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Para el juez consejero Ricardo Recondo fue una derrota y quizá lo admitió de manera implícita al no firmar la resolución de la Cámara que integra. Porque esa resolución firmada por otros cinco camaristas implicó un cuestionamiento a su de-sempeño. Hay una crítica al procedimiento que había impuesto el consejero de la Magistratura. Y cuando están relacionadas con causas muy sensibles, como la resistencia de un grupo monopólico a desinvertir, esas críticas o esos errores subrayados, tan obvios, no pueden menos que dejar un manto de sospecha.

El Grupo Clarín tardó bastante en digerir la derrota de Recondo y la designación de un juez subrogante –diferente del que quería el consejero– para el tribunal que debe decidir sobre la vigencia del artículo 161 de la ley de medios. Recién varias horas después de que los demás portales ya la hubieran incluido, el jueves, la noticia apareció en el de Clarín.

Recondo tuvo mucha actividad en las últimas semanas. Su principal argumento para rechazar los concursos reglamentarios que se hicieron para ocupar los tribunales acéfalos fue denigrar a una de las aspirantes porque había sido funcionaria pública. Recondo hizo una gira por todos los programas periodísticos de los medios del grupo Clarín denigrando a esa abogada. Pero no aplicó la misma regla ética cuando se trató de su persona. Con más argumentos de los que tuvo él para rechazar esos concursos, se podría señalar que el juez tiene un expediente abierto en la Magistratura por un fallo a favor de la empresa Fibertel, de Clarín, que firmó junto con la jueza Graciela Medina. Cualquiera puede fallar a favor de cualquier empresa, el problema es que el esposo de Medina es uno de los principales abogados de Cablevisión, y en esas situaciones lo que se estila desde el punto de vista ético es que los magistrados se excusen y no se hagan cargo de esas causas.

Finalmente, ayer se conoció que Recondo fue socio entre 1999 y 2005 de los hermanos Hugo y Jorge Anzorreguy. El primero fue titular de la SIDE durante el menemismo. El segundo es uno de los abogados más destacados del Grupo Clarín. Todos estos puntos de contacto son mucho más comprometidos que haber sido funcionaria pública. Esa fue la excusa del juez para, como integrante de la Magistratura, frenar el procedimiento natural y, a su vez, como miembro de la Cámara en lo Civil y Comercial, tratar de elegir él mismo al juez subrogante que debía hacerse cargo de la causa Clarín. Fue un procedimiento irregular, realizado en tiempo record y de manera también irregular. Tuvo todo el aspecto de una trampa.

Pero la Corte convocó a los jueces y aunque no trascendió lo que se trató en la reunión, al otro día la Cámara descartó el procedimiento que había impulsado Recondo y eligió a un juez subrogante de acuerdo con los reglamentos.

Los dos artículos de la ley de medios cuestionados por el grupo mediático son el 161, que establece los plazos para desinvertir, y el 45, que plantea los límites a la cantidad de medios que pueden tener.

Ninguno de los dos artículos está referido a la libertad de expresión o de prensa, sino a cuestiones patrimoniales, es decir, al negocio y no a los contenidos. Lo que está haciendo el Grupo Clarín es defender su poder ante una comunidad, representada por el Congreso de la Nación, que aprobó una ley para regular el desarrollo monopólico o situaciones dominantes en el mercado por parte de empresas de medios. Estas normas existen en todo el mundo y en algunos países son todavía más estrictas.

Cuando se aplique la ley, el diario Clarín seguirá saliendo como siempre, lo mismo Radio Mitre. El grupo tendrá que decidir si vende Canal 13 o Cablevisión. Y además tendrá que desprenderse de una gran cantidad de señales de cable. Aun así seguiría siendo el grupo mediático más poderoso del país, aunque la situación será menos desigual.

El lugar que fue ocupando a medida que se levantaron las regulaciones que existían se potenció en cada paso, desde la dictadura en adelante. Cada espacio que ocupó incrementó su capacidad de presión, con lo que ningún gobierno se atrevió a ponerle un límite. Con la aparición de nuevas tecnologías, esa capacidad de presión le sirvió no solamente para blindarse sino también para arrancar más concesiones y ganar nuevos espacios, hasta convertirse en una megaempresa que controlaba desde la fabricación del papel hasta las señales de cable que se emiten en todo el país. Es contradictorio defender en nombre de la libertad de expresión un aparato desproporcionado que en realidad la ahoga.

Hasta ahora, los gobiernos no sólo no se habían atrevido a ponerle un freno sino que concedían todo lo que el grupo les exigía, sobre todo en términos de negocios. Todos los gobiernos se relacionaron con el grupo desde un lugar de debilidad, con temor al gran poder de fuego mediático. Incluso este gobierno tuvo esa estrategia en los primeros años. Por eso, decir que este emporio de medios es el lado débil frente a un Estado como el de Argentina, que históricamente ha sido subordinado a las grandes empresas, es simplemente reconocer que ya se tomó partido por el más fuerte.

Rechazar el proceso de desmonopolización porque se sospecha de las intenciones del kirchnerismo, ya sea porque avanzó sobre esa situación después de consentirla o porque querría acallar una voz opositora, es absolutamente secundario. En primer lugar, porque el kirchnerismo demostró que elige las circunstancias y el momento para avanzar sobre cada situación, como lo hizo con YPF o con las AFJP. Y en segundo lugar, porque no se trata de que desaparezca ningún medio, ninguna voz, ya sea opositora u oficialista. Lo que se está discutiendo es una cuestión patrimonial, empresaria, que en términos de mercado se puede expresar como generar condiciones para permitir la libre competencia. Si en cualquier área de la economía este tema tiene importancia, cuando se trata del flujo de la información esa valoración se multiplica.

La historia ha demostrado que los gobiernos anteriores no pudieron o no se atrevieron a regular la actividad de los medios de comunicación, con lo que se fue generando un forúnculo no democrático. Si este gobierno decidió asumir los costos altísimos de confrontar con las empresas que monopolizan la información, en realidad le está haciendo un favor a la democracia en general, incluyendo a una oposición que está sometida a las mismas reglas cuando quiere tener prensa. Una oposición que fue crucificada cada vez que no actuó como lo demandaban los medios. Una cosa es la capacidad de crítica y la mirada particular de una empresa particular y otra cosa es el poder para imponer políticas públicas por parte de empresas privadas cuyo fin primero es el lucro privado. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la conformación de un supergrupo que, desde una situación dominante, tiene capacidad de controlar todos los niveles del flujo informativo.

Todo el despliegue del Grupo Clarín y de sus operadores judiciales ha sido para impedir que se aplique una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la República. Ellos se plantean como oposición al Congreso. En la reunión de la SIP que se realizó esta semana en San Pablo, fue muy ilustrativo el discurso de Julio César Mesquita, del Grupo Estado de ese país, cuando recordó que ya “a principios de los ’90 la SIP anticipaba que dos nuevos enemigos surgirían: el narcotráfico y los congresos latinoamericanos con proyectos de ley para impedir el trabajo de los periodistas”. En un nivel de absurdo, las grandes empresas que integran la SIP ponen a los congresos al mismo nivel que el narcotráfico. Lo primero que obstruyen las dictaduras son las elecciones y los congresos. Estas grandes empresas nunca fueron cerradas por ninguna dictadura. Por el contrario, apoyaron a las más autoritarias que asolaron a la región. Y ahora critican a los congresos democráticos que aprueban leyes antimonopólicas.