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La denuncia, realizada por María Isabel Chorobik de Mariani -fundadora de Abuelas- y la titular de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, fue presentada ante el procurador general de la Nación, Esteban Righi.

La presentación sostiene que los tres acusados avalaron la entrega en adopción definitiva del niño Simón Riquelo, quien fue arrancado de los brazos de su madre, la ciudadana uruguaya Sara Méndez, cuando fue secuestrada el 13 de julio de 1976.

Según el expediente de la adopción, el niño había sido abandonado a las puertas del Sanatorio Norte y un subcomisario de la seccional 33, Osvaldo Parodi, se ofreció para cuidarlo y un mes después obtuvo la adopción plena.

La denuncia sostiene que Parodi participó en el operativo en el que fue secuestrada Sara Méndez, quien estuvo desaparecida en el centro clandestino de detención denominado "Automotores Orletti", pero sobrevivió y 26 años después, gracias a un examen de histocompatibilidad, pudo reencontrarse con su hijo.

La secretaría de Derechos Humanos bonaerense y Abuelas promovieron ante Righi una causa penal contra ambos jueces, pidieron su apartamiento de todos los expedientes vinculados con violaciones a los derechos humanos y su sometimiento al proceso de juicio político ante el Consejo de la Magistratura.

"Este expediente es la demostración de la complicidad judicial -que aún existe- con el sistema perverso establecido para consolidar la apropiación de niños mediante el robo de su historia, su origen e identidad, y la entrega a los apropiadores a través de un marco de supuesta legalidad judicial", afirma la denuncia.