El arco tallado en piedra y los dos leones que lo custodian al pie señalan la frontera de un barrio en estado de ebullición. Los vecinos del Bajo Belgrano sienten que les borronearon su identidad. Aducen que una marea sin control de inversiones chinas le cambió el carácter residencial por otro muy comercial. Las razones hay que buscarlas en cómo el gobierno porteño estimula el conflicto entre quienes resisten organizados y los grandes intereses que le cambiaron la fisonomía a un puñado de cuadras, entre las vías del Ferrocarril Mitre y la Avenida del Libertador. Para los que protestan, “grandes importadores y supermercadistas pretenden apropiarse del espacio público, presionan, incumplen las leyes y están arruinando el barrio”. En la Cámara que reúne a los autoservicios chinos, Casrech, desconocen la dimensión de las denuncias y sugieren que, si existen, “deberían presentarse ante la Agencia Gubernamental de Control”.

Una carta abierta dirigida al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, reseña las tribulaciones de los vecinos. “No queremos un comercio invasor, depredador ni corporativo. En nuestras calles se han destruido 32 árboles en los últimos dos años. Los grandes supermercados producen toneladas de basura, porque aquí se venden y procesan toneladas de pescado a pesar de que está prohibido faenar este volumen en un barrio residencial. Cada vez es más difícil atravesar el barrio, los embotellamientos son frecuentes. Hay depósitos clandestinos a los que llegan de noche enormes containers que claramente nada tienen que ver con el pequeño comercio...”

Miguel Angel Calvete, el secretario general de la Casrech, sostiene que los comerciantes del barrio “son más bien mayoristas y si hay denuncias contra ellos, no estoy al tanto de qué se tratan. Imagínese que la Cámara tiene 4877 asociados chinos. Nosotros estamos trabajando la imagen, tenemos una preocupación permanente y esto que pasa nos duele”.

Enrique Banfi es el presidente de la asociación civil Vecinos de Belgrano, creada en 2009. Psicoanalista y artista plástico, su centenaria casa de la calle Mendoza está rodeada de negocios orientales y carteles que combinan nuestro alfabeto con los ideogramas. “Está claro el conflicto con los comerciantes chinos, pero también la inacción del gobierno porteño. Las dos cosas son graves. Para mí, los funcionarios hacen la vista gorda frente a las denuncias de los vecinos y lo que se ve en la calle. Nosotros estamos cansados de trabajar como inspectores.”

Una de las denuncias más graves, no obstante, provocó una inspección conjunta de la Agencia Gubernamental de Control al depósito de productos alimenticios de Mendoza 1648/58. El 11 de diciembre del año pasado, se decomisaron allí 1247 kilos de mercaderías que estaban vencidas. Además se comprobaron otras irregularidades: el local tenía permiso como salón de ventas y funcionaba como sitio de acopio, había cables de 220 voltios expuestos sin protección y carecía de la ventilación reglamentaria. Al lado de este depósito donde los vecinos comprobaron que al menos ingresaron dos enormes containers, atiende curiosamente un restorán de comida japonesa.

Un volante que repartieron en el barrio decía que la propiedad es de grandes supermercadistas de la zona. “También se descubrieron comunicaciones clandestinas entre diferentes locales comerciales. Las comunicaciones habían sido tapiadas para impedir que los inspectores descubriesen el cargamento de comida vencida”, sostenían los vecinos. Un par de semanas antes de ese operativo, la Dirección General de Defensa del Consumidor había aplicado multas a 28 locales por unos cinco millones de pesos. Las 94 actas que se labraron fueron por falta de exhibición de precios, rotulados y vencimientos de los productos, el origen dudoso de las mercaderías y la venta de medicamentos fraccionados.

La situación comenzó a ponerse espesa por las sistemáticas denuncias de la asociación Vecinos de Belgrano que encabeza Banfi. Sus integrantes están en contacto por correo electrónico y en los últimos mensajes que intercambiaron se quejan por un zumbido insoportable de los compresores de aire acondicionado de supermercados y restoranes.

“Si seguimos en esta línea quizá se les termine un negocio de millones de dólares”, afirma el psicoanalista, que en el amplio living de su casa acumula varias carpetas con la frondosa documentación de sus denuncias. Lo acompaña el restaurador Gabriel Goizueta, quien le apunta al jefe de Gobierno: “Lo que molesta es la imposición de Macri. Un barrio se va generando con el tiempo, con la diversidad de culturas, con la tranquilidad del paso de los años. Esto, en cambio, es imponer un comercio grosero y agresivo que pasa por sobre todas las leyes, al que nada le importa”.

El declive del barrio que ellos describen se profundizó durante los años que lleva el PRO gobernando en la ciudad. Aunque paradójicamente coincide con la popularidad que adquirió la zona por los festejos del año nuevo chino, que en 2010 reunió a unas 50 mil personas el 14 de febrero pasado. Banfi y Goizueta no se mudaron ni cuando les ofrecían por sus propiedades un 20 por ciento más de su valor. Tampoco cuando la asociación vecinal que integran empezó a recibir ataques luego de sus campañas contra ciertos comercios, como el supermercado Casa China.

En una nota que los vecinos le presentaron al jefe de la comisaría 51ª el 15 de enero, comisario Daniel Luis Crisci, afirman que “la primera agresión ocurrió el domingo 20 de diciembre y fue consecuencia de la difusión que se estaba dando a un allanamiento realizado en un depósito clandestino de la zona... El grupo atacante estaba compuesto por varias personas vinculadas al depósito y a los supermercados Casa China. El ataque fue realizado con total impunidad y premeditación contra un grupo de vecinos...”

El 30 se repitió la situación ante funcionarios de la Dirección de Arbolado de la ciudad que demarcaban lugares para replantar numerosos árboles faltantes en el barrio. “Mientras esto ocurría, uno de los dueños de este supermercado insultaba a los vecinos y funcionarios que estaban trabajando. Delante de todos los presentes, sin mediar motivo aparente alguno, una de las personas participantes de este grupo de presión golpeó a una vecina, vocal de nuestra asociación”, sostiene la denuncia.

La carta abierta enviada al jefe de Gobierno el 24 de noviembre de 2009 y un petitorio firmado por mil vecinos que planteaban “el desarrollo comercial desmedido del barrio...”, nunca obtuvieron respuesta de las autoridades porteñas. Sospechan que los intereses del grupo Macri en China tienen algo que ver. Y le atribuyen una cuota de responsabilidad determinante a Rodrigo Herrera Bravo, quien trabaja en el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE) que está elaborando el plan Buenos Aires 2016. Lo acusan de hacer lobby para los intereses que ellos cuestionan: “Nosotros descubrimos que el macrismo está involucrado en esto por Herrera Bravo. Es un lobbista de los chinos, un ex diputado que lo único que hace es promover proyectos que los favorecen en la Legislatura”, denunció el presidente de la asociación Vecinos de Belgrano.