La limitación en las funciones del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, es una decisión torpe, cuando las denuncias por presuntos casos de corrupción son casi el único argumento de los políticos y los medios opositores al gobierno nacional y la eficacia del fuero federal para resolverlos es muy baja. Según datos oficiales de la propia Procuración, en el período 2000-2004 ingresaron a la justicia federal de la Capital 844 casos por cohecho, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público logró elevar a juicio 26 casos, es decir un 3 por ciento del total, y se obtuvieron sólo cuatro condenas, que no llegan ni al 0,5 por ciento. Garrido fue designado por el ex presidente Néstor Kirchner. Nunca actuó en forma escandalosa ni buscó la promoción personal al estilo Luis Moreno Ocampo. Hizo varias presentaciones al Procurador Esteban Righi reclamando por las obstrucciones a su desempeño por parte de jueces y fiscales y le solicitó apoyo para un proyecto de reforma de la ley orgánica que mejorara la vigente. La respuesta de Righi fue esta resolución, que entra dentro de sus atribuciones pero constituye una mala señal. Desde un punto de vista político la mayor dificultad en discernir lo verdadero de lo falso hará más creíble cualquier cosa que se diga sobre los funcionarios estatales, protegerá a los corruptos y echará sombras sobre los decentes. Esta resolución toma lo peor de dos mundos: no fortalece al ministerio público en la investigación penal de los funcionarios públicos pero incurre en una concesión corporativa a los fiscales para que nadie los moleste en las causas y que puedan avanzar o cajonear a discreción, según los vientos políticos.