La Unidad Fiscal de Bahía Blanca denunció ayer por encubrimiento al arzobispo local Guillermo José Garlatti por financiar al ex capellán Aldo Omar Vara durante los ocho meses que estuvo prófugo. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani presentaron la denuncia tras corroborar en el propio Arzobispado que un apoderado retiraba todos los meses un cheque para el cura imputado por delitos de lesa humanidad a pesar de que tenía pedido de captura nacional e internacional y de que el Estado ofrecía una recompensa para encontrarlo. Vara fue detenido el lunes por Interpol en Ciudad del Este y, pese a su manifiesta voluntad de burlar la ley, un juez de garantías de Paraguay le concedió el arresto domiciliario hasta que se concrete su extradición. El ex capellán del Ejército seguirá cobijado por la Iglesia Católica, que lo aloja en una parroquia de Ciudad del Este.

El sociólogo Fortunato Mallimaci denunció ayer a primera hora en el programa radial Frente a Cano que “un apoderado (de Vara) retiraba todos los meses un cheque por la jubilación del ex capellán, que era entregado por la curia bahiense”. “Hay que preguntarle al obispo quién es ese apoderado, de dónde provenía ese dinero, si era por capellán, por jubilación o por docente”, propuso. A partir del dato, los fiscales se apersonaron en el arzobispado que conduce Garlatti. El administrador de la arquidiócesis, Bruno Cuchetti, les explicó entonces que la Iglesia Católica tiene su propio sistema de jubilación y admitió que era cierto el dato del cheque mensual para el prófugo por medio de un apoderado. “El contador (por Cuchetti) se enojó con la inesperada visita y al despedir a los fiscales se recluyó en las oficinas del primer piso junto al obispo auxiliar Pedro María Laxague”, informó FM de la Calle.

Con el dato corroborado, Nebbia y Palazzani fueron a la fiscalía de Antonio Castaño para denunciar a Garlatti y pedir que se lo indague por encubrimiento. El Código Penal pena con prisión de seis meses a tres años a quien “ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta”. Los fiscales destacaron en la denuncia que el Arzobispado bahiense, entre otros, fue notificado por oficio del juzgado para que informara sobre el paradero de Vara, y pese a que todos los meses le hacía llegar un cheque no aportó ningún dato para facilitar la búsqueda. Agregaron que el oficio incluía los delitos de lesa humanidad por los que se lo acusa y que tanto la imputación como la fuga y la recompensa eran datos públicos que Garlatti no podía ignorar. Entre otros cargos, se lo investiga por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencia; homicidio agravado por alevosía en concurso de tres personas por lo menos y homicidio y desaparición forzada e imposición de tormentos.

El arzobispo, por medio de su canciller Emma Rosa Vila, también aseguró desconocer el paradero de Vara en noviembre último, en respuesta a un pedido de ayuda de Hijos Bahía Blanca, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Red por la Identidad local. Teniendo en cuenta que los cheques para el prófugo no salían del chanchito de Garlatti, sino de una caja administrada por la Iglesia Católica, la imputación por encubrimiento, ahora en manos del fiscal Castaño, podría alcanzar a instancias superiores de la jerarquía eclesiástica.