A menos de dos semanas para el inicio de las clases, los cinco gremios docentes acordaron con el gobierno nacional y las provincias un aumento salarial del 24 por ciento. Sin embargo, la discusión paritaria pasó a un cuarto intermedio hasta hoy, a las 18, para terminar de redactar el acta “de manera precisa”. Al cierre de esta edición continuaban las negociaciones para acordar otros puntos, como el pago del incentivo docente atrasado y el “saneamiento del salario básico”. Tras una extensa reunión paritaria en el Ministerio de Trabajo, los maestros consiguieron elevar el sueldo inicial de 1040 a 1290 pesos, aunque todavía queda por realizarse la discusión con los gobiernos provinciales para determinar cómo se va a aplicar el aumento en cada jurisdicción. En el acta los docentes firmaron un compromiso para cumplir los 180 días de clase pero en el marco de la ley 25.864, que establece, en su artículo sexto, que no se podrá afectar el derecho a huelga de los trabajadores consagrado por la Constitución nacional.

El encuentro, previsto para la mañana de ayer, comenzó pasado el mediodía y al cierre de esta edición continuaban las negociaciones. Las discusiones salariales anteriores, en cambio, duraron cuanto mucho un par de horas porque no habían logrado superar ni siquiera el primer punto de la lista: el piso salarial. Sin embargo, sortear ese obstáculo no liberó ayer la cuestión, sino que abrió otros frentes relacionados con el compromiso por los 180 días de clases, el pago de las cuotas atrasadas del incentivo docente –que financia la Nación– y la incorporación al salario básico de sumas no remunerativas.

Para comprender la complejidad de la negociación de ayer hay que bucear en la composición del salario docente y en la cantidad de actores en juego. Esta es la primera paritaria nacional y está conformada por los cinco gremios con representación en todo el país, los ministerios de Trabajo y de Educación de la Nación y, además, cinco representantes del Consejo Federal, integrado por los ministros de todas las provincias.

Por la tarde la reunión se trabó en un tema que se había hablado en otras oportunidades. Para lograr un acuerdo, los gobiernos les exigían a los trabajadores que aseguraran el cumplimiento del ciclo lectivo estipulado por ley. Finalmente, el conflicto se habría zanjado con la incorporación de una mención a la ley 25.864, que garantiza los 180 días, pero que en su artículo sexto asegura que no se van a afectar “los derechos y garantías laborales, individuales y colectivas, de los trabajadores de la educación, consagrados por la Constitución nacional y la legislación vigente en las respectivas jurisdicciones”. Con este marco, los docentes aseguraron que no van a renunciar al derecho a huelga en caso de no lograr un consenso en las paritarias provinciales.

Pasadas las diez y media de la noche, en el Ministerio de Trabajo todavía estaba debatiéndose el pago del Fondo de Incentivo Docente atrasado –110 pesos mensuales–. Los maestros cobraron recién el primer trimestre del año pasado, por lo que el Ejecutivo nacional lleva más de 10 meses de atraso en la puesta al día de una deuda que se arrastra desde los gobiernos de la Alianza y de Eduardo Duhalde. Además, entre las provincias y la Nación se estaba debatiendo cómo responder al pedido de incorporar sumas no remunerativas al salario básico. La mayoría de los docentes del país cobran un básico de poco más de 500 pesos, muy inferior al salario inicial que tiene un piso de 1040 pesos. Esa diferencia está compuesta por sumas no remunerativas que no se consideran para calcular los aportes jubilatorios, a la obra social y, sobre todo, la antigüedad. Hace tiempo que los sindicatos reclaman el “saneamiento” del salario, que implicaría ir incorporando las sumas no remunerativas al básico.

Ese reclamo debería ser tratado en cada provincia cuando se realicen las paritarias, pero los docentes intentan que se siente precedente en las líneas generales del acta. El tire y afloje refleja la complejidad de un acuerdo en el marco de un país federal en el que la política salarial está en manos de cada jurisdicción. Los gremios pretenden que se deje constancia de la necesidad de eliminar los tickets canasta con las que se completa el pago de haberes en algunas provincias –en San Juan, por ejemplo– y que los incrementos se incorporen a los básicos. Anoche, la fórmula que se intentaba para que los gobernadores no se sintieran presionados por la negociación nacional era “proponer” que las provincias tiendan al saneamiento de los sueldos y “promover” la eliminación de los tickets.

Funcionarios y dirigentes se volverán a sentar hoy frente a frente para terminar de definir la filigrana de acuerdos mientras las asambleas gremiales avanzan en el análisis de la oferta. En siete días hábiles, las provincias tendrán que avanzar en las paritarias locales pero ya con el marco del consenso nacional.

Informe: Sebastián Abrevaya.