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El 14 de enero, Baradero estaba en boca de todos. En su autódromo municipal, los ganadores del Rally Dakar se abrazaban en llanto luego de terminar allí la extenuante carrera. El año pasado, cuando no estaba definida aún la ciudad de cierre del Dakar, en Baradero se corría el rumor de que su polémico intendente, Aldo Carossi, negoció con Macri obtener el Dakar a cambio de aceptar recibir el traslado de la Villa 21. Carossi lo desmintió para peor, en la FM Tiempo, la radio del procesado por delitos de lesa humanidad César Scollo. “¿Vamos a traer el asentamiento de lo peor de lo peor? ¿Del paco, de la marihuana, de la cocaína, de la guerra de los peruanos por el narcotráfico?” Después, acusó a la oposición de “faloperos”.

Baradero, la del cierre del Dakar, es la misma que nueve meses antes fue escenario de la muerte de dos chicos, Giuliana Jiménez y Miguel Portugal, atropellados por la camioneta de un policía de tránsito que los perseguía por no usar casco. A juzgar por la reciente muerte de Lucas Rotella, la coartada de proteger la vida, sirve.

Al día siguiente de la muerte de Giuliana y Miguel, el gobernador Daniel Scioli se hizo presente para dar su “máximo compromiso para que se esclarezca”. Casi un año después, Margarita Ayala, madre del chico Miguel, recordaba que la causa judicial por la muerte de su hijo y su novia está dormida, y reclamó justicia.

Después de la muerte de los dos chicos, el 21 de marzo de 2010, la irritación sacudió a los más jóvenes y terminó en una protesta que muchos aprovecharon y que derivó en el incendio del edificio municipal, del Concejo Deliberante, del Registro Civil, del Juzgado de Faltas y de la radio FM Tiempo. Los focos no fueron casuales: todos concentraban el poder y la corrupción municipal. Unos por ser sedes de recaudadoras de las infracciones de tránsito; otros, como la radio del procesado por delitos de lesa humanidad César Scollo, por ser la voz publicitaria de Carossi. Costó que Baradero volviera a la calma. Carossi debió realizar algunas movidas de peones, cambios que no modificaron nada: de hecho, agravaron. Como en los incendios, del calor de las cenizas renació el fuego. El 12 de febrero, un policía comunal apeló al paradójico ilusionismo de perseguir las infracciones hasta las últimas consecuencias. Mató a Lucas y faltó poco para que quemaran la intendencia.

Rambo Franzoia

Tras aquel día de los incendios, Carossi aseguró que atacaría el mal de raíz pero se dedicó a podar las ramas: desplazó a uno de los dos jefes de la Comunal, Oscar Gómez, que fue trasladado a San Nicolás, y dejó al restante solo, o sea, ocupando los dos asientos. El del unicato era Raúl “Rambo” Franzoia.

En aquella situación incendiaria, Carossi tuvo que soltarle la mano al jefe de la policía municipal, Pablo Scarfoni, y disolver su equipo de inspectores, pero colocó como directora de Tránsito a la esposa del desplazado comisario Gómez, una abogada que ya venía participando en la Municipalidad, y a Rambo con los Comunales de la Bonaerense, lo puso a controlar la delincuencia infractora de tránsito. Lo mismo que mandar a un bombero con extinguidor de nafta. De hecho, mandaba a controlar el tránsito a sus soldados con cartuchos de munición de guerra.

El apodo de Rambo no se construyó necesariamente en Baradero, pero sí el hombre lo fue solidificando a fuerza de golpes.

“Mi idea de trabajo en materia de seguridad es tener tolerancia cero”, aseguró Franzoia el año pasado, con todo el aval de su socio, el intendente. La aclaración no hacía falta. En 2007, antes de subirse al podio de la Comunal, Rambo ya cargaba unas cuantas denuncias ante la fiscalía, todas convenientemente adormecidas por el tolerante calor siestero.

Al intendente, más que resolver el caso de Giuliana y Miguel, le interesaba ir en busca de los que le quemaron el sillón. En última instancia, la falta de investigación y la presión policial son indicios para los testigos díscolos. Un mes y medio después del incendio de la Municipalidad, Rambo, a cargo de todos los procedimientos de detención de personas que intervinieron en la revuelta, encabezó un allanamiento en busca de un muchacho. Llegaron a las 8 de la mañana a una casa de la calle Antonio Chala, de Baradero. Lo acompañaban cinco uniformados, todos masculinos, como diría el parte. Golpearon. En la casa se encontraba durmiendo la hermanita del buscado, de apenas 14 años. Según la denuncia de la madre de la nena, su hija creyó primero que era su padre que había olvidado algo y se dirigió a abrir la puerta en ropa interior, pero cuando descubrió que era la policía no quiso abrir, corrió al dormitorio e intentó avisar por celular a su madre. A Rambo no le costó mucho abrir la portezuela.

