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La Asamblea Legislativa dio su visto bueno a esa propuesta de ley el pasado 14 de junio, con el voto favorable de 108 sobre 137 parlamentarios del Congreso unicameral. El proyecto, que recibió el apoyo de los legisladores del gobernante Movimiento PAIS y aliados, cumplió con el mandato derivado de la Constitución de 2008, que ordenó a la Legislatura aprobar en un plazo máximo de 365 días varias leyes, entre ellas la de Comunicación.

Correa envió ayer mediante oficio esta Ley para su publicación inmediata en el Registro Oficial, lo cual pone en vigencia este cuerpo legal que deroga la ley promulgada en 1975 durante la dictadura militar en el país. A partir de ahora debe conformarse el Consejo de Regulación, el cual integran cinco personas: una por designada por el Ejecutivo, que lo preside; una por los Consejos de Igualdad; una por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; una por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y el Defensor del Pueblo.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un órgano creado en la Constitución de 2008, tendrá también a su cargo la designación del superintendente de Información y Comunicación, que saldrá de una terna que envíe el Ejecutivo. Además, nombrará tras un concurso público a los Defensores de las Audiencias y Lectores, quienes supervisarán las publicaciones de los diarios.

La ley tiene 119 artículos y 22 disposiciones transitorias y establece que la comunicación es un servicio público. Plantea revertir las frecuencias ilegalmente conseguidas y redistribuirlas, establece el principio de responsabilidad ulterior, prohíbe la censura previa y sanciona el linchamiento mediático. La democratización de las frecuencias, acumuladas en la actualidad en más de un 90 por ciento en manos privadas, establece que un 34 por ciento serán asignadas a medios comunitarios, un 33 por ciento a medios públicos y un 33 por ciento a medios privados.

El sábado, el presidente Rafael Correa defendió la nueva norma durante su programa Enlace Ciudadano y criticó a los medios de comunicación privados. “Están haciendo creer que el servicio público es el que provee el Estado. Falso. Servicio público es una prestación necesaria para todos los habitantes de un Estado; por lo tanto, es el Estado quien debe proveerlo o regularlo. Ese es el concepto, entonces obviamente la información es una prestación necesaria para todos los habitantes de un Estado, pero no significa que el Estado lo va a proveer directamente”, expresó.

“La salud es también una prestación necesaria para todos los habitantes de un Estado. Es también un servicio público, pero eso no significa que tiene que proveerlo directamente el Estado, pero sí tiene que regularlo. Hay clínicas privadas”, ejemplificó Correa. Algunos legisladores opositores ya adelantaron que presentarán demandas de inconstitucionalidad contra la nueva ley.