La decisión del Gobierno de reprimir con balas de goma a los operarios de la avícola Cresta Roja que protestaban en la autopista Riccheri para mantener sus fuentes de trabajo despertó críticas en varios sectores de la oposición, desde el peronismo hasta la izquierda. Los diputados nacionales del bloque del Frente para la Victoria expresaron a través de un comunicado su “más absoluto repudio” a los hechos y advirtieron que “el modelo ‘liberal ortodoxo’ que propone Mauricio Macri no cierra sin represión a los trabajadores”. A través de medios de comunicación y redes sociales también se expresaron dirigentes, legisladores, sindicatos y centrales obreras.

“El discurso del presidente Macri invita al diálogo y a la unidad de los argentinos, pero los hechos dicen lo contrario”, dice el texto que difundió ayer la bancada peronista en la Cámara baja. “El Presidente se equivoca si cree que el ejercicio del poder se consigue mediante el uso de la fuerza, reprimiendo los reclamos justos de los trabajadores”, agrega la nota. “El Gobierno prometió a los trabajadores solucionar el conflicto laboral, y en cambio envió a un contingente importante de Gendarmería para reprimirlos”, agregan.

Los diputados del FpV también le piden al primer mandatario que “reflexione y que realmente se comprometa al diálogo” con las distintas partes. “Lamentamos que una vez más la realidad nos está dando la razón con lo que anticipamos: cuando se gobierna de la mano del mercado, los principales perjudicados son los trabajadores y la única alternativa es la represión de sus justos reclamos”, concluyen.

Dentro del Frente para la Victoria también fijaron posición los legisladores porteños, quienes propusieron una declaración de la Legislatura de la Ciudad “para rechazar enérgicamente el accionar de Gendarmería” en este caso. El proyecto tiene las firmas del presidente del bloque, Carlos Tomada, y de José Cruz Campagnoli, entre otros, y le solicita al Gobierno “que arbitre las medidas necesarias para garantizar los derechos de los trabajadores y para evitar que se reiteren hechos de naturaleza represiva”.

Además, los diputados nacionales de Movimiento Evita dentro del FpV presentaron un proyecto de ley para “proteger el derecho a la protesta social y a la manifestación pública”. El proyecto establece mecanismos institucionales que garantizan el derecho a la protesta y a la vez reglamenta la intervención de las fuerzas de seguridad priorizando la integridad física de todos los involucrados. A modo de homenaje, el texto lleva el nombre de los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, que fueron asesinados por la represión policial en la masacre de Avellaneda, en el 2002.

Por su parte, la CTA que encabeza Hugo Yasky manifestó un repudio “enérgico” a la represión y calificó como “irresponsable” la intervención del Gobierno en este conflicto por “criminalizar la protesta social, ejerciendo represión en lugar de dar solución a cientos de familias que no han recibido su salario y que ven peligrar su fuente de trabajo”.

La diputada nacional Victoria Donda (Progresistas), en tanto, expresó en las redes sociales su rechazo a la represión “brutal”. “Los trabajadores de Cresta Roja exigen respuestas a sus demandas, no represión –sostuvo–. Sorprende que el desalojo se lleve adelante luego de que anoche los trabajadores habían llegado a un acuerdo con el secretario de Seguridad por el cual se dejaba la libre circulación vehicular.”

A través de Twitter también opinó el diputado Néstor Pitrola (FIT), que dijo que “la represión a los trabajadores de Cresta Roja es la otra cara de la política de desgaste y quiebra de la empresa que sostiene la gobernadora bonaerense”. Por su parte, su compañera de bloque Myriam Bregman afirmó que “la represión a Cresta Roja demuestra que la revolución de la alegría es solamente para las patronales”.