El domingo por la noche, los indicios de un posible abuso cometido contra la hija de una interna hicieron que las mujeres de los pabellones de madres reclamaran respuestas a las autoridades de la Unidad 33 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Los Hornos. En lugar de atención del área de sanidad, las presas encontraron la intervención del Grupo Especial Antimotines –enteramente conformado por agentes penitenciarios varones, por lo que su presencia viola lo dispuesto por la legislación–, que no sólo ingresó en la zona de control del pabellón, donde sucedía el reclamo, sino que también reprimió a embarazadas y mujeres con niños pequeños, sirviéndose de balas de goma, palos y gas picante. Casi inmediatamente después de que comenzara la represión, familiares de algunas internas alertaron al Comité contra la Tortura, de la Comisión Provincial de la Memoria. Cuatro de sus integrantes acudieron a la unidad y comprobaron que quince de las presas estaban heridas, “la mayoría de ellas embarazadas, y el resto con chicos a cargo”, detalló a Página/12 Laurana Malacalza, de la Comisión.

Las internas habían recibido golpes en la cabeza, el rostro, el vientre, también impactos de balas de goma en las piernas. El detalle consta en la denuncia radicada en el Juzgado de Ejecución Nº 2 de La Plata, a cargo de José Nicolás Villafañe. La madeja de acusaciones devela una serie de situaciones padecidas por las 177 presas que, aun cuando reúnan condiciones para acceder al arresto domiciliario, permanecen como internas en una unidad que comparten con 25 embarazadas y 86 niños menores de 5 años.

“Las mujeres manifestaron que fueron esposadas, golpeadas con palos por entre cuatro o cinco agentes masculinos, y arrastradas de la zona de control hasta el ingreso” al pabellón, reza la denuncia. Una vez comenzada, continúa la presentación judicial, “según explicaron las propias detenidas, la represión fue indiscriminada y violenta”, lo que explicaría algunas de las heridas detalladas: “dos cortes en la cabeza”, “duramente golpeada en la columna por personal penitenciario masculino que usó palos y escudos” (en este caso, la agredida cursa un embarazo avanzado), “inflamación en el ojo derecho y el ojo izquierdo producido por golpes en su rostro”, “tiros en la pierna derecha”, “patadas en la panza” (dadas a otra embarazada), “ocho heridas de posta de goma”, “golpes en el hombro izquierdo, mano derecha, espalda”. A la enumeración se suman fragmentos de declaraciones hechas por las internas, como aquella que señaló que “personal de seguridad efectuó tiros en la puerta de contención del módulo y en las ventanas del pabellón donde se alojan los niños y las mujeres embarazadas”.

No todos los aspectos de la convivencia y la cotidianidad de madres presas con sus hijos están reglados. Niños y niñas cuyas madres cumplen condenas (o las esperan) en Los Hornos asisten al jardín maternal de la unidad que, en realidad, está reservado para hijos e hijas de agentes penitenciarias. De lunes a viernes, una niña sordomuda de tres años, que reside en la cárcel junto a su madre, asistía a esa guardería. La semana pasada la chica comenzó a quejarse de molestias en la zona anal y vaginal, por lo que su madre la llevó a la unidad sanitaria (“sanidad”) del penal. Los pediatras diagnosticaron un cuadro parasitario, indicaron y entregaron una crema que la madre debía aplicar en la zona. Las molestias no cesaban. El fin de semana pasado, sacada del penal por unos familiares, la nena seguía con los malestares, por lo que fue llevada a una consulta en el hospital de Morón, donde personal médico indicó que la niña podría haber sido abusada. Tras ese diagnóstico, la madre fue llevada al hospital, mientras que sus compañeras de unidad, enteradas de la situación, comenzaron a acercarse al ingreso del pabellón para exigir explicaciones y respuestas a las autoridades penitenciarias y de salud. Esa fue la situación que llevó a los responsables de la unidad a dar intervención a Antimotines, aun cuando se trate de algo vedado legalmente.

“Los agentes antimotines aparecen ante el reclamo de las mujeres de que haya explicaciones del área de sanidad, por la situación de abuso y también por un reclamo de modificaciones estructurales en el área de salud, de atención médica para las embarazadas y las mujeres que viven allí con sus hijos”, explicó a este diario Malacalza. “A ese reclamo se suma la deficiencia en el régimen de alimentación y la falta de controles médicos.”

El posible abuso sexual, a falta de elementos probatorios, posiblemente no sea objeto de una denuncia judicial. Al menos hasta ahora no lo ha sido. “Pero más allá de eso –explicó Malacalza–, lo que pasó evidencia el clima de inseguridad y vulnerabilidad que viven las mujeres detenidas, porque ante esta situación, o ante las situaciones de pérdida de embarazo, o de muerte de niños, como ha sucedido, la reacción da cuenta del malestar que existe desde hace mucho tiempo en la unidad”, donde hasta la atención médica depende de la intermediación de los agentes de seguridad. “De esa manera, el derecho a la salud forma parte del sistema de premios y castigos. Si los agentes penitenciarios no las quieren sacar del pabellón, no las sacan. Y esto además hay que pensarlo en la estructura penitenciaria, donde hay bastantes rejas que ir abriendo hasta lograr el acceso: la de la celda, la del pabellón, la de los módulos, las de los pasillos...”.