Mañana inicia el juicio al ex capanga de la Bonaerense Alberto Sobrado, acusado de enriquecimiento ilícito por cifras que pondrían blue a cualquiera (casi un millón de dólares) y por cifras giradas a cuentas bancarias a las Islas Cayman, las Bahamas y bancos de Nueva York. En su defensa, Sobrado intentó demostrar que no le sobraba nada y que esos giros e incrementos patrimoniales correspondían a herencias de padre y madre, cuestión que no le creyeron. La causa, iniciada en 2003, derivó en marchas y contramarchas, a tal punto que uno de los delitos por el que se lo acusaba, la omisión maliciosa de declaraciones juradas de bienes, prescribió y no podrá ser utilizado en su contra. De los hechos más trascendentes de su cacicazgo asoman que fue designado inmediatamente después de las muertes de Kosteki y Santillán; el secuestro de Diego Peralta, el 5 de agosto de 2002, un día antes de que asumiera al frente de la fuerza que apareció envuelta en el caso; el hallazgo del cadáver, el 12 de agosto siguiente, y su retiro expeditivo por orden del entonces ministro de Seguridad provincial Juan Pablo Cafiero, cuando cumplía un año al frente de la Bonaerense. Sobrado enfrenta penas de hasta 6 años de prisión.

Desde 1997 y hasta que fue pasado a retiro, el 3 de julio de 2003, Sobrado había declarado ante el Ministerio de Seguridad provincial tener dos casas, un automóvil y algunos créditos por cobrar. Un informe periodístico, en junio de 2003, contradijo estas declaraciones y sostuvo que había realizado una transferencia de 333 mil dólares a una cuenta de las Islas Cayman. Sobrado explicó que se trataba de “herencias de familia” y que no había podido declarar esa suma por cuestiones de tiempo. Asuntos Internos determinó que Sobrado había realizado el giro antes de asumir como jefe de la Bonaerense, cuando era director general de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad. Según la investigación, consistía en obligaciones negociables, títulos del Estado nacional, un plazo fijo y efectivo en cuenta corriente. El hasta ese momento jefe policial le explicó a Cafiero que había heredado el dinero de sus padres, dueños de hoteles y heladerías en España, y la suma explicó que la enviaba al exterior para su hija y su nieto. Cafiero interpretó que Sobrado lo sobraba y lo retiró de la Bonaerense.

Unos meses después, en octubre de 2003, el fiscal que investigaba la denuncia de Cafiero, Daniel Urriza, tenía confirmadas transferencias por más de medio millón de dólares a través del Scotia Trust IFE, además de los 333 mil descubiertos periodísticamente. Urriza había logrado determinar que las sumas habían sido transferidas al menos en dos oportunidades en depósitos a cuentas de Uruguay, en diciembre de 2001, en coincidencia con las corridas por el Corralito, los saqueos y la fuga de capitales. Un particular método de prevención del delito.

En diciembre de 2006, el fiscal Marcelo Martini pidió la elevación a juicio por enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa de presentación en la declaración jurada de bienes y falsificación ideológica de instrumento público. Los peritajes determinaron que el engrosamiento patrimonial sin explicación era de entre 532 mil y 970 mil dólares.

El proceso estuvo por lo menos, cuatro años parado en Casación sin motivos que lo ameritaran. Recién empezó a moverse nuevamente cuando en marzo del año pasado el fiscal de Casación, Carlos Altuve, solicitó a la Sala III de Casación (Ricardo Borinsky, Daniel Carral y Víctor Violini), que diera un fallo con urgencia.

El juicio oral finalmente fue planteado con seria urgencia por la Cámara Penal y la fiscal de Cámara Rosalía Sánchez, quienes advirtieron sobre la sombra amenazante de la prescripción. De hecho, la omisión no llegará al estrado. El juicio se realizará ante el TOC 1 de La Plata, mañana, a partir de las 9, en la sala de audiencias del fuero Penal de La Plata, de calle 8 y 57.