El Ministerio de Salud distribuyó gratuitamente en 2010 casi 39 millones de tratamientos anticonceptivos –entre pastillas, preservativos, DIU, inyectables, píldoras del día después y otras opciones– a través de centros de salud y hospitales en todo el país, lo que significa un aumento de más de 300 por ciento en relación con el total del año anterior. En nueve de cada diez efectores de salud hay consultorios de salud sexual. No obstante, todavía se observan “significativas diferencias” entre distintas provincias y continúan “algunas situaciones de desigualdad y discriminación” en el acceso de las mujeres a contraceptivos y consejería. En Catamarca, por ejemplo, apenas cuatro de cada diez centros de salud entrega métodos. Y en la provincia de Buenos Aires, no llegan a ser siete de cada diez. Además, seis de cada diez embarazos no son buscados. Los datos surgen de un informe oficial sobre el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que se presentó ayer, al cumplirse ocho años de su implementación, donde se realiza un balance, con luces y sombras, avances y desafíos. “Preocupante por su dimensión es el incremento de abortos inducidos entre las adolescentes. Mientras los egresos hospitalarios por embarazos terminados en aborto muestran una tendencia decreciente en el grupo total de mujeres, el porcentaje de menores de 20 años que egresan con este diagnóstico registró, en los últimos años, una tendencia ascendente”, advierte el informe. En 2000, un 9 por ciento de las hospitalizaciones por complicaciones por aborto inseguros correspondió a jóvenes de 15 a 19 años. En 2007 había ascendido al 15 por ciento.

“La mayor proporción de interrupciones del embarazo y el incremento de la tasa de mortalidad materna entre las mujeres jóvenes subraya la necesidad de acentuar la puesta en práctica de la Ley de Educación Sexual Integral, las Consejerías Integrales en Salud Sexual y Reproductiva, las políticas frente al abuso sexual y remover las barreras de acceso a métodos anticonceptivos para adolescentes”, señaló Paula Ferro, titular del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Una de las novedades del programa es que desde allí se está promoviendo la consejería pre y post aborto como una política de reducción de daños y riesgos para evitar que las mujeres se mueran o tengan secuelas en su salud por interrumpir embarazos con métodos inseguros frente a los embarazos no deseados, un modelo que nació en Uruguay y que se aplica con éxito desde hace varios años en el Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich, de la ciudad de Buenos Aires. Si enfrentan un embarazo que no quieren proseguir, los médicos les hablan en el marco de la consulta sobre los métodos más seguros para interrumpirlo, como el uso de la droga misoprostol, y les advierten sobre los riesgos de recurrir a técnicas precarias. Además, se les brinda atención luego de que por su cuenta llevaron adelante un aborto a fin de que no sufran hemorragias ni infecciones. “Uno de los desafíos es ampliar el modelo de reducción de riesgos y daños en embarazos no deseados aprendiendo de nuestros hermanos uruguayos”, dijo el subsecretario de Salud Comunitaria, Guillermo González Prieto.

La imperiosa necesidad de reducir la mortalidad materna (MM), particularmente las muertes por abortos inseguros –primera causa individual de MM–, es una de las asignaturas pendientes, coincidieron en el encuentro de ayer González Prieto y Virginia Franganillo, directora del Observatorio de Pobreza y Género, y Cristina Zurutuza, del Consorcio Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders), una red de ONG que monitorean el funcionamiento del programa. En 2009, las muertes por abortos inseguros representaron el 21 por ciento del total de MM. Una investigación realizada con el apoyo del Ministerio de Salud estimó que cada año se producen entre 372 mil y 522 mil abortos inducidos en el país. El Pnssypr nació en 2003, durante la gestión del ex ministro de Salud Ginés González García, en cumplimiento de la Ley 25.673, sancionada un año antes, que entre otros puntos obliga al Estado a comprar anticonceptivos y distribuirlos en todo el país, además de garantizar el acceso a consejería para que las mujeres –y los varones– puedan decidir si quieren tener hijos y en qué momento.

Durante la gestión de Ferro se mejoró la distribución de anticonceptivos desde la Nación a las provincias. A partir de 2010, se envían a los centros de salud y a los depósitos de las provincias través del Programa Remediar. En 2007, por Resolución Ministerial 232/07, se incorporó la anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) –o píldora del día después–- entre los métodos que se entregan gratuitamente y debería estar disponibles en todas las guardias médicas, aunque todavía casi un 30 por ciento de los hospitales no las ofrecen, de acuerdo con datos oficiales.

El informe del Pnssypr indica que 983 de los 1051 hospitales públicos del país entregaron anticonceptivos en 2010, pero solo en 776 guardias brindan AHE.