Canal de aguas turbias

Por Alfredo Zaiat

La niña está al frente de la clase respondiendo segura a las preguntas que le hace una voz en off. Todos los interrogantes, en forma didáctica, son referidos a la corrupción. Cuando le preguntan qué hacer con los corruptos afirma, enfática, que tienen que estar “en la cárcel”. Finalmente, el spot publicitario de la Alianza convoca a votar para que no haya un presidente corrupto. Aunque la mayoría de los economistas prefiere entretenerse con las cuentas fiscales, la política monetaria o la mayor o menor vulnerabilidad externa, la corrupción también es una cuestión que debería ser abordada desde la economía, como parte constitutiva del actual modelo. Y no sólo desde la moral. Lo que el comercial de la alumna aplicada no responde es si la Alianza, en caso de ser gobierno, enfrentará ese problema con todas sus implicancias, incluso desde su impacto en la economía, o se quedará satisfecha con un par de casos emblemáticos (María Julia, Víctor Alderete) para tranquilizar conciencias. Esto último es lo mismo que hace Roque Fernández con el Canal Federal. Se opone y así duerme en paz. Como cuando era presidente del Banco Central y se indignaba ante sus más estrechos colaboradores por el nivel de corrupción que había en el menemismo. Mientras tanto, al igual que Domingo Cavallo en su momento, continúa siendo funcionario del Gobierno.
Resulta evidente que Roque no es el ministro de Economía que necesita Carlos Menem en sus últimas semanas en el poder. Pero, a la vez, le resulta imprescindible para que el final de sus diez años no sean traumáticos y remitan al epílogo del gobierno de Raúl Alfonsín. Como está estructurado todo el andamiaje técnico-jurídico del Canal Federal, proyecto tan anhelado por el Presidente, quien firme las avales incondicionales tal como reclaman las empresas tendrá que ir derecho a explicar a Tribunales semejante disparate. Y Roque sabe que después del 10 de diciembre no tiene ninguna cobertura política que lo proteja, puesto que él quiere volver a su mundo académico del CEMA. Y, además, se ha ganado tantos enemigos en el ala política que no tiene esperanzas de que alguien mueva un dedo a su favor.
El despropósito de la operación Canal Federal surge de que el contrato firmado por María Julia y las empresas tiene condiciones diferentes al fijado en el decreto convocando a la licitación de la obra. En esa norma se dispone que los avales se entregarán a medida de la ejecución de los trabajos. En cambio, el consorcio adjudicatario (Techint, Roggio y la brasileña Andrade Gutiérrez), con la venia de un sector del Gobierno, pretende que esas garantías oficiales sean entregadas antes de la iniciación de las obras. Es el típico comportamiento “ganancias para las empresas-riesgo para el Estado”. Y no es sólo una cuestión de riesgo. También está en juego una utilidad financiera nada despreciable. Con avales incondicionales, el grupo encargado de construir el Canal Federal conseguiría dinero más barato de los bancos. Con el esquema de avales dispuesto por el decreto, los privados tendrían que obtener los fondos con sus patrimonios de garantía y, por lo tanto, a un costo financiero más elevado.
Aunque a esta altura es poco lo que sorprende del menemismo, causa perplejidad el desparpajo de ciertos funcionarios para defender lo indefendible con el solo objetivo de beneficiar a las empresas del Canal Federal perjudicando las finanzas públicas. Sólo se entiende semejante entusiasmo para hacer esa obra de 190 millones de dólares sin importar nada si las tierras que se beneficiarán con el agua que traerá el Canal pasan de valer centavos a miles de dólares. ¿Menem, Yoma, Yabrán son los dueños de esas tierras desérticas que se convertirán en fértiles con el Canal Federal? Así es fácil hacer negocios.