señaló que “en manos de la Policía Metropolitana, esto lleva a la presunción de actividades de espionaje compatibles con las que hicieron Ciro James, El Fino Palacios y Chamorro”.