El guiso se cocina lento en la olla popular que alimenta a las 33 familias desalojadas de forma violenta hace hoy una semana. A falta de una garrafa de gas, calientan el agua sobre unas maderas encendidas en la calle. El arroz, el pollo y las cebollas, todo el plato caliente es producto de donaciones que recibieron este fin de semana, a pesar de que la Justicia estableció que el Gobierno de la Ciudad debe garantizarles los alimentos necesarios y los pañales, entre otros insumos.

“Este maltrato es para desgastarnos, para que nos quebremos, nos fragmentemos y nos vayamos de acá, pero eso no va a pasar hasta que volvamos a nuestras casas”, asegura Gabriela Cisneros, una de las referentes de la carpa donde vive junto a quienes eran sus vecinos de hotel. “No queremos un subsidio de 700 pesos por situación de calle, porque no es esa nuestra situación. Somos inquilinos y es ilegal lo que hicieron. Aunque debiéramos plata de alquiler, no podían echarnos. No somos usurpadores”, explica.

Mientras se aguarda la resolución de la apelación al desalojo que se tramita en la Sala II de la Cámara de Casación, el gobierno porteño está encargado de proveer “de baños químicos, viandas, leche, agua y pañales” a las personas que desde el lunes acampan frente al hotel. Así lo resolvió la jueza Andrea Danas en función a un recurso de amparo que había sido presentado por la Defensoría General de la Ciudad. Sin embargo, “pusieron dos baños químicos para los 80 que somos y lo único que llega es leche y agua, y de eso, convengamos, no se vive”, denuncia Cisneros, sentada a unos metros del fuego.

Decenas de vecinos se acercaron con frazadas y bolsas de comida, convocados por organizaciones sociales y políticas que armaron ayer y el sábado un festival de música para visibilizar la protesta. Los vecinos cortaron en varias ocasiones la avenida Entre Ríos, a media cuadra del hotel, y el jueves pasado realizaron un “colchonazo” frente a la Jefatura de Gobierno. Anoche, evaluaban las nuevas medidas de fuerza, pero ya daban por descontado que retomarían la interrupción de tránsito.

Atravesando una frazada raída que hace las veces de puerta, se ingresa a la carpa. Los vecinos comen tirados en los colchones pelados, mientras una treintena de chicos saltan entre cables, cajas y zapatos. A las 17, María del Carmen Torres (31) recién comienza su plato de arroz. El lunes fue desalojada por los agentes de la Unidad de Intervenciones Complejas de la Policía Metropolitana, que echaron a todo el edificio sin dar tiempo a que los vecinos se llevaran sus pertenencias. Un chico se dejó olvidado su brazo ortopédico.

Torres traga parada y habla con la boca llena. Es que el guiso tardó mucho en cocinarse así sobre la leña. Su beba, que recién aprende a dar los primeros pasos, se quedó ya sin pañales y la situación, siente, “empieza a complicarse. Nos dijeron que el lunes o martes nos iban a dar una respuesta, espero que sea así”.

Según los vecinos, el Gobierno de la Ciudad ofreció un subsidio de 700 pesos, monto que rechazaron porque no alcanza ni para pagar una pieza. Según Cisneros, “una vecina travesti aceptó porque le dijeron que la llevarían a un hotel. La subieron a un auto, la empezaron a pasear y la tiraron en un parador. Volvió esa noche a la carpa, la habían engañado”.

En tanto, avanza un pedido de juicio político contra la jueza María Fernanda Botana, que resolvió desalojar a los inquilinos de las 33 habitaciones, sin previo aviso y sin implementar los protocolos de rigor, como la garantía de una solución habitacional, teniendo en cuenta que entre los afectados hay más de treinta niños. En ese sentido, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura comenzará a estudiar el caso hoy.

Informe: Rocío Magnani.