El juez que buscó anular el matrimonio de Damián Bernath y Jorge Salazar sufrió ayer no uno, sino tres reveses, a cual más grave. En primer lugar, la jueza porteña Elena Liberatori incautó en el Registro Civil el acta matrimonial donde consta la boda, mientras que los cónyuges le entregaron voluntariamente su libreta de familia, para resguardarla. En segundo, Liberatori libró un oficio al juez Félix de Igarzábal para que se inhiba de seguir adelante con la causa en la que dictó la anulación, y entregue en su juzgado el expediente. En tercero, la misma jueza denunció a De Igarzábal ante el Consejo de la Magistratura porteño, y también ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. La magistrada confirmó todas las gestiones en diálogo con este diario, al tiempo que explicó los motivos de sus decisiones. “Me gustaría que fuese comprendido en toda su dimensión: lo que hizo el juez (Félix de) Igarzábal es jurídicamente aberrante. Y además conmueve y perjudica la confianza que los ciudadanos tienen que tener en las instituciones de la Justicia. Una actuación como la que exhibe este magistrado es mal desempeño y desconocimiento del derecho.”

Las actuaciones de ayer se adelantaron, así, a los posibles efectos del fallo que De Igarzábal dictó como titular del Juzgado Nº 85 de la Cámara Civil de la Nación, y con el que buscó intervenir sobre el fuero contencioso administrativo porteño, en el cual Liberatori tiene a su cargo el tribunal Nº 4.

La magistrada indicó a Página/12 que “fue incautado el libro del acta matrimonial en cuestión, para evitar que jueces incompetentes estén interviniendo o tomando decisiones con relación a los efectos de mi sentencia. Se trató de una medida en resguardo de mi sentencia. Para permitir que nuestra Justicia y nuestro fuero puedan trabajar tenemos que andar tomando previsiones inéditas. Ahora tenemos que estar previendo que otros magistrados de otras jurisdicciones y que no tienen nada que ver en un expediente estén tomando decisiones que cambian nuestras resoluciones. Eso y recibir la libreta de familia, que los propios cónyuges entregaron al juzgado para ser custodio del documento, no es más que un acto de resguardo”. Con esas medidas, la jueza dio lugar a un pedido que el día anterior había realizado, en nombre del matrimonio, la abogada Florencia Kravetz.

“El juzgado de Liberatori es el único al que le reconocemos competencia –señaló por su parte la abogada–. Y por otra parte, para mí, que no estoy notificada de la sentencia de De Igarzábal, sigue firme el matrimonio de Bernath y Salazar. El acta está a disposición del juzgado de Liberatori, pero ellos siguen legalmente casados.”

También fue a pedido de Kravetz que Liberatori resolvió pedir a De Igarzábal que se abstuviera de continuar adelante con el expediente de anulación, iniciado por la demanda del abogado Ernesto Lamuedra. La resolución solicita al juez nacional que abandone sus intervenciones en el pedido de anulación y entregue el expediente a Liberatori, con lo cual la jueza hace uso de una figura habitual de los procesos judiciales para dirimir fueros competentes. De Igarzábal, que fue notificado en la mañana de ayer, tiene sólo dos posibles respuestas: o aceptar la inhibición y enviar el expediente al juzgado de Liberatori, o pedir a la Corte Suprema que dirima el conflicto de jurisdicciones abierto con su sentencia.

–¿Por qué se dirigió al Consejo de la Magistratura porteño y también al nacional en este caso? –preguntó Página/12 a la jueza.

–Envié oficios al Consejo de la Ciudad de Buenos Aires porque hay una ley porteña que pone a cargo del Consejo la obligación de velar por la independencia judicial, que entiendo que ha sido avasallada por mi colega del fuero civil nacional. Y también libré un oficio al Consejo nacional a los fines de que eventualmente intervenga con respecto a la intromisión en que incurre este magistrado, al intentar anular mi resolución desde un Poder Judicial extraño, porque es magistrado de la Nación, no de la Ciudad. Me gustaría que fuese comprendido en toda su dimensión: lo que hizo el juez De Igarzábal es jurídicamente aberrante. Y además conmueve y perjudica la confianza que los ciudadanos tienen que tener en las instituciones de la Justicia. Una actuación como la que exhibe este magistrado es mal desempeño y desconocimiento del derecho.

–¿Cuáles son los plazos para la respuesta de De Igarzábal?

–El pedido fue en la mañana (de ayer miércoles), se lo comunicamos mediante oficio. Pero tiene que ser pronto, no hay mucho por resolver: es entregarme el expediente o no, y en ese caso remitirlo a la Corte Suprema. Pero debe ser pronto. Es una cuestión de gravedad institucional. Hasta el viernes voy a aguardar la respuesta.

–¿Tuvo repercusión la sentencia de De Igarzábal en el fuero porteño?

–Sí, y cuento con un amplísimo y cálido respaldo de todos mis colegas del fuero contencioso administrativo de la ciudad. No hay que olvidar que esta actuación de la Justicia civil tiene también un precedente en el caso de Freyre y Di Bello, en el que había fallado la doctora Gabriela Seijas (cuya intervención habilitó judicialmente el primer casamiento entre varones de Argentina). Quiero decir que ya hubo un avasallamiento similar a éste (NdR: el mismo juzgado que ahora pretende anular el matrimonio de Bernath y Salazar obligó a suspender la primera fecha de casamiento de aquella otra boda.) Es la segunda vez que se nos desconoce. Es como que yo vaya al juzgado de De Igarzábal, donde supongo que se resuelven divorcios, y diga “no, este divorcio es nulo”, “aquel otro divorcio también es nulo”, “tal otro es nulo porque vino Don Pepe de la otra cuadra y dijo que el orden social está alterado por esta sentencia de divorcio”. Es aberrante lo que ha pasado, y no entiendo cómo no hay una reacción generalizada que diga “qué jueces tenemos”. Esto responde a otro juego de intereses y presiones. Está claro, a esta altura. A mí me gustaría conocer a este ciudadano tan preocupado por la vida de los demás que presentó la demanda a De Igarzábal. Ese ciudadano estará preocupado por las vidas, pero no por los derechos de los demás. Creo que son profesionales de esto, además de ser funcionales a otros intereses.

Informe: Flor Monfort.