Entraron, arrojaron a la nena a la cama, la manosearon supuestamente buscando armas, la esposaron por la espalda y recién entonces llegó una mujer policía que se dedicó a intentar arrastrar a la nena, esposada, que se obstinaba en agarrarse con las piernas de unos fierros para que no la subieran al patrullero y gritaba (según relató un testigo), mientras la femenino le decía “estúpida, lo que tengas que decir me lo decís en la comisaría”.

“La llevaron detenida por resistencia a la autoridad. Qué resistencia puede ofrecer una nena de 14 años a 15 policías. Recordaba las épocas de la dictadura”, sostuvo en aquel momento el defensor general de la jurisdicción, Gabriel Ganón, quien hizo pública la denuncia. A las cuatro horas la peligrosa inimputable recién pudo ver a la madre, que llegó a la comisaría. Hasta ese momento se había negado a que le quitaran las esposas para que su madre viera el maltrato. Tenía las muñecas marcadas y muy hinchadas cuando la mujer la vio.

Para que la tolerancia cero policial sobreviva requiere no sólo de una oficina de Asuntos Internos que mire al exterior, sino también de una contraparte de tolerancia diez judicial, una especie de garantismo oblicuo, es decir, dejar que se pegue. El fiscal de San Pedro sostuvo que a la nena le pusieron las esposas “por cuanto se encerró en su habitación, lo que constituye resistencia a la autoridad (...) que el enrojecimiento en las muñecas coincide con las esposas que le colocaron por el grado de excitación que evidenció la menor”. El fiscal agregó que además la nena “se negó a que le quiten las esposas para mostrarle a su progenitora cómo la estaban tratando, con lo cual ella misma contribuyó a lo sucedido”.

Para cerrar el círculo, el fiscal sostuvo que “habiendo actuado el personal policial dentro de las facultades que le corresponden, no se advierte con claridad la comisión de ilícito alguno”. Y archivó la denuncia. Si la edad de punibilidad hubiera sido 14 años, a la nena directamente la hubieran internado en un instituto.

A Lucas, de 19 años, nueve meses después, y por el mismo delito de resistir a la autoridad de espaldas, lo mataron.

La montada de Baradero

En Baradero la policía no tendrá destacamento de montada pero tiene un móvil pesado. En realidad, es un camión, propiedad de Rambo Franzoia. Un volcador. No lo compró en Baradero sino que lo hizo traer desde otros pagos. El chofer que lo llevó fue el ahora conocido Gonzalo “Rambito” Kapp, el oficial que conducía el patrullero el 12 de febrero y fuera detenido por balear a Lucas. En marzo, poco antes de las muertes de los dos chicos que terminaron con el incendio de la intendencia, Franzoia, en su versión de funcionario público, cedió gentilmente a la sociedad el uso de su camión privado. Gentilmente no quiere decir gratis sino de buena gana.

El 2 de junio saltó en un programa radial un contrato que Aldo Carossi había firmado con Franzoia. Una huelga de los recolectores de basura propició la firma. Carossi, a través del decreto 114 del 12 de marzo de 2010, es decir, pocos días antes del estallido, contrató “por razones de necesidad y urgencia” el aporte de Franzoia para prestar el servicio de recolección de residuos a partir del 13 de marzo, “con un (1) camión, estableciéndose en pesos ochocientos cincuenta ($850) por cada turno diario de ocho (8) horas en que se prestarán servicios”. El cálculo que hicieron en Baradero fue sencillo: en 25 días de recolección al mes, por un solo turno, obtendría 21.250 pesos.

Mientras los baraderenses eran (son) esquilmados en sus arcas por la sociedad de administradores y protectores, la ceguera empujaba a buena parte del pueblo a reclamar hacia fuera. El 10 de febrero pasado, el Centro de Comercio e Industria de Baradero sacó una solicitada sobre la inseguridad. Su presidente, el ex chacarero devenido supermercadista Francisco Pederiva, reconoció que hacía “45 días que estamos trabajando en el tema, pedimos que las autoridades se pongan a trabajar para darle un corte definitivo a esta ola de robos”. Obvio, se refería a los asaltos desde fuera. Cuestionaba a Franzoia, pero no para echarlo sino para endurecerlo. No hacía falta demasiado.

Unos días antes, el 4 de febrero pasado, la Asociación de Profesionales del Piñeiro sacó una solicitada para denunciar la “falta de insumos e infraestructura elementales” entre otras cuestiones. Para dar cuenta del marco contextual, el director del hospital es Raúl Genero, quien además ocupa el cargo de secretario de Salud de Carossi, es decir, ocupa el incómodo cargo de jefe de sí mismo. La solicitada derivó el lunes pasado en lo que podría tildarse como violencia de Genero, sin tilde, cuando el jefe de sí mismo se agarró a golpes de puño con el presidente de los médicos, Osvaldo Francisquelo. Unos días antes, el 10, el mismo día en que salía la solicitada de los comerciantes bramando contra la inseguridad, Lucas cumplía 19 años. Dos días después sería asesinado en un procedimiento tildado como “rutinario”, lo que lo ensombrece aún más. Cuando al chico lo trasladaron al hospital, no había banco de sangre para atenderlo.

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