Una embarazada de cinco meses y una joven que sufre ataques de pánico se encuentran entre los 130 agentes civiles que acaban de ser despedidos del Cuerpo de Control de Tránsito porteño. Prestaban servicios como contratados, con varios años de antigüedad, y acusan de tomar la medida al director general del área, Carlos Alberto Pérez, un ex integrante de las fuerzas de seguridad. La decisión deja en la calle en vísperas de las fiestas a un grupo de monotributistas que son la abrumadora mayoría de los 1200 empleados, cuya nómina se completa con la planta permanente y transitoria de trabajadores. Melina Segovia, la joven de 24 años que espera un bebé, le dijo a Página/12: “No les importó que estoy en estas condiciones. Me citaron en la base de la calle Cochabamba con la excusa engañosa de que íbamos a hablar de algunos operativos y ahí me pidieron la renuncia”.

La precariedad del vínculo entre el Gobierno de la Ciudad y el personal que labra actas por contravenciones e infracciones de tránsito y realiza controles de alcoholemia –un fraude laboral según varios fallos de la Justicia– no se compadece con el objetivo declarado el 30 de enero de 2008, cuando se creó el cuerpo de agentes. “Estos fueron especialmente seleccionados y entrenados para convertirse en un grupo modelo con vocación de servicio con respeto por la ley y por las instituciones, interesados en los temas que afectan a la comunidad, actitud de compromiso para el cambio y una conducta ética.”

Cumplen tareas a cambio de un salario bruto que promedia los 4400 pesos; sus jornadas laborales son de siete horas en la calle, de lunes a viernes; otros lo hacen ocho horas durante los fines de semana y feriados, y denuncian que durante enero y febrero no perciben ingresos mientras se evalúa la renovación de sus contratos de locación de servicios. Cobran todo junto con sus sueldos de marzo o abril. Esta es una práctica común que atravesó a varios gobiernos porteños.

Segovia cuenta que “hasta los tres meses de embarazo subía a un móvil y sacaba fotos a los autos en infracción. Nadie evaluaba lo médico. Yo presenté el certificado de un obstetra, pero para las autoridades somos un número”. A la mujer y sus compañeros despedidos los citaron en pequeños grupos a las tres bases que tiene el Cuerpo de Agentes en los barrios de Parque Chacabuco, Retiro y Constitución. Ahí les comunicaron que no serían renovados sus contratos bajo el argumento de que habían presentado certificados médicos falsos o habían abusado de los días pedidos por enfermedad, algo que Segovia niega. “Pérez nunca mostró las pruebas, me pidió que renunciara o que mi caso pasaría a fiscalía. Por supuesto que no firmé nada, porque estábamos en negro.” En marzo del año próximo, la agente de tránsito cumpliría tres años en el cuerpo que reemplazó a la vieja Guardia Urbana mediante el decreto 94/08. “Entré por un aviso publicado en el diario”, comenta.

Ahora le confió su caso a un abogado. Otros compañeros entre los 130 despedidos la imitaron. El único delegado que ella rescata entre los sindicalistas de Sutecba le comentó que intercedió ante Pérez, pero no pudo torcer su decisión. Otro agente que continúa en su puesto y pidió anonimato para evitar represalias dijo: “Los despidos empezaron la semana pasada en las tres bases. Un día hubo siete en la de Retiro. Pero el último viernes echaron como a cincuenta. Acá antes entrabas por un aviso o una bolsa de trabajo, pero ahora están metiendo a gente del PRO”.

Una joven monotributista que sufre ataques de pánico y está bajo tratamiento psicológico tuvo convulsiones durante un operativo callejero. La echaron. Sus compañeros decidieron trasladarla hasta una base por el estado de salud que presentaba, pero al llegar fueron reprendidos por sus superiores. Pérez, quien es descripto por los empleados como “un milico recontra estricto”, cambió el tradicional libro de firmas para controlar el presentismo por un sistema que toma diariamente la huella digital de cada agente. “Si llegás a las 14.02 tenés que irte a las 21.02. Por eso indigna que haya echado a tanta gente. Nunca había pasado antes”, comentó la fuente.

El 11 de octubre de 2010, en la nota publicada por este diario “Cuerpo de descontrol de tránsito”, se enumeraban algunas irregularidades del área que depende de la Subsecretaría de Transporte, ahora a cargo de Guillermo Dietrich: “Tiene móviles sin frenos ni cinturones de seguridad y los agentes carecen de uniformes adecuados”. La situación no varió sustancialmente poco más de dos años después. “Hace poco se incendió una camioneta Iveco que no tenía matafuegos en la base de Parque Chacabuco. Casi ninguna tiene cinturones de seguridad. Siempre hay un problema, o porque no andan los móviles o porque no funcionan las cámaras”, cuenta el agente que pidió reserva de su nombre.

Tampoco se modificó demasiado el clima opresivo que había en el cuerpo cuando comenzó a funcionar. Ni el uniforme, que luce parecido al de la Policía Metropolitana y, por el cual, se confunde a menudo a los efectivos que portan armas con los civiles encargados de controlar el tránsito. El ex policía Norberto Hugo Rabioglio fue el primer director que tuvo a su cargo a estos jóvenes entusiastas que detienen a los automovilistas en distintos retenes dispuestos a lo largo de la Ciudad. Un día los citó en la base de Virrey Cevallos y Cochabamba para recriminarlos. No se imaginaban por qué: “A mí me dijeron que ustedes están haciendo asambleas. Les quiero indicar que son funcionarios públicos y si no les gusta lo que hacen, se van, porque atrás de ustedes hay otros que esperan por este trabajo. La próxima vez que se hagan los revolucionarios acá adentro los echo a uno por uno”. El ex director había sido designado a instancias del ministro Guillermo Montenegro el 7 de febrero de 2008, cuando comenzó a funcionar el Cuerpo de Agentes.

También hubo colegas de Rabioglio como el comisario Víctor José Sarnaglia de Santa Fe. Hoy ese lugar lo ocupa Pérez, quien tiene 52 años, fue designado director general mediante el decreto 703/2011 y es el responsable de los 130 despidos. Los agentes que quedaron en la calle pagaban el monotributo e ingresos brutos para poder cobrar salarios que en mano representan unos 3900 pesos mensuales, según coinciden los trabajadores consultados. Segovia es el ejemplo de precariedad laboral más flagrante. Su despido con un embarazo de cinco meses le puede salir demasiado caro al gobierno porteño, ya que viola el derecho laboral.

El artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo dice: “Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así, en su caso, el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley”. O sea, a Segovia deberían abonarle casi el doble que a cualquier compañero despedido: unos trece salarios más, ya que se adiciona el aguinaldo.

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