La diputada nacional Elisa Carrió ratificó y amplió su denuncian contra el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli y varios ex funcionarios. Pero su acusación sufrió ayer un primer traspié ya que desde la actual gestión provincial la contradijeron. El fiscal Alvaro Garganta envió requerimientos a los actuales funcionarios para saber si habían detectado irregularidades de la gestión anterior vinculadas a la denuncia de Carrió y las respuestas fueron negativas.

El fiscal pidió informes a los actuales funcionarios y se encontró con las respuestas del secretario general de la gobernación, Fabián Perechodnik, y de Pablo Loiacono, director de Asuntos Técnicos del Ministerio de Infraestructura provincial. En ambos casos, señalaron que no detectaron “facturaciones, contrataciones, obras, pagos u otras irregularidades a favor de terceros”, según reveló el portal La Tecla.

“Por el presente cumplo en informar que no se han observado en el ámbito de este ministerio facturaciones, contrataciones, obras, pagos u otras irregularidades que en principio pudiesen, a simple vista, aparecer como llamativas, desproporcionadas y/o administrativamente irregulares del Estado a favor de terceros”, dice la respuesta de Loiacono con fecha 18 de julio vinculada a la causa caratulada “Carrió María Elisa S/ denuncia”.

En el mismo sentido, Perechodnik, con fecha 21 de julio, contestó que “del análisis de las constancias disponibles en las dependencias a mi cargo no surgen, prima facie, facturaciones, contrataciones, obras o pagos por montos que pudieran resultar desproporcionados a favor de terceros”. El funcionario agregó que “la Secretaría General del Gobierno de la provincia y todas las dependencias a su cargo concurrirán por los canales correspondientes a formular las denuncias pertinentes en caso de detectar la ‘posible comisión de ilícitos en perjuicio de la administración pública que pudieran resultar del accionar de sus agentes o de quienes desempeñen o desempeñaron funciones administrativas sea de modo habitual o eventual”.

Carrió había pedido que se investigue al ex gobernador por presuntas irregularidades durante su gestión y por “enriquecimiento ilícito”. A eso agregó “lavado de activos y distintas defraudaciones a la administración pública”. También involucró el ex jefe de Gabinete Alberto Pérez y al ex titular de Aguas Bonaerenses Guillermo Scarcella. Puntualmente señaló el retiro de más de 20 mil millones de pesos entre 2014 y 2015, que habrían sido destinados para la campaña electoral.

Carrió insistió ayer en la denuncia y pidió que se le tome declaración al senador provincial Andres De Leo (CC ARI), quién declaró sobre causas de facturación apócrifa en Bahía Blanca y un facturero que aparece nombrado en una causa por evasión tributaria de Scioli que investiga la Jueza Arroyo Salgado. También solicitó que sea citado el “arrepentido” Leandro Fariña, quien mencionó a Scioli en sus declaraciones y lo vinculó con irregularidades en la obra pública provincial.

“Quiero asegurar que nunca durante mi mandato, desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires se han hecho extracciones irregulares en efectivo por 20 mil millones de pesos ni de ningún otro monto”, señaló Scioli el lunes, cuando respondió a las acusaciones con un comunicado. “La realidad de los hechos es que conforme a la ley y a las normas administrativas y bancarias vigentes, se hicieron transferencias electrónicas desde la cuenta única de la Tesorería de la Provincia a las cuentas de los diferentes organismos para pago de sueldos y horas extras a los trabajadores del Estado provincial, así como toda otra obligación que hiciera al funcionamiento del Estado y de sus empresas”, afirmó el ex mandatario provincial.

“Lo he querido mucho a Daniel Scioli y me duele enormemente hacer lo que hago, pero el sistema de impunidad en la provincia es terrible”, dijo ayer Carrió.