Los ministros de Educación del Mercosur confirmaron que, aunque seguirán participando de las pruebas internacionales PISA, de evaluación educativa, los países de la región trabajarán para imponer “criterios regionales” que permitan “discutir la calidad como una medida social”. Así lo explicó el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, quien junto con sus pares de Uruguay, Bolivia, Brasil y un representante de Ecuador firmó un documento de acuerdos básicos para “la generación de criterios regionales de evaluación”.

Presidido por Sileoni, el Seminario Mercosur “Políticas de Evaluación Educativa en la Región” reunió a sus pares de Uruguay, Ricardo Ehrlich; de Bolivia, Roberto Aguilar Gómez; el viceministro de Brasil, José Henrique Paim Fernándes; y el director del Instituto Nacional de Evaluación Educativo de Ecuador, Harvey Spencer Sánchez Restrepo. En el encuentro, que se llevó adelante en el Centro Cultural para la Memoria Haroldo Conti, también se realizó la XLIX Asamblea del Consejo Federal de Educación, de la que participaron los ministros de Educación de todas las provincias.

Los ministros del Mercosur, explicó Sileoni, debatieron sobre la evaluación educativa “como una rendición de cuentas públicas”, de la cual los países de la región tienen una “necesidad absoluta” porque “es un instrumento indispensable para la toma de decisiones”. Tanto la Argentina como los países de la región que lo venían haciendo ratificaron que continuarán participando de las evaluaciones PISA (a excepción de Bolivia, que no lo hace), aunque coincidieron en señalar que los rankings internacionales enmascaran más de lo que revelan. “Los rankings no dan cuenta de los avances, nos impiden ver los puntos de partida, instalan la calidad educativa siempre desde la carencia, desde lo que falta”, señaló Sileoni, quien agregó que “a veces se compara lo incomparable”.

“Encarar la complejidad de los procesos evaluativos como meros rankings no es razonable”, señaló por su parte el ministro uruguayo Ehrlich, quien también considera que las “evaluaciones no son los juegos olímpicos” sino que deben servir para “saber cómo vamos y, fundamentalmente, como proceden los docentes con sus alumnos”.

El brasileño Paim Fernándes explicó que en su país el “alto grado de descentralización” obliga a manejar “un modelo estadístico robusto y consistente”, y que desde 2005 el Indice de Evaluación de la Educación Básica “permite planificar y destinar en forma directa los recursos, brindando apoyo a los estados y municipios que más lo necesitan”.

Por su parte, el boliviano Aguilar Gómez señaló “la necesidad de identificar en qué aspectos podemos avanzar juntos en la región en procesos de evaluación conjunta”.

La declaración final del seminario establece que una evaluación regional de calidad educativa debe “cumplir una función orientadora, explicativa, motivadora y convocar a la reflexión, al análisis situado y la planificación de mejoras”. También, “promover el análisis contextualizado de los elementos” que componen la región; sumar a la revisión de los contenidos de las disciplinas tradicionales “otros aprendizajes considerados de interés para la región, como educación en valores, educación para la ciudadanía, la convivencia, el fortalecimiento del sentido de pertenencia latinoamericana”. En esa dinámica, señala la declaración, la evaluación regional debe “converger con las diversas estrategias de las evaluaciones nacionales”.

El documento subraya la necesidad de “una lectura contextualizada de los avances, dificultades y desafíos pendientes”, algo para lo cual los Estados deben “contar con información relevante” para determinar “si las instituciones educativas de la región son ‘buenas escuelas’, si la enseñanza y el aprendizaje se desarrollan de manera efectiva y cuáles son las estrategias más pertinentes para fortalecer y mejorar la tarea en la aulas”. Los ministros acordaron en la necesidad de “evaluar otra gama de aprendizajes y aspectos de funcionamiento de nuestros sistemas educativos”, en particular de “otras dimensiones” y “características” que “den cuenta de las distintas identidades culturales y de los procesos de política educativa vigentes en cada región o país”.

Para que una evaluación sea ajustada, señalaron los responsables de educación, también debe tener en cuenta qué hacen los países por “la inclusión educativa de una población heterogénea y de un mayor número de niños, niñas y jóvenes”. Del mismo modo, “el análisis de la calidad educativa no puede ignorar los efectos que la educación tiene en el desarrollo de actitudes democráticas y de respeto por el otro, en la promoción de la conciencia crítica y de la participación social y política”. Por ello, indica el documento, la evaluación debe “convertirse en herramienta para la mejora de los aprendizajes, de las instituciones y de las políticas para la ampliación de oportunidades educativas”.