Con la presencia de medios de comunicación de distintos lugares del mundo, instituciones variopintas, legisladores y amigos del tribunal dispuestos a dar la batalla argumental a favor de alguna de las partes o como independientes, hoy comenzará la audiencia pública que decidió celebrar la Corte Suprema antes de tomar una resolución sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA), que fue sancionada en 2009 pero aún no se aplica en plenitud. Ayer el alto tribunal oficializó la lista de los amicus curiae o terceros interesados que actuarán en el debate en el expediente –cinco del lado de Clarín y cinco del lado del Estado– y admitió la participación de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien también expondrá.

Aunque entre los protagonistas del expediente reina casi la convicción de que la Corte ya tiene una decisión tomada, en el tribunal aseguran que el objetivo de celebrar una audiencia, además de agotar el debate y que el día de mañana nadie les reproche que no escucharon a todo el mundo, los jueces supremos pretenden conocer la mayor cantidad de argumentos y puntos de vista. Si bien se trata de una ley que batió records de debates, todo hace pensar que algunas participaciones podrían llegar a introducir puntos de vista o enfoques novedosos como –por ejemplo– la Defensoría del Público, un organismo mundialmente único en su especie, que representa los derechos de oyentes y televidentes.

La Defensoría y el Centro de Estudios en Derecho y Economía serán los únicos dos amicus curiae que en la audiencia actuarán en forma “independiente”, sin necesidad de explicitar un apoyo a ninguna de las partes. Otro grupo de instituciones que solicitaron el mismo tipo de actuación podrán hacerlo pero por escrito. A otras entidades la Corte les exigió que argumenten a favor de Clarín o del Estado, una forma no tradicional de inclusión de los terceros interesados.

Hoy la sesión empezará, tal como todo viene planeado, con la argumentación de los “amigos” elegidos por el multimedios: el Observatorio Iberoamericano de la Democracia; la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica; la Asociación Internacional de Radiodifusión junto con la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa); el Comité del Consumidor (Codelco); y el abogado Lucas Sebastián Grossman. Entre los otros abogados que desfilarán con este grupo estarán Asdrúbal Aguiar, ex miembro de la Corte Interamericana, el procesalista Eduardo Oteiza y los constitucionalistas Gregorio Badeni y Andrés Gil Domínguez. El semiólogo Eliseo Verón expondrá también.

Luego será el turno de los “amigos” del Estado: la Universidad Nacional de Lanús, representada por su rectora, Ana Jaramillo; la Universidad Nacional de San Martín, con su rector, Carlos Ruta; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representado por su titular, Horacio Verbitsky; su director, Gastón Chillier, y el abogado especialista en medios Damián Loreti; la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), con el abogado Miguel Julio Rodríguez Villafañe y la Asociación Americana de Juristas (rama argentina), representada por el abogado Beinusz Szmukler.

Cada amicus tendrá 15 minutos para hablar. Entre ellos y Gils Carbó la audiencia de hoy está calculada en una duración de unas tres horas y media. La Corte, a ellos, no les hará preguntas, que dejará reservadas para el jueves, cuando llegue el momento de la exposición de Clarín y el Estado. Por la empresa, hablarán los abogados Alejandro Carrió, Damián Cassino y María Angélica Gelly. Por el Estado expondrán el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afscal), Martín Sabbatella; el constitucionalista Eduardo Barcesat y abogados que participaron en la redacción de la ley, entre ellos Graciana Peñafort. Además van estar presentes los peritos de cada parte, que también podrán ser consultados.

El temario está acotado al análisis de constitucionalidad de los artículos 45, 48, 41 y 161 de la ley de medios. Los dos primeros fueron declarados inconstitucionales parcialmente por la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial, que son los que concentran aspectos claves antimonopólicos de la ley al fijar los límites a la concentración de licencias y establecer que en la propiedad de licencias no hay derechos adquiridos. Ese tribunal centró su análisis en asociar las supuestas pérdidas patrimoniales del Grupo Clarín, al tener que desprenderse de medios, con una afectación a la libertad de expresión. Es un razonamiento opuesto al del Estado y al de Gils Carbó, que ven en la concentración económica los límites al pleno ejercicio democrático de esa libertad. Lo que estará en juego en estas audiencias, y en la futura sentencia de la Corte, es eso: qué prima en la pulseada por el ejercicio de derechos básicos y qué poder de condicionar al sistema democrático puede tener un oligopolio.

En plaza Lavalle, durante todo el día, también habrá charlas y debates en la jornada “Por la democracia y la libertad de expresión; en defensa de la ley que el pueblo escribió”, que está convocada por la Afsca y la Comunicación Democrática (ver página 10).