El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, afirmó que “Clarín no quiere ser un actor más de la comunicación audiovisual, sino condicionar a los poderes públicos y definir el rumbo del país”. El dirigente de Nuevo Encuentro expresó su confianza en que la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia, en la que hoy expondrá en representación del gobierno nacional, sea “el paso previo para la resolución definitiva” del conflicto que se generó a partir del planteo de inconstitucionalidad que hizo el Grupo Clarín sobre algunos artículos de la ley de medios, aprobada hace cuatro años por el Congreso nacional.

“Es importante que el tema se resuelva con celeridad”, advirtió Sabbatella al ingresar ayer al Palacio de Tribunales para presenciar la exposición de los amicus curiae ante la Corte. Agregó que si bien la ley se discutió en foros en todo el país y en el propio Congreso antes de su aprobación, “si la Corte consideró necesaria esta audiencia” la Afsca prestará la colaboración necesaria. “Esta ley de la democracia es una herramienta parlamentaria nacional que aprobó el Congreso hace cuatro años por amplia mayoría, y no sólo con el voto del oficialismo sino también de la oposición”, recordó, y agregó que la ley vino “a democratizar el mercado” de medios.

El funcionario dijo no tener dudas sobre la constitucionalidad de la ley ni sobre “la capacidad regulatoria que tiene el Estado”. “Yo no me puedo imaginar un escenario en el que la Corte declare la inconstitucionalidad de la ley porque creo que es absolutamente constitucional”, aseveró. De todas formas, dejó claro que si la Corte se pronunciara en contra se aceptará la decisión “como siempre se ha hecho”. Desde la sanción de la ley, el 10 de octubre de 2009, la Justicia “ya ha opinado respecto de su constitucionalidad en cinco oportunidades” y una sola vez en contra, recordó Sabbatella, en referencia al pronunciamiento de la Cámara, que “fue hecho a la medida del Grupo Clarín”, dijo.

Sobre los tiempos del alto tribunal para pronunciarse, expresó que “es una decisión de ellos (los jueces), pero esperamos que sea lo antes posible porque hay una situación de gravedad institucional, porque hay una ley aprobada hace cuatro años que no se puede aplicar”. “Todas las empresas tienen que cumplir la ley, sin diferencias”, remarcó, y recordó que “Clarín es la única empresa que no sólo no presentó su voluntad de adecuarse a la ley, en clara rebeldía, sino que además no cumple con la grilla” de ordenamiento de los canales de TV.

Finalizada la audiencia de ayer, Sabbatella remarcó que “la democracia necesita que la ley de medios se aplique integralmente”. “Clarín no quiere ser un actor más de la comunicación audiovisual, sino condicionar a los poderes públicos y definir el rumbo del país”, aseveró. “En la audiencia quedaron claras las distintas posiciones y se ratificó lo que cada uno defiende: cuando uno escucha a los que defienden la constitucionalidad de la ley queda claro que lo que se está defendiendo es la facultad del Estado de regular la comunicación audiovisual”, explicó. “Esa intervención es necesaria para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas del país”, agregó.

En contraposición, “cuando escuchás a quien defiende la inconstitucionalidad queda también claro que lo que hacen es defender los intereses de un grupo económico, ya que lo que hicieron fue defender la rentabilidad empresarial por encima de los derechos de nuestro pueblo”, dijo. “Buscan sostener la situación de privilegio del Grupo Clarín en desmedro del derecho a la libertad, poniendo siempre por delante los intereses empresariales”, expresó Sabbatella. En ese marco, resaltó que “el poderío económico y mediático del Grupo Clarín fue construido con el terrorismo de Estado de la última dictadura militar, durante la década de los ’90 y también extorsionando a los cableoperadores pyme en las provincias cuando tenían el negocio del fútbol, fundiéndolos para después comprarlos”. “Los que hablan de inconstitucionalidad vuelven a mentir porque dicen que la aplicación de la ley no permite la sustentabilidad de las empresas y está claro que limita la alta rentabilidad, pero no lesiona la rentabilidad”, sostuvo. “De hecho, salvo Clarín, todas las empresas se presentaron voluntariamente” para ajustarse a la ley.