BUENA MONEDA

Pobres contra pobres

Por Alfredo Zaiat

La caravana de no menos de diez cuadras de ómnibus de dos pisos de transporte de larga distancia ocupando dos carriles de avenida Libertador era impresionante. Ese convoy iba rumbo al Congreso con un lento andar ejerciendo una presión que ni cientos de manifestaciones tradicionales han podido expresar con semejante poder de disuasión. En el frente de cada unidad estaba pegado un cartel de protesta que, más allá de la discusión sobre lo justo o injusto del impuesto para financiar un aumento del sueldo docente, resumía con claridad la dinámica que asumió este conflicto: “Gravar trabajadores y sus herramientas para mejorar salarios de otros trabajadores resulta irracional”, reprochaba la pancarta. Unos (camioneros) y otros (maestros), con discutibles pero sólidos argumentos para justificar sus reclamos, han protagonizado la absurda guerra de pobres contra pobres. Pelea que ha tenido como observadores privilegiados a aquellos sectores beneficiados por el modelo económico. Uno de ellos, los concesionarios de rutas por peaje, suspiraron aliviados cuando los dueños de camiones y ómnibus levantaron el lock-out. Después de tres días de recaudación en descenso, las 2,2 millones de unidades que cada mes pasan por sus casillas volverán a depositar en total en esas barreras un promedio de poco más de 1 millón por día.
Resulta a todas luces desproporcionado la energía puesta por los transportistas para oponerse al impuesto docente. Si bien es cierto que la recesión económica les impide trasladar a precio ese mayor costo, la importancia de ese gravamen en su estructura es menor frente a otras cargas, como por ejemplo el peaje. Para recorrer ida y vuelta el corredor Olavarría-Capital, unos 700 kilómetros, un camión con 27,5 toneladas de cemento, cal en bolsa y piedra partida a granel tiene que pasar por cuatro casillas, abonando en total $ 46 de peajes. El flete tiene un costo de $ 12 por tonelada más IVA. El saldo: una incidencia del peaje en el costo del transporte del 13,94 por ciento. Todavía es más escandalosa la relación del gasto en peaje ($ 46) sobre el costo del combustible ($ 65) para hacer ese recorrido.
Ante semejante carga, no deja de sorprender que durante ocho años los transportistas no hayan realizado una manifestación de la envergadura de estos días para presionar al Gobierno y a legisladores para oponerse al negocio del peaje. Cuando se discutía en el Gabinete Nacional el tributo a los docentes, la entonces ministra de Educación, Susana Decibe, presentó un informe, en base a un estudio preparado por la Secretaría de Transporte, donde demostraba que la incidencia de ese impuesto era muy baja sobre la economía de las compañías alcanzadas. En uno de los tantos casos expuestos en ese documento, se estima que el impacto sobre el precio del boleto de colectivo es de apenas $ 0,008. No parece lógico, entonces, que se haya estado a punto de un desabastecimiento por una carga tan baja cuando los transportistas nunca se han expresado con tanta contundencia contra el peaje.
De la misma manera, los docentes deberían ver más allá del cobro de un impuesto-parche obtenido también por una inédita presión. Si los maestros buscaron mejorar sus salarios metiendo mano en el régimen tributario deberían hacer docencia mostrando su inequidad y la impresionante evasión que hubo en la última presentación en los impuestos que gravan a los sectores de mayor poder adquisitivo, como Bienes Personales y Ganancias. De esa caja, que no se llena por ineficiencia de la DGI y por falta de voluntad política del Gobierno, el gremio docente podría exigir la mejora del salario de los maestros. Y así evitar una guerra entre castigados del modelo.