Un conjunto de organizaciones sociales de todo el país que trabajan con problemáticas relacionadas con la vivienda comenzaron a delinear un anteproyecto de Ley Nacional de Hábitat con el objetivo de “reafirmar la vivienda y el hábitat como derechos de todos los ciudadanos argentinos” y para “ordenar” las distintas propuestas y proyectos que desde cada nivel de gobierno se intente aplicar para solucionar los conflictos relacionados con el tema. “Más allá de la ley, la intención es instalar en la agenda pública el debate acerca de las necesidades habitacionales que padece un importante sector de la población en la agenda pública, para que sea asumido en la agenda política. Nadie nos corre para sacar la ley, lo importante es que en los hogares argentinos se reconozca y se hable de estos problemas”, apuntó Fernando Ojeda, referente de una de las organizaciones que integra la Red Hábitat Argentina, cuna donde nació la idea. Si bien el documento cuenta sólo con sus lineamientos generales, el conjunto de colectivos lo presentó a los presidentes de las comisiones de Vivienda tanto de Diputados como de Senadores, los que se comprometieron a trabajar con el grupo.

“No es echarle la culpa al Estado, sino hacer que tome conciencia de lo grave que es la situación del país en cuanto a política habitacional”, puntualizó Ojeda, que integra la Asociación Civil El Ceibo –trabaja con habitantes de casas tomadas en el barrio porteño de Palermo–, fundadora de la Red Hábitat Argentina en 1997, de donde surgió la idea de elaboración de la ley, poco tiempo después. El objetivo primordial es generar “un conjunto de criterios básicos que rijan la legislación relativa al hábitat en todo el país, para evitar que se produzcan los enormes desequilibrios que existen hoy”, remarcó José Alberto Rocha, referente del Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la provincia de Buenos Aires (Fotivba), que participa del proyecto casi desde sus inicios.

El gran grupo lo completan cooperativas de vivienda de todo el país y algunos profesionales vinculados con la problemática, el Frente de Personas en Situación de calle, la Federación Tierra y Vivienda y la Alianza Internacional de Habitantes, entre otras. La senadora de Tierra del Fuego María Ros Díaz participa de las reuniones de forma activa, aunque aseguró no ser la impulsora del proyecto.

El primer paso es fijar los lineamientos principales que permitan comprender las numerosas aristas que integran la problemática habitacional en la que están sumidos varios millones de argentinos, para luego poder abarcarlas. “Luego se avanzará sobre los puntos específicos que regulen el acceso al suelo y su uso, el ordenamiento territorial y demás especificidades que aparecen siempre en la discusión. Pero lo principal es pensar en puntos generales que sienten las bases para hacer efectivo el derecho que todos tenemos a vivir en un lugar digno”, aseveró Rocha. Así, aunque pocos, los lineamientos principales impulsan una modificación sustancial respecto de la forma en que se trabaja la problemática habitacional actualmente en el país.

El primer punto refiere a la elaboración de una política nacional de desarrollo territorial y hábitat que, sin afectar la autonomía de cada uno de los niveles de gobierno, “evite que cada quien vaya para el lado que le parezca”, sostuvo Rocha. Una especie de guía a la que se deban adecuar cada una de las propuestas diseñadas para promover soluciones a la problemática en sus diferentes aristas: vivienda, mejoramiento de barrios, infraestructura, servicios, falta de integración social.

En esa política habitacional, el anteproyecto exige que el Estado planifique, promueva y articule medidas que apunten a “compensar la lógica de mercado”. Rocha explicó que “no se está pidiendo la eliminación de la propiedad privada, sino la participación del Estado como regulador en este ámbito para evitar la acumulación ociosa de la tierra en pocas manos. No se puede permitir que haya gente hacinada en un asentamiento y, a pocos metros, miles de metros cuadrados desabitados”.

Ambos puntos se relacionan con el establecimiento de la “función social de la propiedad”, tercer pilar del proyecto, que se convierte no sólo en la columna vertebral que da sentido a los demás criterios del documento, sino que excede lo meramente conceptual. “Se busca reafirmar aquello que dice la Constitución, de que cada persona tiene derecho a tener una vivienda y que existan criterios con los que las personas que no cuenten con ese derecho se puedan valer frente a la Justicia –detalló Ojeda–. La Justicia responde cuando el derecho a la salud o a la educación no se cumple. Cuando se falta al derecho a la vivienda, no presta atención. Eso se busca cambiar.”

El anteproyecto es el resultado de más de una década de trabajo, aunque los referentes de las organizaciones no demuestran agotamiento. “Nadie nos apura. Queremos que todos sepan de lo que hablamos. Primero, porque son muchísimas las personas que sufren estos problemas, pero además porque le puede pasar a cualquiera. Lo principal ahora es involucrar a todos en el debate, para avanzar todos juntos después”, opinó Ojeda.