El director general de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán recomendó al Consejo Superior, a través de un dictamen, aprobar una resolución que garantice que las personas transgénero que cursan estudios en las distintas facultades sean tratadas en las aulas y en los trámites administrativos por el nombre que han adoptado por su propia voluntad, en lugar del que figura en sus DNI. El dictamen, que lleva la firma del abogado Augusto González Navarro, responde a una presentación realizada por la ONG Crisálida, dedicada a la defensa de los derechos de la comunidad LGBT en Tucumán. “Hemos relevado a unas 35 alumnas trans en distintas facultades. Muchas de ellas sufren discriminación o son hostigadas en las clases por el hecho de ser llamadas por los profesores por su nombre legal”, señaló a este diario Gustavo Díaz Fernández, presidente de Crisálida.

Díaz Fernández espera que el tema sea discutido en el Consejo Superior de la UNT antes de la mitad del año. Algunos decanos ya le expresaron en conversaciones informales su apoyo a una resolución que avale el reclamo de la ONG, adelantó. Por el momento, sólo las facultades de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y la de Filosofía y Letras de la UBA tienen normativas que contemplan el derecho de estudiantes trans a ser llamados por el nombre elegido. Crisálida, una entidad conformada por graduados de la UNT, hizo la presentación en mayo de 2010 y en diciembre se firmó el dictamen jurídico favorable, que recién se conoce ahora. La ONG adjuntó en su reclamo presentaciones de dos alumnas trans, de distintas carreras de la Facultad de Arte, quienes en términos similares denunciaron “lo que consideran una situación de discriminación, agravio y malos tratos cotidianos resultantes del no reconocimiento de la identidad de género elegida” y concretamente solicitan que se adopten mecanismos mediante los cuales en la documentación interna a emitir por la UTN se hagan constar los datos identitarios adoptados, sin perjuicio de reservarse los registrados en acta de nacimiento y DNI para el momento de emitirse los títulos de grado o posgrado.

En su dictamen, el director de Asuntos Jurídicos de la UNT recomendó al Consejo Superior aprobar una normativa que resuelva el problema. “Entendemos que la UTN, para ser coherente con sus objetivos como institución democrática por excelencia, debe dar impulso a todas las medidas que se encuentren a su alcance para asegurar la tutela efectiva de los derechos de todos los individuos que componen los estamentos que la integran, dentro de los lindes que imponen sus atribuciones legales y estatutarias y en consonancia con su ubicación en el entramado institucional del Estado”, escribió González Navarro. Además, señaló que el reclamo de la ONG “tiene su raíz en principios igualitarios y antidiscriminatorios” contemplados en la Constitución Nacional y en los tratados y convenciones incorporados a su texto a través del artículo 75 inciso 22. Además, destacó que “las decisiones que cada individuo adopta sobre su orientación o identidad en el plano sexual” están protegidas por el derecho a la privacidad, definido en diversos instrumentos legales de derechos humanos. En la fundamentación de su posición, citó distintos fallos de tribunales y cortes internacionales que plantean como marco común que los estados deben orientar su acción en la lucha “contra los flagelos del racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia”. E hizo hincapié especial en los “Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género”, redactado por un distinguido grupo interdisciplinario de especialistas en derechos humanos de 25 países, congregados en una universidad de Indonesia, a instancias de la Comisión Internacional e Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos como parte de un proyecto encaminado a desarrollar principios jurídicos internacionales protectivos contra las violaciones a derechos con base en la orientación sexual y la diversidad de género y que fueron aprobados en forma unánime en marzo de 2007.