El endosulfan fue creado en 1950, es el insecticida más vendido en Argentina y suele utilizarse con un agrotóxico de mayor prensa y similares cuestionamientos: el glifosato. La utilización de ambos ya tuvo fallos adversos de la Justicia. En febrero pasado el Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nº 11 de Santa Fe dejó firme una sentencia que limitó su utilización en la localidad de San Jorge. Lo mismo dictaminó la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Chaco, en marzo pasado, en la localidad de La Leonesa. En ambos casos se remarcó la existencia de la Ley General del Ambiente (25.675) y la aplicación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras).

La reciente Resolución 101/11 de la Defensoría del Pueblo no es la primera del organismo que alerta sobre el peligro de los agrotóxicos. En noviembre pasado emitió la Resolución 147/10, en la que solicitó al Ministerio de Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos, instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones independientes (no de empresas ni de científicos ligados a las compañías) y, hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de toxicidad, lo que implica alejar las fumigaciones de escuelas rurales, viviendas y barrios.