Una imagen de la filmación que difundió con insistencia el miércoles el canal Telefe.

Las prioridades de la Policía Metropolitana quedaron ayer en evidencia. La División de Investigaciones Telemáticas dedicó cinco meses de trabajo de inteligencia para ubicar un consultorio clandestino del barrio de Boedo, donde un médico realizaba abortos, según informó la propia fuerza a través de un comunicado de prensa destacado ayer en su página web. Para darle más espectacularidad a la noticia, la Metropolitana entregó las imágenes del allanamiento a Telefe. La cesión de la filmación fue confirmada a Página/12 por un vocero de la PM. En diálogo con este diario, la diputada porteña María Elena Naddeo cuestionó las prioridades del gobierno porteño y destacó que la penalización del aborto es la que causa la inseguridad a las mujeres y atenta contra sus derechos sexuales y reproductivos. “Las prioridades en política de la Ciudad deberían ser otras, en lugar de perseguir a médicos y a mujeres que necesitan un aborto. Los esfuerzos institucionales deberían estar encauzados hacia despenalizar el aborto, en vez de perseguir a quienes les brindan una solución a mujeres desesperadas, ya que nadie llega a esta instancia alegremente”, consideró Naddeo.

Telefe difundió el operativo en sus distintos noticieros con amplio despliegue. El informe periodístico, armado con las imágenes que dio la PM, mostró el ingreso violento al consultorio de los efectivos de la fuerza creada por Mauricio Macri para combatir la inseguridad ciudadana. Literalmente, abren a las patadas la puerta del departamento, ubicado en Carlos Calvo al 1600. Irrumpen cuando el médico, vestido con su ambo, estaba atendiendo a una mujer. El comunicado de prensa informó que había “una paciente en la camilla a la que estaba por colocarle un suero con medicamentos para practicarle un aborto”. Las imágenes suministradas por la PM ponen en primer plano a la mujer. Una efectiva policial le baja la cabeza, pero su rostro no se ve pixelado. Quien la conoce, la puede identificar fácilmente. Lo que sí se ocuparon de pixelar desde la PM es el brazo de la paciente, con la sonda colocada para el suero. Así protegieron la privacidad de la mujer –se la veía joven–, que ante un embarazo no deseado decidió recurrir a un aborto y por la criminalización de esa práctica en el país cayó en un consultorio clandestino. Con respecto al médico –cuya identidad fue ampliamente difundida por la fuerza–, se preocuparon por cubrir su rostro pixelándolo, pero pusieron especial énfasis en enfocar la cámara para mostrar sus manos esposadas.

La División de Investigaciones Telemáticas de la Metropolitana, que se dedica a la persecución de los delitos informáticos, estuvo casi medio año siguiendo los pasos del médico que practicaba interrupciones voluntarias de embarazo y ofrecía sus servicios a través de Internet. “Una vez recolectadas las pruebas principales, el doctor Martín Zavaleta, de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, autoriza la intervención de los IP de la página de Internet, el blog y las cuentas de correo y también de los celulares para certificar que esta persona realizaba los abortos”, informó el comunicado de prensa de la fuerza. Los IP son la identificación de las computadoras y permiten localizar a su usuario. Uno de los diálogos grabados entre una paciente (o supuesta paciente) y el médico fueron también entregados para su difusión al canal. Telefe lo incluyó en su informe. La voz puede ser fácilmente identificable por quienes conocen a esa mujer. El gobierno porteño expuso así su intimidad: se supone que cursaba un embarazo no deseado y quería interrumpirlo. No había cometido ningún delito.

En el caso tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, a cargo de Gabriela Angana. La causa fue caratulada como ejercicio ilegal de la medicina. Angana ordenó el allanamiento realizado en el consultorio en la mañana del miércoles, unos diez minutos después de la llegada de la paciente, según informó la PM. El médico detenido fue trasladado a la comisaría comunal Nº 12 del barrio de Saavedra y puesto a disposición de la Justicia. La mujer, a un hospital en una ambulancia del SAME, según muestran las imágenes filmadas por la propia fuerza.

En diálogo con Página/12, la diputada Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) destacó que el caso del médico detenido en el barrio de Boedo que ofrecía abortos por Internet ocurre porque “incluso en las circunstancias en que el aborto está permitido por el Código Penal, el sistema de salud no garantiza la realización de un aborto a las mujeres que lo necesiten”. El médico cobraba entre 2500 y 6000 pesos cada intervención, según la edad de la mujer y las posibilidades de pagar que tuviera. La clandestinidad alimenta un suculento negocio. Naddeo recordó el grave impacto sanitario de la penalización del aborto en la Argentina: “En nuestro país se realizan unos 500 mil abortos cada año. La penalización del aborto condena a las mujeres de sectores más vulnerables, que no pueden pagar para realizarse un aborto, a la clandestinidad; a condiciones de falta de higiene e inseguridad sanitaria que en muchos casos las llevan a la muerte”. Desde hace más de treinta años, las consecuencias de los abortos inseguros, realizados con métodos precarios, son la principal causa de mortalidad materna en el país.