El Senado dio media sanción a un proyecto sobre trata de personas que modifica la ley sobre el mismo tema aprobada en 2008. La normativa hace lugar a cuestionamientos que había suscitado aquella norma, especialmente en dos puntos: no acepta en ningún caso que el “consentimiento” de la víctima pueda exculpar al victimario, y propicia en todos los casos el cumplimiento efectivo de la pena; también incluye entre los delitos la promoción de la pornografía infantil. Establece el número telefónico 145 (ya fijado por decreto) para recibir denuncias desde todo el país, incluso por mensaje de texto. El proyecto fue aprobado por unanimidad y los senadores instruyeron al titular de la Cámara para que, en diálogo con su par de Diputados, procure que se trate este año en la Cámara baja.

El proyecto entiende por trata de personas “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, en el territorio nacional o desde o hacia otros países”. Y caracteriza explotación: “Cuando se mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre”, o “se la obligare a trabajos o servicios forzados”, o “se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena”, o “cuando se promoviere la pornografía infantil”, o cuando “se forzare a una persona al matrimonio” o “cuando se promoviere la extracción forzosa de órganos o tejidos”. Y aclara que “el consentimiento de la víctima no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal”.

El proyecto establece penas mínimas de cuatro años para la trata –lo cual propicia su cumplimiento efectivo e impide el beneficio de la probation–, y fija penas de 8 a 12 años cuando, como consecuencia de la trata, se llega efectivamente a la explotación de la persona.

El proyecto suprime la posibilidad, prevista en la ley 26.364, de que las penas puedan reducirse para los partícipes que proporcionen datos para rescatar víctimas o esclarecer delitos.

Según el texto aprobado, las víctimas tienen derecho a “prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado”, a “recibir asistencia psicológica y médica gratuitas”, a “recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo” y a “recibir asesoramiento legal y patrocinio jurídico gratuito”, así como “a la incorporación o reinserción en el sistema educativo”. Si la víctima es extranjera, tiene derecho a “permanecer en el país” y “será informada de la posibilidad de formalizar una petición de refugio”.

La ley con media sanción dispone la creación de dos nuevos organismos. Uno es el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, destinado “al seguimiento de todos los temas vinculados a esta ley”. Incluirá representantes de los tres poderes, de las provincias, de los consejos nacionales de Niñez y de las Mujeres y contará con tres representantes de organizaciones no gubernamentales. El otro organismo es el Comité Ejecutivo, que “tiene a su cargo la ejecución de un Programa Nacional” sobre el tema: se conformará con representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad, Trabajo y Desarrollo Social.

Se incorpora también el número telefónico 145 (ya dispuesto por decreto del Poder Ejecutivo) para recibir desde todo el territorio nacional, sin cargo, denuncias sobre delitos de trata y explotación, incluso por mensaje de texto.

El texto, aprobado por unanimidad, recoge a su vez proyectos de senadores del Frente para la Victoria, el Peronismo Federal, el radicalismo y otros bloques. La senadora Sonia Escudero (Peronismo Federal), titular de la Comisión de Justicia, señaló a este diario que “hemos pedido al presidente de la Cámara que se reúna con el presidente de la Cámara de Diputados, para lograr que temas sensibles como los de esta ley y de la ley del Registro Nacional de Datos Genéticos (ver aparte) puedan ser tratados este año”.