BUENA MONEDA

No tragarse la píldora

Por Alfredo Zaiat

Con la fuerza de los billetes que les da su extraordinario poder económico, los laboratorios de medicamentos nacionales y extranjeros hacen lobby sobre políticos y medios de comunicación de una forma que sólo es igualada por las compañías de servicios privatizadas. Las telefónicas ejercieron una fortísima presión para conseguir el rebalanceo de las tarifas y posteriormente una apertura a su medida del mercado de las telecomunicaciones. Lo mismo hicieron y hacen las otras privatizadas en las reiteradas renegociaciones del contrato de concesión o en la discusión por aumentos de tarifas. También Repsol tuvo que convencer al Gobierno de la conveniencia de que una empresa española comprara YPF para constituir un monopolio. Pero todavía ninguna ha superado la influencia que ejercen los laboratorios sobre legisladores y comité de campaña de los partidos políticos cuando el tema de las patentes está en juego.
Es increíble el interés que muestran los políticos para intervenir en el debate por patentes. Esa discusión es relevante únicamente para los protagonistas de un negocio que facturó 5840 millones de pesos el año pasado, siendo la acusada la industria farmacéutica local por copiar patentes y no pagar regalías. De ese modo, los laboratorios nacionales consiguieron una participación inusualmente elevada en la actividad. Sólo así se entiende que Roemmers, el líder con el 8 por ciento del mercado, haya rechazado una oferta de compra por 1500 millones de dólares.
Pero esa pelea entre laboratorios resulta intrascendente para los consumidores, quienes padecen el rigor del mercado en algo tan sensible como los precios de los medicamentos, que en los últimos siete años aumentaron en promedio el doble (142 por ciento) que el Indice de Precios al Consumidor. En esa cuestión los legisladores no se meten ni proponen regular un mercado que por su propia conformación es atípico.
El medicamento es tomado como una mercancía más, cuando en realidad no lo es. A partir de esa distorsión, la oferta (el laboratorio) confluye indirectamente a la demanda (el paciente) a través de un tercero (el médico). Así se estructura un negocio peculiar porque el consumidor no elige –y está bien que sea así– y quien elige es el profesional que no paga. Todo el sistema está basado en la prescripción de marcas por parte de los médicos, captados en su mayoría por los laboratorios con viajes, cursos y, en algunos casos, con retornos. Las muestras gratis representan del 10 al 15 por ciento de la producción de la industria, que de ese modo les permite tener aceitada la cadena de la demanda.
El médico no le receta a su paciente una droga, sino una marca de esa droga. Proponer que el sistema funcione solamente con genéricos es infantil, pero no lo es que se puedan prescribir ciertas drogas básicas para que en las farmacias las preparen como recetas magistrales. Un caso esclarecedor es el de la penicilina: esa droga con marca, en una cajita de 16 comprimidos, tiene un precio de 40 pesos. Si se recetara penicilina genérica valdría 8 pesos. Existen antibióticos más complejos donde se justificaría una pelea de marcas y de precios. Pero la situación en Argentina es notable: la participación de genéricos en el mercado es nula, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos alcanza al 20 por ciento.
El problema en este mercado no son las patentes, sino la transparencia y las condiciones de competencia. Aunque en las declaraciones se cruzan terribles acusaciones, los laboratorios nacionales y extranjeros están asociados en la distribución. Compraron varias droguerías hasta conformar el intermediario más grande del país, Farmastar, que reúne el 60 por ciento de la distribución. Así, los laboratorios se adueñaron de los canales de distribución para seguir controlando en el futuro este oscuro circuito de los medicamentos.