“Torturas, violaciones y robos cometidos por policías en allanamientos violentos y sin órdenes. Detenciones sin razón y desapariciones. ¿Qué es eso sino terrorismo de Estado?”, se preguntó Moira Millán. Junto con un grupo de pobladores de la localidad chubutense de Corcovado, viajó hasta la ciudad de Buenos Aires para denunciar las “vejaciones a los derechos humanos” que la policía y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Chubut cometieron a principios de marzo por las calles del pueblo, bajo la excusa de la búsqueda de un joven prófugo que burló durante al menos dos años las garras de sus captores. Millán tuvo que encadenarse a las rejas del Ministerio de Justicia nacional para lograr que la recibieran. Tras la entrevista, el ministro Aníbal Fernández prometió “tomar cartas en el asunto inmediatamente” y enviar a funcionarios de la cartera al pueblo para iniciar la investigación correspondiente.

“Necesitamos que el país se entere. Lo que las familias de Corcovado sufrieron no puede volver a ocurrir”, apuntó Millán a Página/12, antes de relatar lo ocurrido entre el 8 y el 16 de marzo en ese pueblo de frontera chubutense. La policía buscaba a Daniel Bustos, un joven que se había escapado de prisión días después de haber sido condenado por la muerte de su hijo. Bustos había pautado su entrega en la casa paterna, en Corcovado, pero “los policías armados que empezaron a abrir las ventanas sin que haya todavía llegado el abogado lo asustaron y se fue corriendo. Sus hermanos lo siguieron”, relató Marta Penchulef, madre de todos los hermanos. La persecución culminó con uno de los hermanos de Bustos muerto, otro herido y uno más detenido. Del prófugo, sus padres nunca más tuvieron noticias. También murió un efectivo de la policía.

“Con la excusa de que buscaban a Daniel allanaron más de veinte viviendas del pueblo con una brutalidad impresionante, torturaron a sus habitantes, violaron a las mujeres”, explicó Millán. A partir del 9 de marzo, los efectivos policiales dieron un paso al costado y se ubicaron como “apoyo” de los efectivos del GEOP. “Tomaron la radio local y por allí declararon que la ciudad entraba en estado de sitio. Nadie podía permanecer en la calle pasadas las 22. Durante siete noches fue un terror total”, relató.

Y eso no es todo. El 11 de marzo, Luciano González, de 42 años, estaba charlando en la calle con un amigo en Cerro Centinela, un pueblo mapuche ubicado a 15 kilómetros de Corcovado que también estuvo bajo control del GEOP, cuando ambos fueron detenidos. “Los trasladaron hasta Trevellin, a 70 kilómetros de Corcovado, los separaron y los torturaron. De Luciano no se sabe más que lo que dijeron algunos testigos, que lo vieron en la comisaría”, remarcó Millán. Continúa desaparecido.

El hecho, que significó el punto cúlmine de la violencia policial, fue denunciado a la Justicia provincial, así como los allanamientos, torturas y violaciones. Sólo once de las más de veinte familias que fueron atacadas se animaron a dar testimonio. Esas denuncias recayeron sobre las fuerzas de seguridad: “No se puede identificar a las personas que participaron porque siempre iban con la cara cubierta, pero la gente no tiene dudas porque reconocieron sus uniformes. Fue el GEOP”, comentó la militante del Frente Mapuche Campesino. El gobierno municipal hizo oídos sordos a los reclamos. El gobierno provincial los negó rotundamente.

Por esa razón recurrieron al gobierno nacional. Hasta ayer, no bastaron los pedidos formales de entrevistas ni la conferencia de prensa que ofrecieron el jueves en la sede de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Cuando ayer a la mañana los funcionarios del Ministerio de Justicia se negaron a recibirlos, Millán, dirigente del Frente Campesino Mapuche, se encadenó al edificio ministerial. Recién entonces logró la audiencia. En su despacho, Fernández “prometió investigar hasta las últimas consecuencias” lo ocurrido. El miércoles 20 viajará a Chubut Leandro Jarsún, coordinador del Programa Antiimpunidad, dependiente del Ministerio de Justicia.

Como ejemplo de la brutalidad policial, Millán relató a este diario uno de los casos denunciados: “Un grupo de policías encapuchados entró en una vivienda donde estaban una mamá, su hijo de 12 años y su hija, de 8, que se estaba duchando. Tiraron la puerta abajo, golpearon a la mujer y a su hijo, los tiraron al suelo y les apuntaron con un arma. Sacaron a la nena de los pelos de la ducha, desnuda, y abusaron de ella delante de la madre”.

Informe: Ailín Bullentini.