Un “gran gurú militar guatemalteco” con promesa de mano dura se apresta a asumir la presidencia de un país tomado por el crimen organizado. Bautizado así por un periodista local, el general retirado Otto Pérez Molina –sobre quien pesan denuncias por crímenes de lesa humanidad–contaba ayer con más del 40 por ciento de intención de voto para las elecciones del 11 de este mes. En las últimas horas se multiplicaron las suspicacias sobre los orígenes de los fondos para su campaña, excedidos en más de un millón de dólares del techo fijado por la ley. El Tribunal Supremo Electoral allanó el camino a la presidencia al líder del Partido Patriota (derecha) impugnando la candidatura de su principal contrincante. Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (centroizquierda), es la ex esposa del saliente Alvaro Colom, y el Tribunal sospecha que el divorcio fue una maniobra para sortear la prohibición que pesa sobre los familiares presidenciales para candidatearse.

Pérez Molina es un viejo conocido de Guatemala, ya que participó activamente en la campaña militar de contrainsurgencia en la década del ochenta. Organismos de derechos humanos acusan al principal candidato a presidente de Guatemala de perpetrar masacres en la región indígena de Nebaj durante esos años y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo responsabiliza por el asesinato de Efraín Bámaco, en 1992.

Pero lo más simbólico acaso sea su implicancia como autor intelectual y material del asesinato de Juan José Gerardi. El obispo publicó en 1998 la versión guatemalteca del Nunca Más, un informe de cuatro volúmenes que acusa al ejército de ser responsable por la mayoría de las muertes y desapariciones de al menos 200.000 personas. Dos días después fue muerto de una golpiza en el garaje de una parroquia.

El escritor guatemalteco-norteamericano Francisco Goldman llevó a cabo una investigación donde prueba que un testigo protegido señalaba a Otto Pérez Molina como el tercer asesino del obispo. El ex agente español de inteligencia que dirigía la investigación interna de la ONU, Rafael Guilamón, también aportó valiosa evidencia al libro.

Desde Nueva York, y en diálogo con Página/12, el autor de El arte del asesinato político (¿Quién mató al obispo?) se mostró desesperanzado por el panorama político de su país natal y describió este momento como de decadencia para una democracia joven y débil. El escritor no suscribe a la teoría de que el problema del crimen organizado se combata con más mano dura. “Si el problema de este país son las mafias, no hay que contratar a un mafioso. Eso sólo ofrece más violencia”, graficó Goldman.

El Tribunal Electoral Supremo dictaminó ayer que la campaña del Partido Patriota excedió en 1,3 el techo de 6,3 millones de dólares autorizado para el gasto en toda la campaña. En Guatemala, los partidos tienen un aporte del Estado, pero cuentan con carta blanca para financiamiento de donaciones de supuestos afiliados y amigos. Otto Pérez Molina se ha negado sistemáticamente a revelar quiénes fueron los financistas de su campaña excedida, lo que generó suspicacias acerca de los orígenes de esos fondos. Francisco Goldman apunta a las tradicionales familias guatemaltecas ligadas al narcotráfico. “Han estado atrás de todos los peores dirigentes políticos del país, los más reaccionarios. Con respecto a la historia del obispo Gerardi, fueron las mismas familias que promovieron libros y pistas falsas y utilizaron los programas de televisión para desinformar y proteger a los que cometieron el crimen. Cumplen el mismo papel año tras año. Apoyaron al conservador Oscar Berger (2004-2008) y van a apoyar a Pérez Molina”, sentencia Goldman.

Sus competidores directos en la contienda electoral del 11 de septiembre se encuentran 30 puntos por debajo de Otto Pérez Molina, lo que hace que los analistas hablen a las claras de lo que será una victoria casi segura. Ante la pregunta a Goldman sobre las razones de por qué buena parte de la sociedad está dispuesta a votar a un candidato con esos antecedentes, el escritor cree que el problema también radica en lo que hay enfrente. “Pérez Molina casi gana hace cuatro años. La verdad es que Guatemala no tiene buenos candidatos en el mundo político. El país cuenta con una infraestructura completamente involucrada en el crimen organizado. ¿Qué puede hacer cualquier político contra eso?”, se pregunta el autor con un manto de resignación. En un país en el que sólo en 2010 se produjeron 5960 casos de homicidio para una población de 14 millones de habitantes (una tasa aproximada de 41,5 asesinatos cada 100.000 personas), Pérez Molina promete comandar su guerra contra el sangriento cartel de Los Zetas. El militar los acusa de extorsionar, amenazar y secuestrar a la población indígena. Esa misma población que en los incipientes años de la década del ochenta sufrieron 20 masacres que terminaron con la vida de mil indígenas en la región de Nebaj, donde Otto Pérez Molina comandaba una base militar. Del mismo modo en que niega las acusaciones de la CIDH y evita revelar sus financistas, también desmintió a un ex embajador norteamericano que lo acusa de haber equiparado a las poblaciones indígenas con combatientes guerrilleros de extrema izquierda.

Informe: Juan Nicenboim.