Como parte del programa La Legislatura Sale a la Calle, las comisiones de Derechos Humanos y Salud de la Legislatura bonaerense sesionaron ayer en el distrito de Malvinas Argentinas, en el marco de las graves acusaciones de irregularidades en el sistema de salud y de violencia institucional en esa comuna que surgieron en los últimos meses. En la jornada, los legisladores escucharon las denuncias de las víctimas de mala praxis, de profesionales médicos y de periodistas que fueron agredidos el pasado 5 de junio por una patota vinculada con el intendente local, Jesús Cariglino. El plenario fue encabezado por el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, quien señaló a Página/12 que “los hechos de violencia han sido explícitos y son realmente preocupantes”. Además, dijo que “por impulso de la Comisión de Derechos Humanos provincial se elevó un pedido de informes al Poder Ejecutivo bonaerense para que especifique el monto que se le asigna al municipio de Malvinas Argentinas en materia de coparticipación sanitaria y detalle los motivos de los decesos ocurridos en el distrito, con el objetivo de profundizar la investigación judicial”, a raíz de varios episodios violentos vinculados con la gestión municipal.

La reunión comenzó cerca del mediodía, en una carpa instalada en un baldío frente a los nuevos edificios del Concejo Deliberante y de la intendencia de ese municipio. Claudia Ledesma es madre de Melani, la niña de seis meses que falleció en 2009 en el Hospital Claudio Zin tras varios diagnósticos fallidos en distintos centros de salud de Malvinas Argentinas. Tras el hecho, en su pedido de justicia enfrentó y responsabilizó al intendente Cariglino por la muerte de su hija, durante la fallida reconstrucción del ataque a los periodistas que investigaban casos de mala praxis y que fueron agredidos por una patota del intendente el 5 de junio pasado. “A mi hija me la arrebataron por una mala praxis y voy a luchar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia.” Además, aclaró que en su casa está “con custodia personal” porque recibió “muchos mensajes intimidatorios, como explosivos en la puerta de mi casa”.

Oscar Bugliolo, padre de Gisela, la joven de 24 años que en mayo de 2004 murió 48 horas después de dar a luz por complicaciones en el parto, que se realizó en el hospital municipal, sostuvo que “empezó a investigar lo que la policía y la fiscalía no querían investigar”. En estos ocho años, el hombre identificó otros 147 casos de mala praxis en el sistema sanitario municipal por las que asegura fue “intimidado en varias oportunidades por personas desconocidas”. “A mi hija de 17 años le gatillaron con un arma vacía dos veces en la cabeza, todos con mensajes hacia mi persona, como por ejemplo ‘decile a tu papá que se deje de joder’.” También relató que un día le dejaron en la puerta de la casa “un cartucho de munición antiaérea” que según peritos “pudo haber estallado”.

Analía Becerra, madre de Celeste Morales, la niña de ocho años que murió en el Hospital Zin, también producto de una supuesta mala praxis, contó que “Celeste tuvo una operación simple de un quiste benigno. Sin embargo, horas más tarde comenzó a ahogarse y como no podía respirar la llevaron a terapia intensiva”. “Tras la operación, Celeste quedó al cuidado de mi marido durante todo el día y aunque él advirtió que la nena no se sentía bien, que escupía todo el tiempo y que el drenaje que le habían colocado no funcionaba, nadie vino a controlarla”, añadió.

“El abandono de persona que padeció mi hija le desencadenó un paro cardiorrespiratorio y como consecuencia la muerte cerebral. Desde ese momento, nos insistieron en desconectarla y donar sus órganos, algo que no íbamos a permitir”, añadió.

La larga historia de hechos violentos tuvo otro capítulo cuando Walter Navarro, un profesional que trabajaba en el Hospital Claudio Zin, fue asesinado de un disparo en la axila en la puerta de su casa de Villa de Mayo, el pasado 4 de septiembre, hecho que su familia vinculó con información que el hombre había dado sobre supuestos manejos de la salud en el partido y la agresión a periodistas, en junio pasado. En este sentido, Carmen Moya, viuda de Navarro y enfermera de profesión, dijo que el día que murió su marido “vi con mis propios ojos a los asesinos”. “El intendente Cariglino ha dejado una huella de sangre y el temor en los vecinos, que no quisieron ir a declarar por miedo a que les pase lo mismo”, agregó.

Informe: Sabrina Améndola.