El kirchnerismo traba en el Senado de Mendoza el tratamiento de una ley para que la provincia tenga un protocolo de atención de los abortos no punibles, en línea con el pedido que hizo la Corte Suprema de la Nación en su fallo del 13 de marzo. El oficialismo provincial quiere archivar el proyecto en alianza con los senadores más conservadores como el representante del PRO y los dos del Partido Demócrata. La iniciativa, impulsada por el radicalismo y que ya cuenta con media sanción de Diputados, propone adherir al protocolo elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación. En medio de las acaloradas discusiones que se dieron en las últimas semanas, surgieron una serie de declaraciones muy polémicas, como las del senador Daniel Vilches, del bloque Arturo Illia –una escisión de la UCR que responde al ex gobernador Roberto Iglesias, cuyos cuatro senadores también se oponen al protocolo–, que dijo que si las mujeres “quieren decidir sobre su cuerpo, que se hagan una cirugía estética”.

Es llamativo el escenario mendocino: mientras que en jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias el Frente para la Victoria promovió la implementación de una guía de atención de los abortos legales a partir de la sentencia del máximo tribunal –ya sea por ley o por resolución del Ejecutivo–, en la provincia cuyana tanto el gobernador Francisco “Paco” Pérez como los senadores kirchneristas se resisten a legislar sobre el tema.

La adhesión de parte de Mendoza a la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación, fue aprobada en septiembre en Diputados por 28 votos a favor y 11 en contra. Se trata de un proyecto de la radical Liliana Vietti, que establece que ese protocolo –que cumple con los criterios que fijó el fallo de la Corte para evitar que los casos se judicialicen y a las mujeres se les impongan exigencias arbitrarias e ilegales– se aplique en los hospitales públicos. Durante el tratamiento en la Cámara baja, se opuso todo el bloque del Partido Demócrata y algunos legisladores del PJ, en medio de duros cruces y tensiones con voces a favor y en contra de la norma. Pero la discusión en el Senado se estancó. Hace dos meses que está trabada.

La Cámara baja tiene 38 miembros. El oficialismo y sus aliados suman 22 senadores, de los cuales sólo cuatro –tres kirchneristas y la única senadora de Nuevo Encuentro– apoyarían el protocolo, junto con los nueve de la UCR. Están en contra los dos del PD, los cuatro de la UCR que responden al ex gobernador Iglesias y el único representante del PRO, según describió a este diario el presidente del bloque radical, Armando Camerucci. “Nosotros no estamos dispuestos a que la provincia no tenga una guía para la atención de los abortos no punibles. Coincidimos con el fallo de la Corte”, afirmó Camerucci.

Ayer, en la Comisión de Salud se firmó un dictamen de mayoría para que el proyecto se archivara. El expediente pasará ahora a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde se presume que correrá la misma suerte. Pero su archivo definitivo se debe votar en el pleno de la Cámara alta. Si esto sucede, el proyecto volvería a Diputados, donde se podría insistir en su sanción con los dos tercios de los votos. Camerucci señaló que la propuesta lograría en la Cámara baja ese número de voluntades, dado que en ese ámbito algunos diputados y diputadas del FpV la apoyaron. “Estamos tratando de sacar una ley porque el oficialismo no se ha atrevido a firmar un protocolo por resolución del Ministerio de Salud, como ha ocurrido en otras provincias, incluso que se podría pensar más conservadoras, como Catamarca”, apuntó Camerucci. Por el momento, los abortos no punibles se están derivando a un hospital del Gran Mendoza, donde los médicos están dispuestos a realizarlos, sin obstáculos arbitrarios, dijo Camerucci. Pero sería el único hospital de la provincia, indicó el senador, donde se estarían practicando.

La semana pasada, más de veinte ONG de mujeres y derechos humanos, junto a representantes sindicales y miembros de universidades, pidieron una audiencia al vicegobernador Carlos Ciurca para reclamar que el proyecto se trate en el Senado. “El aborto no punible es ley en Argentina desde 1921. El Poder Legislativo de Mendoza sólo está reglamentando su práctica. Se requiere superar obstáculos ya existentes y no sumar los legislativos para el acceso a los abortos permitidos por nuestra legislación. Obstaculizar el acceso al protocolo de aborto no punible afecta con mayor profundidad a las mujeres y niñas pertenecientes a sectores populares, las pobres, las que acceden a la salud en el subsistema público y las que ven disminuidas sus posibilidades de acceso a la Justicia”, dice la nota firmada por Claudia Anzorena, de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y personalidades de la academia como la vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, Azucena Reyes; la secretaria general de ATE-Mendoza, Raquel Blas, y la dramaturga Susana Tampieri, entre otras voces. Hasta ayer, Ciurca estaba al frente del Ejecutivo provincial, debido a que el gobernador se encontraba de viaje en China. Consultado por Página/12, Ciurca aseguró que “el Ministerio de Salud está avanzando con un borrador de protocolo”. Pero evitó dar más detalles.