Mauricio Macri prefirió asistir a un almuerzo de campaña en una fábrica de San Martín que declarar en la causa UCEP para la que había sido citado ayer. El jefe de Gobierno porteño pidió una prórroga en el Juzgado de Instrucción Nº 49 para postergar su indagatoria en la investigación que se sigue por la creación del grupo de choque que se caracterizó por desalojar con violencia a indigentes de las calles porteñas. Juan Pablo Piccardo, su ex ministro de Ambiente y Espacio Público –y actual titular de Subterráneos de Buenos Aires—, sí declaró por espacio de dos horas, aunque no trascendió el contenido de su exposición ante el juez Facundo Cubas. Es la segunda vez que Macri no concurre a la citación judicial. El 10 de diciembre pasado había sucedido lo mismo. Su deliberada ausencia fue repudiada por militantes de organismos de derechos humanos a las puertas del juzgado, ubicado en Lavalle 1171. Por idéntica razón, el bloque de diputados de Proyecto Sur anunció que presentará un pedido de interpelación en la Legislatura.

“Estamos aquí porque Macri debería presentarse a dar la cara. Hay muchas acusaciones por violar la dignidad del ser humano. Que existan estas patotas para desalojar gente nos retrotrae a los grupos de tareas, porque son muy parecidos. Tenemos que desterrar totalmente estas prácticas. El jefe de Gobierno estaba a la misma hora en un acto de campaña, por lo que demuestra que elude totalmente a la Justicia”, denunció Tati Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, durante un breve acto que organizó el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) porteño, simultáneo a las indagatorias.

A media mañana, a escasos metros del juzgado, departían en un bar Piccardo y uno de los abogados del estudio de Mariano Cúneo Libarona, que lo defiende en la causa. A esa hora no estaba claro si el ex ministro declararía, algo que cambió cuando una fuente del Juzgado Nº 49 confirmó que había aceptado la indagatoria. Macri, en cambio, optó por pedir una nueva prórroga. Al mediodía ya se encontraba almorzando en Loma Hermosa, partido de San Martín, con trabajadores de una fábrica. Lo acompañaba su primo, Jorge Macri, el principal referente del PRO en territorio bonaerense. Como es su costumbre, el jefe de Gobierno twitteó momentos después su presencia en la comida con afán proselitista. Estar en campaña puede provocar ciertas omisiones: en este caso, cumplir con una citación de la Justicia.

Su inasistencia al juzgado despertó más críticas de los asistentes al acto del Observatorio. Carlos Pisoni, uno de sus integrantes, declaró que “Macri con su UCEP demostraron ser violadores de los derechos humanos y además tener un desprecio total por las personas en situación de vulnerabilidad social”. Graciela Cisneros, una de las víctimas de la patota integrada con personal del gobierno porteño, estaba en la puerta del juzgado para corroborar con su testimonio cada una de estas denuncias. La mujer vive en la calle Pasco, debajo de la Autopista 25 de Mayo, junto a su compañero. A diez metros de donde ella duerme, el 1º de octubre de 2009 fue atacada por el grupo operativo que dependía de Espacio Público la embarazada Carla Baptista. Es una de las testigos que más comprometen a la UCEP.

Los 29 ex integrantes de ese grupo –presuntamente disuelto– todavía no declararon ante Cubas como estaba previsto en diciembre y las audiencias ya fueron reprogramadas dos veces. Continuarán pasado mañana y el 14 de marzo. Además de Macri y Piccardo, las dos máximas autoridades del gobierno porteño de las que dependía la UCEP, también serán indagados sus directores y coordinadores: Fabián Rodríguez Simón, Matías Lanusse y Jorge Cristian Polini. En la escala jerárquica del grupo los sigue quien solía dirigir los operativos callejeros, Luis “El Tano” Savoiardo. Entre los demás empleados hay una abogada, pequeños comerciantes y hasta un árbitro de fútbol de la AFA.

La UCEP se creó por el decreto 1232/08 y el 22 de febrero se cumplieron tres años de su primer operativo en Barrancas de Belgrano contra cartoneros del llamado tren blanco. Militantes de Proyecto Sur organizaron el martes pasado una actividad conmemorativa de aquella represión junto a vecinos del barrio y la repudiaron con consignas como “Calle libre de UCEP”. Claudio Lozano, el candidato a jefe de Gobierno de la agrupación que lidera Pino Solanas, anticipó que su bloque en la Legislatura “presentará un pedido de interpelación contra Macri”.

El jefe de Gobierno es patrocinado en la causa por el abogado Alejandro Pérez Chada, quien representó a Boca Juniors –el club que presidió Macri entre 1995 y 2007– en varios juicios.