Por Raúl Dellatorre

La captura de YPF por parte de Repsol, el último gran negocio del período menemista, es una pintura perfecta de la transformación económica de los últimos diez años. Concentración y monopolios. Privatizaciones y desnacionalización. Abandono del rol del Estado como regulador y prestador de servicios. Privilegio de los objetivos fiscales de corto plazo por sobre las decisiones estratégicas. Y el control del poder financiero sobre la economía real. Todo esto ya no podrá ser más aludido como conceptos abstractos. Han quedado estampados como ingredientes en una sola operación de más de 15 mil millones de dólares. Los tentáculos del flamante número uno de la economía argentina se extienden más allá del control del negocio de los hidrocarburos: producción y disponibilidad de petróleo, refinación, comercialización de combustibles, en todos ellos con proporciones superiores al 50 por ciento. También pasa a ocupar un lugar dominante en producción y distribución de gas natural, a través de sus participaciones en Metrogas y Gas Natural BAN, en la comercialización de gas licuado (YPF Gas, Repsol, Poligás Luján y Algás) y en distribución eléctrica –Edenor y la distribuidora entrerriana–.

También participa en generación, a través de la Central Térmica Dock Sud. Será líder en varios rubros petroquímicos, y posee empresas especializadas en construcciones y servicios petroleros. Y eso no es todo. Sus vinculaciones societarias en España con Endesa (Edesur, Central Costanera) e Iberdrola (Gas Natural BAN) conforman un poderoso núcleo de empresas vinculadas que controlarán prácticamente todo el negocio energético nacional. Pero hay que bucear detrás de todas ellas para encontrar el verdadero poder en las sombras. El Banco Bilbao Vizcaya y la Caixa aparecen como accionistas de peso en Repsol, Endesa, Iberdrola y Gas Natural. Justamente de las filas del BBV surgió Alfonso Cortina, principal accionista individual y miembro de su directorio, convertido en petrolero hace menos de tres años por representación de la entidad financiera.

Emilio Ybarra, vicepresidente de Repsol, es el actual presidente del BBV, que en Argentina absorbió al Francés, el Crédito Argentino y, más recientemente, el ciento por ciento de la AFJP Consolidar. En estos días, anunciará la compra record de otra AFJP, cuando desembolse más de 500 millones de dólares para quedarse con Previnter. El BBV y La Caixa han sido claves en la compra de YPF, no sólo por su participación accionaria en Repsol. Fueron los artífices de la operación financiera que, increíblemente, le permitió a la petrolera española realizar una compra cuyo valor duplicaba prácticamente su patrimonio neto. Con sus propios aportes y un firme apoyo del gobierno español, lograron atraer a Merrill Lynch y al Citicorp, entre otras instituciones de peso mundial, para juntar los 15.500 millones de dólares de los que dispuso Repsol para realizar su oferta pública por el total de las acciones de YPF. Las dos entidades financieras se comprometieron, además, a suscribir la quinta parte de la emisión de acciones que lanzará Repsol para ampliar su capital, con lo cual reforzarán su participación en la empresa. España nunca se ha destacado por ser un país petrolero, recurso que por otra parte no posee. Pero sí ha logrado en los últimos años posicionar a su núcleo duro de bancos como uno de los más dinámicos del mundo financiero. La compra de YPF es, en todo sentido, una operación financiera antes que una absorción típica del negocio petrolero. La discusión en torno de la posición dominante que asumirá Repsol tras hacerse cargo de YPF logró quedar limitada al tema del gas y los hidrocarburos, como si hubiera pasado desapercibido el hecho de que a través de distintas empresas vinculadas se adueñó de buena parte del espectro energético. La trascendencia extra-petrolera del avance de Repsol puede mensurarse por la advertencia que arrimó un especialista del sector eléctrico al ENRE (Ente Nacional Regulador Eléctrico), cuando fue consultado acerca de los eventuales riesgos de la participación de Endesa, a la vez, en Edenor y Edesur. “Más que la ampliación del espacio regional del monopolio en la distribución eléctrica, debería prestarse atención a la vinculación societaria entre las empresas que controlan la distribución eléctrica y las que dominan en la producción de hidrocarburos, por la incidencia de estas últimas en la formación de precios del sector eléctrico”, advirtió el analista aludiendo a la relación entre Endesa y Repsol. El gasoil es el insumo principal de las usinas térmicas, y también su producción quedó bajo control de Repsol. Al acotarse la discusión, al gobierno nacional le resultó fácil “fijar requerimientos en defensa de la competencia” a cumplir por Repsol. Así, le fijó la obligación de desprenderse del equivalente al 4 por ciento de la capacidad total del país de refinación de crudo, una cantidad de estaciones de servicio representativas en venta del 10 por ciento del mercado, y la obligó a dejar caducar, a su vencimiento, contratos de venta de gas natural equivalentes al 15 por ciento del mercado local. Repsol aceptó inmediatamente los condicionamientos, y quienes están vinculados con la empresa aseguran que en Madrid había disposición a aceptar mucho más. Inclusive, la propuesta que había elevado la Secretaría de Energía al ministro Roque Fernández, previamente conversada con la empresa, era mucho más dura de la que finalmente suscribió el jefe del Palacio de Hacienda.

Repsol hubiera aceptado una mayor reducción de su participación en el mercado de combustibles. Y no se habría alarmado si le hubieran fijado precios máximos al gas licuado. Son, en definitiva, regulaciones más livianas de las que la misma empresa soporta en la Unión Europea. Por otra parte, Repsol tenía más necesidad que el propio gobierno de limpiar su imagen mediante alguna manera de recorte a su posición dominante, frenando cualquier forma de cuestionamiento público que pudiera trascender las fronteras. Dentro de la estrategia de expansión de la petrolera española, Argentina representa el mojón a partir del cual aspira a extender sus negocios a países limítrofes. Chile y Brasil están en sus planes, pero en ambos casos los gobiernos ejercen un control administrativo severo sobre los sectores estratégicos, frente a la virtualmente inexistente presencia del Estado en Argentina. No sería una buena carta de presentación llegar a dichos países con el antecedente de denuncias de “abuso de posición dominante” en Argentina.