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En el mes de junio la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual dictó las resoluciones 685 y 686 que llaman a concurso público para la adjudicación de licencias para prestar un servicio de comunicación audiovisual de televisión abierta digital (TDA) en la norma ISDB-T y aprueban los pliegos de bases que regirán los mismos.

Por primera vez en muchos años se hace un llamado a licitación de nuevas licencias de TV, 220, de las cuales la mitad serán otorgadas al sector sin fines de lucro, en sintonía con la ley 26.522. Se hace sobre la base de utilizar la plataforma estatal de Arsat, por lo cual los licenciatarios se ahorran el costo de instalación de antenas y transmisores, pero deben pagar un alquiler mensual de 24.000 pesos a la empresa.

Esta noticia, que en principio debería ser para festejar, trajo una serie de cuestionamientos y dudas en relación con la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las televisoras populares que están en funcionamiento (en muchos casos previamente a la ley) y que tenían expectativas de obtener una licencia se encontraron con obstáculos difíciles de sortear, por lo que empezaron a juntarse en búsqueda de soluciones en el Espacio Abierto de Televisoras Populares, Comunitarias y Alternativas.

Entre otras actividades se realizaron movidas culturales frente al Afsca, proyecciones en la muestra DOCA 2011 y un debate muy interesante en la carrera de Comunicación de la UBA, con la participación de un heterogéneo conjunto de participantes que iban de la izquierda al kirchnerismo, donde estuvieron como panelistas el director de la carrera, Glenn Postolski; el presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, Néstor Busso; el profesor Carlos Mangone y representantes de las televisoras convocantes.

El debate puso en evidencia que todavía hay mucho por discutir, que la ley abre un camino pero que no hay una sola forma de recorrerlo, que hay intereses en pugna y que hay que hacer un trabajo militante, tejer alianzas y poner el debate en la sociedad.

Debate en el que se requiere una gran dosis de paciencia para articular posiciones, para superar aquellas que no dan lugar a la posibilidad de cambios porque “está todo bien y no hay que cuestionar la ley” o “está todo mal y dentro del capitalismo todos son parches” y poder encontrar soluciones. Tarea ardua pero posible, como lo demostró el trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática cuando elaboró los 21 puntos.

En ese camino hay avances como los señalados por Postolski al considerar muy positivo las 220 licitaciones y las 53 autorizaciones otorgadas. O que el Estado se haya hecho cargo de la plataforma de emisión digital evitando a los canales una inversión de miles de pesos, como remarcó Busso. Pero también hay obstáculos como una burocracia heredada del viejo Comfer que desconoce “la realidad de los medios comunitarios y alternativos”, como explicó Natalia Vinelli, de Barricada TV. En el mismo sentido se expresó Ariel Tcach, de Faro TV: “Hay un fortalecimiento de la comunicación pública pero no de la comunicación popular”. La principal crítica: el costo de los pliegos (rondan los 100.000 pesos según la ubicación geográfica), haciendo prácticamente imposible el acceso a los mismos a las organizaciones comunitarias.

“Para nosotros los medios alternativos no son lo mismo que ‘sin fines de lucro’”, dijo Vinelli. Pliegos y precios diferenciados, subsidios, fondos de fomento, nuevos llamados a licitación para que los medios ya existentes accedan a una licencia y puedan seguir transmitiendo en analógico mientras se reconvierten rumbo al apagón analógico del 2019, fueron algunas de las propuestas que surgieron del debate.

Ecos de este debate parecen haber llegado a la Afsca: a través de la resolución Nº 1657 reconoció errores y postergó el llamado a concurso hasta diciembre. Ignacio Cingolani, director nacional de Planeamiento y Desarrollo de la Afsca, y su presidente, Gabriel Mariotto, anunciaron nuevos concursos para televisoras de bajo alcance y con pliegos más económicos, aunque dichos anuncios todavía no se plasmaron en resoluciones concretas.

Los desafíos no son sólo para el Estado. Las organizaciones populares también tienen que encontrar su rol en este camino, desde la creación de nuevas agendas y nuevas estéticas que rompan con los paradigmas de los medios comerciales y a la vez sean populares, hasta la búsqueda de fuentes de financiamiento que hagan sustentables sus televisoras con la mejor calidad y la máxima llegada. Como se dijo en el debate: “La comunicación popular se hace en la calle”. Se están dando los primeros pasos.

* Docente de Políticas y Planificación de la Comunicación UBA - UCES @pascualicchio